Proceso de Paz

Amnistías y libertades para Farc se definirán a la par con el desarme

Los elementos claves de los decretos ley que expidió Santos. Desarme se aplazó para el 20 de junio. 

Gobierno y Farc discuten los plazos para avanzar

En las zonas veredales, los guerrilleros han hecho los registros de sus armas, pero no las han entregado en su totalidad a la ONU.

Foto:

John Vizcaino / Reuters

31 de mayo 2017 , 11:42 a.m.

Con la redefinición del cronograma para completar el desarme de las Farc –ya han entregado 1.000 armas– y con los 34 decretos con fuerza de ley que expidió el presidente Juan Manuel Santos –amparado en facultades extraordinarias que se vencieron el lunes– para hacer posibles los acuerdos de paz, quedó claro que, a más tardar el primero de agosto, la ONU debe tener fuera de los 26 puntos donde hoy están concentrados los guerrilleros los contenedores con las armas individuales que estos deben haber entregado el 20 junio.

Para este día, además, debe haberse concretado la amnistía para quienes no tienen procesos y el levantamiento de las órdenes de captura o la libertad condicional para todos los guerrilleros que tienen derecho a la amnistía y no han obtenido el beneficio.

El levantamiento de las órdenes de captura y la libertad condicional también se aplicará para los guerrilleros que tienen delitos graves y deben esperar la puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz (JEP) para presentarse ante ella. Ante esta instancia deben acudir para declarar, ser procesados y juzgados.

Otra cosa es la evacuación de las más de 900 caletas con armamento que reportaron las Farc, y para lo cual el plazo definitivo es el primero de septiembre. Un grupo de guerrilleros acompañará a la ONU en esta tarea, y ellos, más los que prestan la seguridad de las llamadas zonas veredales, entregarán las armas cuando terminen sus respectivas tareas. Las zonas de concentración terminan el primero de agosto, día para el cual las Farc tienen que entregar la lista de sus bienes, que irán para el fondo de reparación.

A la par que transcurre el desarme y se concretan las medidas para dar seguridad jurídica a los excombatientes, se pondrán en marcha otros decretos ley expedidos por el Presidente y que permitirán, entre otras cosas, entregar 3 millones de hectáreas a campesinos y trabajadores rurales, llevar electricidad a las zonas más golpeadas por el conflicto y otorgar subsidios para mejorar viviendas rurales.

Igualmente, se dará un revolcón en la Fiscalía que incluye la creación de una unidad especial contra el crimen organizado, que está asesinando líderes sociales y excombatientes.

EL TIEMPO explica en esta y en la siguiente página los elementos claves de los decretos con fuerza de ley que expidió el Presidente para cumplir los acuerdos de paz, y el nuevo cronograma del desarme de las Farc.

Bienes de Farc, a reparación

Las Farc no se quedarán con uno solo de los bienes que adquirieron producto de su actividad ilegal.

Así lo estipula uno de los decretos que emitió el fin de semana el presidente Santos, en el que se establece que una vez finalice la vigencia de las zonas veredales, el 1.° de agosto, las Farc entregarán a la Misión de la ONU y al Gobierno el listado completo de sus bienes y activos.

“Con dicho acto se entenderá plenamente concluida la dejación de armas y la terminación de todas las actividades y conductas propias del conflicto interno”, indica la normativa.

Con esta información y la ubicación de los bienes, el Gobierno creará un fondo cuyo destino será la reparación material de las víctimas de los actos ilegales cometidos por el grupo guerrillero.

Reincorporación a la vida civil

Como primera medida para la continuación del proceso de reincorporación se extendieron las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, hasta el 1.° de agosto.
Además, una vez culmine el proceso de dejación de armas (el 20 de junio), se suspenderán todas las órdenes de captura de los excombatientes y recibirán una asignación única de normalización de dos millones de pesos.

Luego se creará un programa para la reintegración económica y social que incluye prestaciones de seguridad social y proyectos productivos, entre otros beneficios para excombatientes.

Además, se creará un sistema de seguridad para garantizar la protección de los integrantes del nuevo partido político que surja tras la desmovilización y dejación de armas de las Farc.

