Educación

Colegios deberán recibir a estudiantes con discapacidad

Decreto del Ministerio de Educación crea garantías y plantea cronograma para formación igualitaria.

Estudiantes con discapacidad

El decreto busca cumplir una deuda histórica: tener un sistema formativo inclusivo.

Foto:

Guillermo González / Archivo EL TIEMPO

02 de septiembre 2017 , 11:30 p.m.

No hay cifras exactas de cuántas personas en Colombia tienen algún tipo de discapacidad. Según el último censo del Dane, aproximadamente son dos millones seiscientas mil; sin embargo, podrían ser muchas más. De estas, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Educación, entre 80.000 y 100.000 son niños, los cuales, en muchos casos, tienen problemas a la hora de acceder a la educación. Para ellos, la ministra de Educación, Yaneth Giha, presentó esta semana el decreto 1421, que busca cumplir con una deuda histórica: tener un sistema formativo inclusivo.

El objetivo que tiene este decreto es reglamentar la prestación del servicio educativo para la población con discapacidad. Por ejemplo, establece que todos los estudiantes con discapacidad deben poder acceder a la oferta institucional existente, cercana a su lugar de residencia, con estudiantes de su edad y recibir los apoyos y ajustes razonables pertinentes para que su proceso sea exitoso.

Según el Ministerio de Educación, este decreto es el compromiso que el sector educativo establece para eliminar gradualmente las barreras existentes para que ingresen a la educación y se promueva su desarrollo, aprendizaje y participación en condiciones de equidad con los demás estudiantes.

“Este decreto nos marca un camino de transformación en el sistema educativo para transitar hacia un modelo de inclusión, donde los estudiantes con discapacidad tengan las mismas garantías de educación que el resto de los estudiantes. El mismo derecho a soñar y cumplir sus sueños”, aseguró la ministra de Educación durante el evento.

Por su parte, Juan Pablo Salazar, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, manifestó: “Todos los derechos son transversales, pero sin educación no podemos tener oportunidad y acceso a los demás. Y lo que sucede hoy es que el Estado se compromete a pasar de un sistema de educación segregador a un sistema de educación inclusivo”.

Otro punto importante del decreto es que establece la obligatoriedad de una oferta bilingüe bicultural. Es decir, los colegios deberán tener la posibilidad de recibir estudiantes sordos y educarlos en la lengua de señas y en español como segunda lengua. Las instituciones educativas deberán contar con aulas paralelas y docentes bilingües que impartan la formación en lengua de señas, y otros apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos requeridos como intérpretes y modelos lingüísticos.

La disposición de intérpretes en el aula no nos está dando la garantía de la calidad de la educación

Este punto, que llega a la población estudiantil con discapacidad auditiva, es especialmente complejo puesto que este sector tiene un lenguaje y una cultura distinta.

La directora del Instituto Nacional para Sordos (Insor), Marcela Cubides, explicó que la población sorda, al tener otra lengua distinta al español, necesita una formación en esta. “Esto es un avance muy importante porque la disposición de intérpretes en el aula no nos está dando la garantía de la calidad de la educación. Vamos a tener docentes bilingües, es decir, docentes enseñando en lengua de señas, lo cual nos va a garantizar mejores estándares de educación para las personas sordas”.

Otro de los puntos del decreto es el que permitirá un modelo educativo flexible, dependiendo de las características de los estudiantes y de sus condiciones de salud, así como de su ubicación geográfica. De modo que se podrá acceder con educación bien sea al domicilio del niño o del joven o al hospital. Este proceso se llevará a cabo de la mano con el sector de la salud.

La ministra apuntó: “El principal desafío que tenemos, entre todos, es que el sistema educativo se adapte al estudiante con discapacidad y no el estudiante al sistema”. Y agregó: “Sabemos que los cambios importantes no ocurren de la noche a la mañana, pero este decreto –que traza un plan a 5 años– nos permitirá empezar a identificar y eliminar barreras”.

Para el total cumplimiento del decreto se estableció un cronograma para que las entidades territoriales y las instituciones educativas se adapten y entreguen resultados. En el 2018 se construirá una propuesta de organización territorial que parta del diagnóstico de cada entidad, de la matrícula, la oferta de servicios y las características de las instituciones educativas para desarrollar el proceso de inclusión.

Para ese mismo año, los establecimientos educativos deberán iniciar o complementar la valoración pedagógica de los estudiantes con discapacidad.

Para el 2020, ya se deberá revisar, analizar y hacer un balance de la estrategia de atención que se planteó en el primer año en términos de oferta y demanda y de la distribución de los recursos.

Por último, para el 2022, el Ministerio, con base en el balance territorial, definirá de manera concreta los temas de recursos y de temporalidad de la planta de docentes de apoyo.

REDACCIÓN VIDA

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