Medio Ambiente

El complejo urbanístico que podría afectar la Reserva Río Blanco

¿Se puede construir en un área cuyo uso del suelo es rural y no de expansión urbana?

Río Blanco

Este 5 de julio, en Manizales, algunos ciudadanos salieron a marchar en contra de Tierra Viva.

Foto:

Cortesía: Carlos Mario Marín

06 de julio 2018 , 10:46 p.m.

En el área aledaña a uno de los más importantes lugares para el avistamiento de aves en el mundo, ubicada en Manizales, Caldas, se está adelantando la construcción de un complejo urbanístico de interés social que podría poner en riesgo 4.932 hectáreas de bosque de niebla. Se trata del proyecto Ciudadela Tierra Viva, desarrollado por la firma CFC y Vélez Uribe Ingeniería S. A., pensada para 2.300 familias, lo que se traduce en casi 9.000 personas.

La Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y Quebrada Olivare lleva varios años enredada en una discusión jurídica entre ambientalistas y urbanistas. Los primeros, dispuestos a defender la biodiversidad que cobija y los servicios ecosistémicos que presta a la ciudadanía; y los segundos, argumentando que sus diseños son respetuosos con el ambiente y con altos estándares que no ponen en riesgo a las plantas y animales que allí habitan.

Tierra Viva, según el video promocional, está pensada como una “construcción sostenible para vivir en armonía y respeto con el ambiente. Una biociudadela. El primer proyecto inmobiliario de Colombia que compensará la huella de carbono que generará”.

Sin embargo, el pasado 26 de junio, el Tribunal Administrativo de Caldas dejó en firme que en el área donde se está construyendo, en la hacienda La Aurora, zona aledaña a la reserva Río Blanco, el suelo tiene un uso rural y no de expansión urbana, tal como era antes de que en el 2003 se modificara el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.

“Recuerda la Corte que un supuesto crecimiento económico vinculado a daños ambientales o culturales irreversibles, a la extinción de los recursos y la biodiversidad, o a la afectación de ecosistemas estratégicos, no responde al interés general”, dice el documento en un apartado, firmado por el magistrado Augusto Ramón Chávez.

Dado que a CFC ya le fue aprobado el plan parcial (en 2015) y la licencia de construcción (en 2017), según el vocero de la empresa, Carlos García, “esta decisión no representa absolutamente ningún cambio para el proyecto. Más bien, lo que quiere decir el tribunal es que de ahora en adelante no se permitirán más obras ahí. Nosotros somos los últimos”.

Muy distinto piensa el concejal Darío Arenas, quien le aseguró a este medio que el próximo paso por seguir, además de continuar con la movilización ciudadana, es demandar ante un juez de la República la nulidad de esas licencias. “El POT ahora nos da un piso jurídico firme para continuar y defender esta zona bajo el principio de precaución donde priman los derechos colectivos sobre los de una empresa privada, y teniendo en cuenta que en materia del uso del suelo no hay derechos adquiridos”, comenta.

EL TIEMPO consultó al abogado Rodrigo Negrete, experto en temas ambientales, sobre las implicaciones que tendría la decisión del tribunal y el hecho de que la empresa continúe con el complejo urbanístico.

“Aunque legalmente solo los parques nacionales naturales deben contar con una zona amortiguadora debidamente determinada, que debe atenuar las presiones, con el decreto 2372 de 2010 se estableció que todas las figuras que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), entre ellas las áreas de reserva forestal protectoras como Río Blanco, deben contar con zonas a su alrededor que cumplan una función amortiguadora, donde solo pueden adelantarse actividades que no interrumpan la funcionalidad y conectividad ecológica y aporten en términos de conservación. Una obra urbanística no es una de ellas, por más que pretendan sembrar miles de árboles”, asevera.

En cuanto a la decisión del tribunal, para el abogado, quien no está involucrado en el proceso que hoy sigue generando discusión entre los manizalitas, la empresa “no puede pretender tener un derecho adquirido soportado en una ilegalidad, dado que se le otorgaron los permisos con un supuesto de que La Aurora era un área de expansión urbana, pero, según el fallo, ya no lo es”. A lo anterior, agrega, hay que sumar el hecho de que en materia ambiental y urbanística no existen derechos adquiridos, por cuanto están de por medio derechos colectivos como el ambiente sano y el espacio público natural.

Riqueza natural

En Río Blanco, de acuerdo con el plan de manejo realizado por Corpocaldas, existen 372 especies de aves, de las cuales 13 son endémicas, 15 migratorias y 13 están amenazadas; se tienen 41 especies de mamíferos registrados y más de 180 especies de mariposas diurnas; además de 40 especies de orquídeas nativas. Es el hábitat natural del anturio negro, la palma de cera, los cartuchos y bromelias, el sietecueros y el yarumo blanco.

Sin embargo, para García, el argumento de que las obras van a poner en riesgo la reserva Río Blanco no tiene ningún fundamento. Según explica, Tierra Viva estará en un área de 35 hectáreas, “en una zona que solía ser un potrero y ahora tendrá 15.000 árboles sembrados, que corresponden al 67 por ciento de todo el proyecto, para que las aves aumenten su territorio e incluso se conecten con el Ecoparque Los Yarumos”. El edificio más cercano a la reserva está a 103 metros de distancia.

“Tenemos el sueño de hacer viviendas de interés social al estilo de las clases altas. Estamos convencidos de que esto es un hit en materia de construcción sostenible por todos los detalles que hemos diseñado: un mirador de aves, un sendero paisajístico (parque lineal), manejo de residuos sólidos, parqueadero de bicicletas, neutralización de la huella de carbono, restricciones de altura para los edificios, entre otros”, cuenta García.

Sin embargo, los opositores del proyecto, como el profesor de la Universidad Nacional Gonzalo Duque, argumentan que aunque la firma tiene un estudio ambiental muy serio, simplemente eligieron el lugar equivocado. “Es absolutamente imposible que una jungla de concreto cumpla la función del bosque, con cerca de 10.000 habitantes viviendo ahí, generando emisiones de CO2”.

Incluso, en mayo de este año, otro ciudadano, Juan Gabriel Arango, director de Natural Seeds Alliance, solicitó medidas cautelares de urgencia por el deterioro ambiental en la zona que se viene denunciando desde hace seis años, cuando se interpuso una acción popular que aún no prospera.

“Esto es un llamado para que se detenga inmediatamente esa urbanización y se tomen medidas urgentes, pues ya han tumbado bosque, sepultado las quebradas que nacen allí y puesto en riesgo helechos arbóreos y plantas epífitas. Es una zona necesaria para el equilibrio ecológico ya que de ahí proviene el 35 por ciento del agua de la capital”, argumenta Arango.

Pero la firma, incluso, tiene un concepto técnico de Aguas de Manizales en el que se lee que “no existe posibilidad técnica de que el proyecto por desarrollar en el área del Plan Parcial La Aurora afecte la captación, disponibilidad y suministro de agua proveniente de la reserva forestal de Río Blanco”. El documento está firmado por el gerente de la empresa, Jorge Hernán Mesa Botero.

Por el momento, mientras la discusión jurídica sigue su rumbo, desde el aire ya se ve un parche café con edificios asomándose, en cercanías a una zona altamente biodiversa.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE@ElTiempoVerde

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