Medio Ambiente

Sacrificio de dos orcas en San Vicente podría parar caza de ballenas

El hecho, que se presentó en frente de turistas, fue denunciado y repudiado por redes sociales.

Orcas

Varios cazadores de ballenas de la localidad pesquera de San Vicente, Barrouallie, atacaron a dos orcas con arpones ante la mirada atónita de 40 turistas.

Foto:

EFE/Ulrich Brodde

10 de abril 2017 , 03:09 a.m.

El sacrificio esta semana de dos orcas a la vista de un grupo de turistas de excursión en San Vicente y las Grenadinas puede poner en peligro una industria turística en crecimiento en la isla y ayudar a romper con la larga tradición local de la caza de ballenas y otros cetáceos.

En declaraciones a un grupo de medios, el primer ministro, Ralph Gonsalves, admitió que el país debe reflexionar ante lo ocurrido y pensar si reduce la cuota anual de caza de ballenas o prohíbe la misma.

En este sentido, ha anunciado que su Gobierno podría introducir nueva legislación en este sentido. De acuerdo a la página web de la Comisión Ballenera Internacional, de la cual la isla es miembro voluntario, el permiso es de cuatro ballenas anuales pero solo se le permite a la población local y "por razones de subsistencia".

Los hechos acaecieron el pasado martes cuando varios cazadores de ballenas de la localidad pesquera de San Vicente, Barrouallie, atacaron a dos orcas, de un grupo de cuatro, con arpones ante la mirada atónita de 40 turistas que había llegado a la isla en un crucero de la compañía TUI, en el barco "TUI Discovery".

Testigos presenciales señalaron a los medios locales que la escena fue "especialmente cruda" y todo termino como una explosión, "fue todo muy sangriento".

Tras lo ocurrido la indignación se propagó entre los ciudadanos de la isla y tuvo eco internacional a través de las redes sociales en las que los usuarios instaron a boicotear el turismo a San Vicente y las Granadinas.

Fuentes de la compañía Cruceros Thomson, que gestionaban la excursión de avistamiento de ballenas y delfines y el crucero, indicó este sábado a medios locales que han suspendido las excursiones y que la parada de esta semana en la isla, era la última de la temporada. Además señalaron que está colaborando con las autoridades en la investigación de lo ocurrido.

Ante la ira desatada, Gonsalves admitió lo ocurrido e indicó que las pérdidas que pudiera ocasionar que ciertas compañías no volvieran a realizar los viajes a y dentro de la isla, podrían ser "millonarias".

"Cada vez que viene un crucero se cobra un impuesto por turista, por el amarre en el muelle, etc... y a ello hay que sumar el dinero que se gastan los visitantes en las excursiones en tierra y mar. Si algunos suspenden, por lo ocurrido, sus viajes, las pérdidas podrían ser millonarias", dijo Gonsalves.

Gonsalves agregó, esta semana, que va a estudiar si el cambio en la legislación sobre caza de ballenas puede ser adoptado por el Gobierno o si tiene que ser primero estudiado por el Parlamento, que analizaría la situación en su sesión del próximo 18 de mayo.

Tras esta postura del Ejecutivo de la isla, los defensores del medioambiente aplaudieron la decisión del Gobierno de estudiar la posibilidad de cambiar la ley y de sus esfuerzos "conservacionistas".

"Lo ocurrido está sencillamente mal. No por haber ocurrido ante la mirada de los turistas, sino porque no deben matar orcas", agregó el primer ministro.

En declaraciones a Efe, la directora del Fondo de Preservación de San Vicente y las Granadinas, Louise Mitchell, dijo hoy que ya hace un mes el Gobierno advirtió a los cazadores de ballenas en Barrouallie que no podrían sacrificar ciertos tipos de orcas y delfines.

Mitchell apoyó que se reduzca la cuota anual, pese a luchar durante años por que sea nula, de caza de estos cetáceos. No obstante, consideró que la intención de la Administración "es un gran paso en la dirección correcta" y reconoció que es un cambio "que no se produce de la noche a la mañana".

San Vicente y las Granadinas fue el primer territorio del Caribe oriental en prohibir la captura de tortugas marinas, algo que sucede desde el 1 de enero de este año. Si no se pone coto, la industria millonaria del turismo en la isla, en pleno crecimiento, podría verse frenada.

EFE 

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