Proceso de Paz

Organización de víctimas llevará casos a la CPI que no entrarán en JEP

Entregarán pruebas a la Fiscal este jueves, en La Haya. Temen impunidad en relación con terceros.

Víctimas del conflicto armado

Uno de los desafíos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad será sintonizar los lenguajes institucionales con los de las víctimas.

Foto:

Daniel Bustamante / Archivo EL TIEMPO

28 de noviembre 2017 , 07:05 p.m.

Al menos 141 organizaciones de víctimas y de derechos humanos y 44 personas crearán un "equipo de litigio internacional" para llevar los casos ante la Corte Penal Internacional (CPI) que no entrarán a la Jurisdicción Especial para la Paz, según el articulado que fue aprobado esta semana en el Congreso. 

Así lo afirmaron en una carta dirigida a Fatou Bensouda, Fiscal de la CPI; a Sebastiano Cardi, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, y a Pablo de Greiff, relator de la ONU para la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición para las víctimas.

"Hemos decidido conformar un equipo de “Litigio Internacional” para presentarle a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional comunicaciones sobre los casos de responsables de crímenes que recaen bajo su competencia y solicitar en consecuencia, que se abran de manera formal las investigaciones y juzgamientos correspondientes sobre los cuales pesa el riesgo de impunidad, especialmente de aquellos considerados máximos responsables", dicen en la carta.

Esos casos tendrían que ver principalmente con la responsabilidad de terceros y de funcionarios, cuyos procesos quedaron en manos de la justicia ordinaria, y solo entrarán a la JEP por voluntad de los sindicados, de acuerdo a lo que avaló la Corte Constitucional.  

Además, dicen que en la reforma constitucional aprobada por el Congreso que crea este sistema de justicia transicional se "incorporó una definición de responsabilidad de mando que incumplía el derecho consuetudinario y el derecho penal internacional, al establecer requisitos concurrentes para el establecimiento de responsabilidades que impiden el juzgamiento efectivo de la cadena de mando".

Entre las organizaciones que suscriben la carta están la Asociación Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas.

También firman la carta organizaciones en el exterior como el Colegio de Abogados Penal Internacional, la Asociación de Víctimas del Conflicto Colombiano en Canadá, 
la 'Association Internationale pour la Paix en Colombie et dans le Monde', y distintas asociaciones de colombianos refugiados en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, entre otras. ​

Las peticiones 

Piden a la fiscal de la CPI Bensouda que "en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma continúe con su investigación preliminar y que, de estimarlo pertinente y conforme al artículo 17 del mismo Estatuto, solicite la admisibilidad de los casos objeto de su investigación preliminar".

Congresistas colombianos, como Iván Cepeda y Alirio Uribe, del Polo, y Ángela María Robledo, de la Alianza Verde, también firmaron la carta. Asimismo, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1.980, y Camilo González Posso, presidente de Indepaz, entre otros.

Una delegación de estas organizaciones planea realizar una visita a la CPI, en La Haya (Países Bajos), este jueves 30 de noviembre de 2017, "para entregar una comunicación sobre crímenes de competencia de la CPI en contra de defensores de derechos humanos", que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

"A la Fiscal de la CPI, se entregará parte del acervo probatorio que las organizaciones hemos documentado contra los responsables de violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los máximos responsables que, según lo que hemos señalado, no serán llamados a comparecer ante la justicia", destacan.

En el pasado, distintas organizaciones entregaron a la Fiscalía de la CPI reportes sobre sobre crímenes de violencia sexual y comisión de ejecuciones extrajudiciales, denominados como "falsos positivos" en el periodo 2002-2010, es decir, bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Igualmente se han presentado comunicaciones sobre asesinatos de sindicalistas, desplazamiento forzado, crímenes cometidos por el paramilitarismo y, en marzo de este año, sobre la responsabilidad de ejecutivos de la bananera Chiquita Brands en crímenes cometidos por el paramilitarismo en la región antioqueña de Urabá.

REDACCIÓN PAZ

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