Luz y educación para el campo

Un gran paquete de normas expedidas para desarrollar los acuerdos de paz está enfocado en las comunidades de los territorios más afectados por el conflicto.
Mediante esas normas se llevará electrificación a las zonas más golpeadas por la guerra y se adoptarán medidas para la prestación del servicio educativo.

El Ministerio de Agricultura creará también un plan nacional para la construcción y mejoramiento de vivienda social rural, que contempla, entre otras medidas, subsidios “que prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas del conflicto”.

Las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos podrán, a través de obras en zonas afectadas por el conflicto, cambiar esos trabajos por impuestos.

Tierra para campesinos

Uno de los decretos centrales que emitió el jefe de Estado este fin de semana es el que formaliza la tenencia de la tierra y el acceso a este recurso para quienes la quieran trabajar.

La norma establece quiénes serán los beneficiarios de la reforma agraria, un sistema de registro de los beneficiarios para poderlos priorizar de acuerdo con sus necesidades y se crea el Fondo Nacional de Tierras, que estará conformado por terrenos baldíos, los que sean objeto de extinción de dominio y los predios que se puedan comprar por parte del Estado.

Este decreto y una ley que será radicada próximamente en el Congreso permitirán distribuir 3 millones de hectáreas para 800.000 familias que no han tenido acceso a la tierra y se formalizará la propiedad de 7 millones de hectáreas.

Institucionalidad para la paz

El grueso de la normativa emitida por Santos está encaminado a crear las instituciones para desarrollar el acuerdo.

Se han creado órganos como el Consejo Nacional de Reincorporación y la comisión de seguimiento a lo pactado en La Habana.

También este fin de semana creó el Consejo Nacional de Paz y Reincorporación, que reúne a todas las instancias de participación en asuntos de paz.

Igualmente, se puso en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, del que harán parte “las familias campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito” y que se comprometan a la no resiembra, ni a estar involucradas en labores ilegales.

Así será el ‘revolcón’ en la Fiscalía para asumir los retos del posconflicto

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló ayer que el decreto que crea la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales “prepara al ente acusador para el posconflicto”.

Martínez aseguró que se crearán tres ejes fundamentales: la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad organizada y el combate a las finanzas criminales. Para esto, una de las primeras medidas será reunificar el CTI –que había sido dividido en la administración de Eduardo Montealegre–, de tal manera que recupere su alcance nacional.

La Unidad Especial, dijo Martínez Neira, va a priorizar la protección de los defensores de derechos humanos, tema en el que ya se ha venido avanzando: en el 42 por ciento de los casos de asesinatos se ha logrado imputación de cargos.

La nueva estructura dependerá del despacho del Fiscal General y no tendrá autonomía total, como lo pretendían las Farc.

Ese fue uno de los temas más intensos de discusión entre el Fiscal y los líderes de la guerrilla en una reunión celebrada el pasado sábado: “Manifesté a los señores de las Farc que era una decisión equivocada que la unidad tuviera un carácter monopólico”, dijo Martínez, y agregó que esta “no puede ser una rueda suelta” del despacho del Fiscal General, pues iría en contra de lo establecido por la Constitución.

Aunque se impuso la tesis de Martínez, las Farc anunciaron que insistirán en una reforma que saque la Unidad de la órbita del jefe del ente acusador.

Sobre los cambios establecidos en el decreto, Martínez dijo que se logró una institución “con menos grasa y más músculo”, pues la reestructuración permitirá tener 543 nuevos fiscales: 193 de ellos seccionales y 350 locales. En total el país tendrá 5.100 fiscales, cada uno con su asistente, y apoyados por 8.144 investigadores.

Los nuevos retos, aseguró el Fiscal, no distraerán a la entidad de la misión de mejorar la seguridad en las calles: “Estamos activando todas nuestras competencias para impedir que se degrade la seguridad ciudadana para atacar el delito que afecta a los ciudadanos”, afirmó.

La reestructuración elimina 280 cargos directivos, muchos de los cuales habían sido creados por la reforma de Montealegre. “Teníamos más generales que sargentos”, indicó Martínez Neira.

El Director de la Unidad será elegido por el Fiscal General para un periodo de cuatro años, de una terna que propondrá el mecanismo de selección y nombramiento de magistrados y otros funcionarios judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

UNIDAD DE PAZ

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