Proceso de Paz

El camino de espinas para implementar la paz

Campaña electoral y Ley de Garantías, en medio del trámite de proyectos de acuerdo con las Farc.

Juan Manuel Santos y Timochenko

Imagen del presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, en la firma del acuerdo en el teatro Colón.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

07 de octubre 2017 , 11:05 p.m.

La turbulencia política propia de la campaña electoral terminó atravesándose en el trámite, en el Congreso, de las normas necesarias para hacer realidad el acuerdo de paz con las Farc.

Los fuertes vientos han retrasado el trámite del proyecto de ley que reglamenta la justicia a la que tendrán que presentarse los actores del conflicto y tienen en vilo iniciativas como la ley de tierras y la misma reforma política.

Todos estos proyectos traducen en leyes y reformas de la Constitución los puntos que el Gobierno y las Farc acordaron, y su aprobación es clave para asegurar el cumplimiento del acuerdo de paz del teatro Colón.

No obstante su trascendencia, hechos como las fricciones entre los partidos, por la campaña a 2018, están retrasando el estudio de estas iniciativas.

La demora obedece básicamente a tres razones: la tormenta que se vive en los partidos por la campaña electoral, la entrada en vigor de la Ley de Garantías y los apretados tiempos que enfrentan las normas.

Campaña atravesada

La turbulencia política se hizo evidente el miércoles pasado, cuando un bloque de representantes a la Cámara de los partidos Liberal, de ‘la U’ y Opción Ciudadana entraron en rebeldía.

En esa sesión, las comisiones primeras de Senado y Cámara votaban el proyecto de ley que fija las reglas para la jurisdicción a la que irán los actores de la guerra, la cual, por falta de ‘quorum’, se levantó.

Varios integrantes de ese grupo, entre quienes están los liberales Miguel Ángel Pinto y Julián Bedoya, los representantes a la Cámara por ‘la U’ José Edilberto Caicedo y Carlos Edward Osorio y el de Opción Ciudadana Fernando de la Peña, se salieron de la sesión en dos ocasiones.

Pocos minutos antes de que terminara la votación de tres artículos del proyecto de ley –los únicos que pudieron aprobarse ese día–, algunos integrantes del grupo regresaron presurosos al recinto y apenas votaron se dirigieron a la oficina de Pinto, donde permanecieron hasta que se levantó la sesión por falta de ‘quorum’.

En ese desplazamiento por los pasillos del Capitolio, a algunos se les oyó decir que habían salido “a almorzar”, aunque el Gobierno dispone de toda la alimentación para los congresistas, dentro del recinto, cuando se votan estos proyectos de ley.

EL TIEMPO supo que su ausencia se debió a otras razones. Entre ellas, la inconformidad por la posición que ha tenido el Gobierno frente a la bancada de Cambio Radical, la cual anunció, hace más de una semana, que no votaría este proyecto, pero sí lo ha hecho.

El lunes pasado, el presidente Juan Manuel Santos anunció que quien no acompañara su principal proyecto de gobierno (el proceso de paz) no podría estar en su administración. Sin embargo, varias bancadas ven que Cambio Radical sigue en el Gobierno y sus congresistas ayudan a hacer quorum en el Congreso, así voten de manera negativa esta iniciativa.

Lo que algunos representantes de estos partidos quieren es tener claridad de la posición del Ejecutivo frente a las bancadas de los partidos que han acompañado el proceso de paz, entre ellos el Liberal, ‘la U’ y Opción Ciudadana, protagonistas de la rebelión.

Contratos

La otra inquietud de varios congresistas es la entrada en vigor de la Ley de Garantías, el próximo 11 de noviembre para alcaldías y gobernaciones y el 27 de enero para el Gobierno Nacional. Esta norma congela la contratación directa y la suscripción de convenios entre alcaldías y gobernaciones.

La ley indica que los contratos deben hacerse con licitación, lo que demora –muchas veces por tiempo indefinido– la concreción de estos. Varios congresistas están preocupados porque algunos contratistas se encuentran entre los principales acompañantes y financiadores de sus campañas.

Tiempos apretados

La tercera razón para el retraso en la aprobación de las normas de la implementación del acuerdo de paz es la apertura de tiempos.

El próximo 16 de diciembre vence la vigencia de las reglas legislativas especiales con las cuales se vienen aprobando estas iniciativas (‘fast track’), y parece que para ese día no todas estarán vigentes.

Esto ha obligado al Gobierno a aplicar un plan B: presentar los proyectos que faltan por la vía ordinaria, para que este año –al menos– se les dé uno o dos debates y los restantes se puedan surtir el próximo año, con las reglas normales con las que el Congreso estudia las iniciativas.

Reforma

Una de las principales víctimas de esta situación sería la reforma política y electoral, la cual busca acabar con prácticas que se dan en las elecciones, como la compra de votos y reducir los elevados costos de las campañas políticas.

La ilusión de varios congresistas está en que en la iniciativa se aprueben normas como coaliciones entre partidos grandes para presentar listas al Congreso.

Sin embargo, a estas alturas del año, todo parece indicar que ese proyecto no se aplicará para las próximas elecciones debido a que debe estar listo el próximo 11 de noviembre –cuando comienza la inscripción de candidatos al Congreso–, y hasta ahora solo ha superado uno de cuatro debates.

A juicio de observadores, en el camino de la reforma política se ha atravesado Cambio Radical a través del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, quien tiene críticas a esa iniciativa.

Entre los afectados, si la reforma política no se aplica en estas elecciones, estarían sectores de liberales y ‘la U’ que han manifestado su interés por hacer una plancha conjunta al Legislativo denominada “la lista de la paz”. Ellos serían los primeros en tener que despedirse de esa idea.

No obstante este panorama, el Gobierno se mantiene optimista, a pesar de que el camino parece estar más lleno de espinas que de flores.

POLÍTICA

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