Proceso de Paz

Las cinco barreras para llevar el posconflicto a las regiones del país

Ley de garantías y persistencia de la ilegalidad, entre dificultades pare el aterrizaje de la paz.

Foro en San Pablo de Borbur

El desarrollo rural en el posconflicto ha sido objeto de foros, como este en San Pablo de Borbur, Boyacá.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

08 de diciembre 2017 , 11:24 p.m.

Los bultos de cemento para construir la bocatoma de Sarabando Alto, vereda de Belén de los Andaquíes, Caquetá, tienen que ser llevados por una trocha, en un recorrido de cerca de hora y media, desde el casco urbano de la población hasta el punto conocido como Aletones. A partir de allí, el transporte ya no es en carro, sino a lomo de mula, en medio de despeñaderos y quebradas, durante más de dos horas.

Esa es la realidad con la que se está enfrentando el Gobierno para poner en marcha los programas del posconflicto. Entre las apuestas del Ejecutivo para llevar el desarrollo a las regiones están la adecuación de la red vial en las zonas más afectadas por la guerra, el mejoramiento de la infraestructura comunitaria (hospitales, escuelas y parques) y el desarrollo de proyectos productivos.

Pero llevar esto a la realidad ha resultado una odisea. La ley de garantías, el mal clima, el intrincado acceso a los territorios, la persistencia de cultivos ilícitos y la rigidez en los esquemas de contratación han hecho de esta labor una tarea titánica.

El primer obstáculo lo ha impuesto la ley de garantías, que entró a regir el 11 de noviembre para alcaldías y gobernaciones.

Esta norma, que se activa cuatro meses antes de las elecciones legislativas, impide la contratación directa y la celebración de contratos entre entidades del Estado.

La directora de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Mariana Escobar, reconoció que esta es una “dificultad”, porque el modelo para contratar las obras que se necesitan debe modificarse (ver entrevista). Por eso, el Gobierno presentó un proyecto de ley para exceptuar a tres entidades del Estado de la obligación de esta ley de garantías, con el fin de avanzar en el posconflicto, pero ni siquiera superó el primer debate.

Un segundo inconveniente son las condiciones de infraestructura de los lugares a los que irán estas obras. “Es la primera vez que el Estado llega realmente con inversión y a escuchar a la comunidad, pero el atraso es tal que primero hay que construir los caminos para que entren los materiales”, dijo Elías Alvarado, líder comunal de La Macarena, en Meta.

Es la primera vez que el Estado llega realmente con inversión y a escuchar a la comunidad, pero el atraso es tal que primero hay que construir los caminos para que entren los materiales

Las condiciones geográficas son tan complejas que en ocasiones ni siquiera a lomo de mula se puede llegar, como es el caso de Vidrí, en Vigía del Fuerte, donde para llegar hay que partir desde Quibdó, Chocó, por el río Atrato, en un viaje que dura al menos siete horas.

A esto se suma que el ingreso a los terrenos se ha dificultado porque, en algunos casos, las lluvias han empantanado las trochas por las cuales circulan los materiales. Además, producto de las inclemencias del clima, las veredas quedan incomunicadas.

“Hace dos semanas cayó un rayo que afectó la emisora Radio Andaquí, que es el principal medio con el que nos comunicamos con las veredas de Belén de los Andaquíes. Eso nos retrasó el proceso de reuniones con las comunidades. Nos ha tocado recurrir a las carteleras para poder convocar”, relató Reinaldo Sánchez, funcionario de la ART en Caquetá.

Uno de los hechos que reconocen los pobladores es que esta vez, como pocas, es la misma comunidad, con la ART, la que prioriza las obras. “Antes nos imponían el programa y muchas veces los actores armados no dejaban ni que llegara, ahora nosotros mismos somos los que los construimos”, afirmó Yolanda Castro, líder de la vereda Aletones, de Belén de los Andaquíes.

La ecuación es simple: la comunidad elige la obra que necesita, el Gobierno central entrega los recursos al alcalde del municipio y este asigna el contrato para que sea ejecutado mayormente por los pobladores.

