Proceso de Paz

¿Por qué hasta uribistas quieren ir a la JEP? / Análisis

Ya hay una lista de 25 exfuncionarios con acta firmada para someterse a este sistema judicial.

Civiles en justicia para paz

Ya hay una lista de 25 personas, distintas a miembros de la Fuerza Pública y de la Farc, que tienen actas firmadas para presentarse a la JEP.

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Martín García / Archivo EL TIEMPO

07 de mayo 2018 , 08:29 a.m.

Paradójicamente, la institución más atacada del acuerdo con las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha resultado ser una buena opción para personas que provienen de sectores que la han cuestionado, o que simplemente quieren los beneficios que otorga esta justicia.

Ya hay una lista de 25 personas, distintas a miembros de la Fuerza Pública y de la Farc, que tienen actas firmadas para presentarse a la JEP. Y basta mirarla para comprobar que cuando se trata de obtener beneficios a algunos no les importa someterse a una justicia que sus aliados o exaliados políticos han descalificado con el argumento de que es una puerta a la “impunidad”.

Por orden de notoriedad, la lista de 25 personas con acta firmada hoy día en la JEP está encabezada por cuatro exfuncionarios del expresidente Álvaro Uribe: los exministros Diego Palacio, Sabas Pretelt de la Vega, el exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez y el exembajador en Chile Salvador Arana.

Los casos de los dos exministros y del exsecretario de la Presidencia seguramente provocarán un interesante debate entre los magistrados de la JEP, pues la condición para optar por este sistema de justicia transicional es haber sido acusado de delitos relacionados con el conflicto armado.

Y los tres fueron condenados por la ‘Yidispolítica’, como se conoce el ofrecimiento de notarías y cargos públicos a congresistas a cambio de votar a favor del proyecto que permitió la reelección presidencial inmediata de Uribe en el 2006.

El exministro Palacio firmó el acta para someterse a la JEP el 30 de marzo del 2017 con el argumento de que el trámite del proyecto para la reelección del Uribe tenía relación directa con el conflicto armado porque el segundo mandato del expresidente cambió el curso de la guerra con las Farc.

Tanto él como Pretelt de la Vega y Alberto Velásquez recuperaron su libertad este año, pero están interesados en comparecer ante la JEP para obtener la “renuncia a la persecución penal”, beneficio jurídico previsto en el Acuerdo Final de Paz y que es similar a una amnistía.

El efecto es que se cae la sentencia condenatoria y el procesado queda sin antecedentes penales”, explica el abogado de Diego Palacio, Norberto Hernández Jiménez.

El exministro Pretelt de la Vega ha dicho que, además, está interesado en acudir a la JEP para contar la verdad que ha expuesto ante la justicia ordinaria y limpiar su hoja de vida.

En la lista de los que tienen acta firmada en la JEP también están un excongresista, tres exgobernadores, tres exalcaldes, tres funcionarios del DAS –entre ellos el exsubdirector Emiro Rojas Granados, acusado por las chuzadas–, ocho concejales y dos personeros.

Además quisieron entrar a la JEP, pero fueron rechazados, otros 20 exfuncionarios, entre los que también hay exalcaldes, exintegrantes del DAS y exempleados de la Aerocivil y Migración.

Hay casos exóticos como el del exconcejal de Bogotá Vladimir Melo Carrillo, acusado por el asesinato de su esposa, y el de Óscar Javier Gómez Moreno, integrante de una banda que desde Migración Colombia facilitaba el ingreso y la salida del país de personas buscadas por la justicia. Desde luego, ellos están entre los rechazados.

Como afirma el profesor de Ciencia Política en la Universidad de los Andes y exasesor del proceso de paz de La Habana Iván Orozco, criticar a la JEP da réditos políticos, pero acudir a ella da réditos jurídicos incluso a quienes provienen de los sectores que la critican.

“Se grita que la JEP es un espanto, porque esto ayuda en la campaña presidencial, pero gente muy cercana al uribismo y a otros sectores políticos aprovecha las ventajas que ofrece, comparativamente con cualquier otro modelo de justicia”, señala Orozco.

Y la abogada Juanita Goebertus, quien también fue asesora en el proceso de paz con las Farc y quien en marzo fue elegida como representante a la Cámara del próximo Congreso, señala: “A la JEP la critican, dicen que fracasó, pero todos se postulan”.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
margir@eltiempo.com
En Twitter: @MarisolGmezG

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