Proceso de Paz

Así fue el encuentro del fiscal Martínez con los jefes de las Farc

Se reunieron el pasado sábado. Discutieron ajustes a creación de Unidad de Crimen Organizado.

Néstor Humberto Martínez se reunió con Farc

Martínez ha sido una de las voces más activas sobre aspectos clave y, en algunos casos controversiales, del proceso de paz.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

30 de mayo 2017 , 07:34 a.m.

El sábado pasado, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, mantuvo la primera reunión con el secretariado de las Farc para hablar, principalmente, sobre el papel que jugará el ente acusador en el engranaje de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y, en especial, sobre la creación de la Unidad de Crimen organizado que se da en el acuerdo final.

De esta reunión, en la que también estuvo el abogado español de las Farc, Enrique Santiago, salieron los ajustes finales para expedir el decreto de la creación de la Unidad.

La reunión no deja de ser trascendental, debido a que Martínez ha sido una de las voces más activas sobre aspectos clave y, en algunos casos controversiales, del proceso de paz.

El alto funcionario ha hecho llamados públicos a esa guerrilla para recordarles que debían entregar un inventario completo no solo de los bienes, sino de los recursos derivados de las actividades ilícitas, y advirtió que las investigaciones y las medidas de extinción de dominio no deberían ser cobijadas en el marco de la amnistía.

Sobre la reunión, fuentes cercanas a la Fiscalía aseguraron que el secretariado de las Farc propuso que la Unidad fuera autónoma respecto al Fiscal General, con un director que nombrara a los fiscales de dicha dependencia y que la cabeza de ese ente acusador no tuviera injerencia en las decisiones que tomara.

De igual manera, que dicha Unidad no solo hiciera investigaciones de lo ocurrido a partir de la vigencia del acuerdo, sino que también se metiera a indagar casos del pasado, como el accionar paramilitar, las actuaciones de agentes del Estado y los que financiaron el conflicto armado.

Tras conocer las propuestas de la guerrilla, el Fiscal General les respondió que la Unidad no podía ser “una rueda suelta” en la Fiscalía, según afirmaron las mismas fuentes.

De hecho, les dijo que era inconstitucional porque, según la Carta Magna, el Fiscal General debía ser el principio de “unidad funcional y jerárquica”.

El Fiscal les dijo a los jefes de las Farc que dicha autonomía podría ir en contra de la protección de los líderes sociales y reinsertados, debido a que el resto de la institución no tendría la competencia para indagar dichos casos, por lo que los resultados de la Unidad no serían positivos.

Tras la debate de estas tesis, al final se expidió el decreto 898 del 2017 que da vida a la Unidad en el que se dice explícitamente que el Fiscal General nombrará a los funcionarios de dicha dependencia y solo la cabeza del ente acusador podrá reasignar los casos y disponer que en los asuntos de la Unidad se lleven a cabo comités técnico legales con carácter vinculante.

No obstante, las Farc dijeron en la reunión que buscarán por otros medios que dicha Unidad sea autónoma. De hecho, afirmaron que le solicitaron al Gobierno Nacional una reforma constitucional en ese sentido, según las fuentes cercanas a la Fiscalía.

Así mismo, en el decreto no se expresó que la competencia de la Unidad se extendería a la investigación de los crímenes del pasado, que en la actualidad están asignados a otras direcciones de la Fiscalía.

La reunión terminó con los ajustes a este decreto, el cual es uno de la decena de normas que expidió en los últimos días el presidente Juan Manuel Santos antes de que este lunes se le acabaran las facultades especiales que le otorgó el Congreso para emitir decretos con fuerza de ley para la paz.

Dos decretos claves para el acuerdo

Creación de Fondo Nacional de Tierras

Esta normativa crea el Fondo Nacional de Tierras, al que podrán acceder los campesinos y las asociaciones de productores rurales que no tengan o les falte este recurso.

Este decreto y una ley que será radicada la próxima semana en el Congreso permitirán distribuir 3 millones de hectáreas para 800.000 familias que no han tenido acceso a la tierra, y se formalizará la propiedad de 7 millones de hectáreas.

De todos modos se respetará la propiedad privada.

Programas de desarrollo rural

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) permitirán impulsar la presencia del Estado, especialmente en las regiones de mayor pobreza e históricamente más afectadas por el conflicto.

El Decreto Ley 893, que reglamenta estos programas, prevé que se desarrollarán 16 PDET en 170 municipios.

Se formularán planes de acción concretos independientes para cada comunidad por una sola vez y tendrán una vigencia de diez años.

Serán coordinados por la Agencia de Renovación del Territorio.

EL TIEMPO

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