Educación

Opinión / Un llamado de atención

Debe revisarse estructuralmente el modelo de financiamiento del programa Ser Pilo Paga.

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09 de marzo 2017 , 10:14 p.m.

A veces hay que recordar lo obvio: en un Estado social de derecho, la responsabilidad de la financiación de la educación pública es del Estado. La Constitución garantiza la libertad de enseñanza, y debe ser del Estado el compromiso de que exista una educación pública de calidad, al alcance de todos los ciudadanos y que sea un factor de equidad social.

En el caso de la educación superior pública, las universidades hacemos esfuerzos por generar recursos propios por medio de sus programas de extensión, sin distraer los cuerpos académicos de sus funciones esenciales. Además, recibimos dineros por matrículas, todas subsidiadas. Pero la existencia misma de las universidades públicas, para no decir su fortalecimiento y desarrollo, depende de los recursos públicos. Como debe ser.

El grave problema financiero que afronta la totalidad de las universidades públicas colombianas es por sus costos: la nómina profesoral (fijada con base en el escalafón de sus profesores y de su productividad académica), la infraestructura, la conectividad, las ayudas académicas, la acreditación y el mejoramiento de su calidad van por el ascensor, mientras los recursos estatales suben penosamente por las escaleras.

Es necesario llamar la atención sobre preocupantes riesgos que se perfilan en el horizonte. El principal de ellos se presenta paradójicamente en medio de una aguda crisis fiscal: un creciente flujo de recursos estatales va al financiamiento de las universidades privadas, sin que exista al menos un mecanismo de compensación para las universidades públicas.

Ello sucede mediante dos políticas públicas inspiradas en las mejores intenciones: la primera, el programa Ser Pilo Paga, que busca dar acceso a las mejores universidades a estudiantes destacados de los estratos 1, 2 y 3. El grueso de esos cuantiosos recursos va a las universidades privadas, preferidas por los estudiantes a pesar de que los indicadores revelan que las mejores universidades son las públicas. La proporción puede ser 85 % a 15 %, en una situación desigual donde las universidades privadas fijan sus propios costos de matrícula y a las públicas se les fija un costo fijo por estudiante.

En segundo lugar, los crecientes recursos públicos que se canalizan por medio del Icetex para préstamos estudiantiles que van a las universidades privadas. No se trata de desconocer la función social de la subsidiaridad como política para garantizar ingreso y permanencia de estudiantes con limitaciones en sus ingresos en la oferta privada de educación superior. Lo que ha venido ocurriendo es que por el recorte progresivo del presupuesto del Icetex, estos créditos educativos y el propio programa Ser Pilo Paga se están financiando con recursos del antiguo Cree, redefinidos por la reforma tributaria como un 0,6 de un punto del impuesto de renta. Así, centenares de miles de millones de pesos que antes iban a la educación pública se han resituado para estos propósitos.

De otro lado, debe revisarse estructuralmente el modelo de financiamiento del programa Ser Pilo Paga, pues un grupo de solo 40.000 estudiantes termina costando igual que centenares de miles de cupos en la educación superior pública. No se trata de que estemos en contra de becas de excelencia para los mejores estudiantes, o los más pobres, pues esta filosofía es altamente positiva. Nuestro cuestionamiento se centra más bien en el modelo de financiamiento y en el mayor impacto que la inversión pública tiene al destinarse el grueso de los recursos públicos a las universidades públicas.

Por otra parte, hemos insistido en que los recursos del llamado IVA social correspondientes al 0,4 de medio punto adicional del IVA, es decir, alrededor de $ 450.000 millones, deben ir a la base presupuestal de las universidades públicas para avanzar por vez primera en los últimos años en una solución estructural al problema del desfinanciamiento de los gastos de funcionamiento de nuestras universidades.

En fin, la desfinanciación de la universidad pública y el fortalecimiento de la universidad privada con recursos públicos merecen una gran reflexión nacional. Las universidades públicas en diálogo con el Gobierno Nacional reclamamos actualmente más y mejores fuentes de financiamiento estatal y reglas claras para que los recursos originalmente destinados a las universidades públicas no se desvíen de su propósito.

Si el país quiere tener una educación superior de calidad, con acceso y equidad, esto lo garantizan nuestras universidades, que son las mejores en el desempeño y empleabilidad de nuestros egresados.

ÉDGAR VARELA BARRIOS
Rector de Universidad del Valle

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