Pero a pesar de que la idea suena bien, han sido los alcaldes quienes han suspendiendo algunos procesos de contratación por temor a investigaciones de los entes de control.

“Nos piden que contratemos con las juntas de acción comunal la ejecución de las obras, pero no siempre la comunidad tiene la experiencia para desarrollar contratos de este tipo y nosotros somos los que nos exponemos a que nos caigan los órganos de control”, manifestó el alcalde de uno de los municipios de Antioquia en los que se están desarrollando estos programas.

Mariana Escobar, directora de la ART, explicó que lo que se entrega a las juntas de acción comunal son los trabajos de mantenimiento rutinario (limpieza y mantenimiento de vías), mientras que las obras de alta complejidad deben ser objeto de licitación y entregarse a un operador capacitado. “Quienes durante décadas han abierto caminos veredales son las comunidades. ¿Cómo no van a tener experiencia?”, plantea la funcionaria.

La informalidad en las regiones es otra preocupación, pues los estándares de contratación obligan a que los contratistas deban contar por lo menos con NIT, documento poco conocido en estos lugares.

Como si todo esto fuera poco, los trámites administrativos que hay que superar para poder invertir se han convertido en otra talanquera. “En algunos casos había que pedir licencias ambientales a las CAR, que es un trámite complejo, y en otros casos nos encontramos con predios que no eran del Estado, sino de privados, por lo cual no se podía hacer inversión”, reconoció Escobar.

En otras zonas, la persistencia de bandas criminales, de cultivos ilícitos y de minas antipersonal no han permitido que el Estado pueda llegar con inversión.

El reto de consolidar el posconflicto en los territorios no es de poca monta. Significa nada menos que garantizar el éxito de todo lo pactado con las Farc en La Habana, pues, como lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos, “la paz se construye en las regiones”.

‘Las comunidades necesitan soluciones ya’

La implementación en terreno del acuerdo de paz atraviesa por unos días cruciales. Eso lo tiene claro Mariana Escobar, directora de la Agencia para la Renovación del Territorio, entidad encargada de desarrollar las obras del posconflicto, quien alertó sobre los obstáculos que han surgido durante el desarrollo de lo pactado en La Habana.

¿Qué balance se puede hacer de la implementación en terreno del acuerdo de paz?

Las comunidades y los gobernantes locales necesitan las soluciones ya. La gente no aguanta más. Eso entra en una tensión tremenda con el ritmo de la implementación. Pero hay un porcentaje muy importante de ejecución y las comunidades lo ven de forma positiva. El gran reto que tenemos es ir tendiendo puentes para construir confianza. Eso solo se puede hacer con acciones concretas. Paralelo a ello estamos construyendo los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que significan la llegada de la reforma rural a los territorios más golpeados por el conflicto.

¿La entrada en vigencia de la ley de garantías ha afectado la puesta en marcha de los programas?


Es una dificultad. Si no se pueden hacer convenios interadministrativos ni contratación directa –que es lo que prohíbe la ley de garantías– hay que hacerlo de otra manera. Tocaría recurrir a la licitación y los alcaldes tendrían que contratar a un operador que haga la obra, pero eso sería quitarles el brazo comunitario a los programas. Eso desacelera el ritmo de las inversiones profundamente y nos rompe el principio de la paz territorial.

Eso desacelera el ritmo de las inversiones profundamente y nos rompe el principio de la paz territorial

Algunos alcaldes temen tener problemas porque les exigen contratar las obras con las juntas de acción comunal, pero estas no tienen la experiencia para ejecutarlas…

Uno no está dejando a las juntas al garete, eso tiene unos sistemas de supervisión, unas interventorías y unas veedurías comunitarias. Los trabajos que tienen que hacer las juntas no son de alta complejidad y siempre van a tener una persona que dirija la obra. O si no, vamos a entrar en un círculo vicioso: las comunidades no tienen la capacidad, pero tampoco les damos la oportunidad.

¿De dónde sale el dinero para financiar los programas?

El 60 por ciento son recursos del Presupuesto General, el 35 por ciento son recursos de los municipios y cinco por ciento de cooperación internacional.

JAVIER FORERO ORTIZ
Redacción Política
gerfor@eltiempo.com

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