Partidos Políticos

La reforma electoral preocupa al Consejo de Estado

Entrevista al presidente del Consejo de Estado, Jorge Ramírez, y al vicepresidente, Germán

Octavio Ramírez y Germán Bula Escobar

Los magistrados Octavio Ramírez y Germán Bula Escobar, presidente y vicepresidente del Consejo de Estado.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

05 de marzo 2017 , 11:32 p.m.

¿Qué participación ha tenido el Consejo de Estado en la implementación de los acuerdos de La Habana?

Jorge Octavio Ramírez (JOR): Ha sido muy activa. Hemos intervenido en las audiencias públicas convocadas por la Comisión Primera del Senado en relación con la Justicia Especial para la Paz (JEP). Allí hicimos públicas sugerencias y críticas. También hemos venido estudiando con detenimiento las propuestas que en los medios periodísticos han ventilado líderes políticos y expertos en relación con la reforma electoral, y hemos estudiado el ‘fast track’, que también tiene objetivos muy claros dentro de lo pactado, repito, en ese acuerdo del (teatro) Colón.

Crece la controversia de que se está utilizando el ‘fast track’ para asuntos que no se relacionan con el proceso de paz…

JOR: Hemos manifestado nuestra preocupación por el uso de esas facultades por el Gobierno, en el entendido de que el ‘fast track’ tiene un objetivo muy preciso, que es el desarrollo del acuerdo de La Habana, y que por eso no se puede hacer extensivo a otro tipo de reformas constitucionales o legales. Es un mecanismo transitorio y excepcional con un objetivo muy concreto.

¿Le han manifestado esa preocupación al Gobierno?

JOR: La hemos manifestado públicamente y encontrado que muchos otros personajes de la vida pública coinciden con nuestras inquietudes.

Es decir: estamos hablando de unas propuestas que ya hizo el ministro Cristo de reforma electoral, como el voto a los 16 años, el voto obligatorio, el aumento del período presidencial… ¿Cree que esas propuestas desarrollan el acuerdo de La Habana?

JOR: Hemos considerado que los proyectos de reforma normativa derivados del acuerdo de La Habana y del teatro Colón son aquellos que tienen que ver con la participación en política de las Farc, que se abran espacios para que puedan participar y se les garantice su ejercicio. En ese contexto, muchas de las propuestas formuladas no encajan dentro de los propósitos ni del acuerdo ni del acto legislativo que habilitó la vía rápida.

Se dice que la Misión Electoral, producto de los acuerdos de La Habana, viene preparando unos cambios en materia electoral. ¿Qué saben sobre ellos?

Germán Bula (GB): Hemos pedido una reunión con la Misión Electoral, que sostendremos esta semana. Oficialmente no hay un documento. Pero en distintos círculos hemos escuchado que un miembro de la Misión ha planteado un proyecto que concibe una cuarta rama, la rama electoral del poder público, que se sumaría a la Ejecutiva, Legislativa y Judicial; hasta se habla de un tribunal electoral del nivel de la Corte Constitucional, que tendría a su cargo funciones múltiples, que recogería del Consejo Electoral y la Sección 5 del Consejo de Estado. El tema ya es ‘vox populi’. De ahí nuestra preocupación. Por su parte, la secretaría de la Misión ha desmentido en una entrevista que la iniciativa sea de ella.

¡Pero ustedes tienen a un consejero de Estado en esa Misión!

JOR: Cuando al doctor Alberto Yepes, que es el consejero de Estado al que usted se refiere, se le concedió por parte de la Sala Plena de la corporación esa comisión de servicio, quedó muy claro que actuaría a título personal. La vocería oficial del Consejo de Estado está radicada en su presidente. Con eso quiero significar que las consideraciones o propuestas que pueda hacer el doctor Yepes las hace a título personal y no en representación del Consejo de Estado.

(Además: 'Fast track' para el acuerdo de paz no viola la Constitución: Corte)

¿No es una figura extraña darle a uno de sus miembros una comisión para que no represente a la organización? Además, tengo entendido que las actuaciones del consejero Yepes han producido cierta incomodidad en los demás miembros de la entidad…

JOR:
En realidad, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia contempla que se puede conceder una comisión de servicios a uno de sus miembros hasta por tres meses para prestar asesorías al Gobierno Nacional. En ese contexto, la Sala recibió la comunicación del Ministerio del Interior que solicitaba esa comisión para el doctor Yepes, para la implementación de los acuerdos con las Farc. Pero quedó muy claro que su asesoría era a título personal. Es cierto que ha habido malestar en relación con las actuaciones del doctor Yepes, usted tiene razón, porque en algunos sectores se ha generado el equívoco.

¿Si la Misión Electoral lo que va a proponer efectivamente es un cuarto poder, ustedes se opondrían?

GB:
El Consejo de Estado entiende de manera bastante bizarra la frase que apareció en los medios de que “se crearía un cuarto poder por ‘fast track’ ”. Eso es sencillamente inimaginable. El presidente Santos ha dicho en ocasiones que es reacio a abrir más cortes y nombrar más jueces. Lo cierto es que no hacemos una defensa territorial o posicional en relación con la Sección 5 del Consejo de Estado, sino que pensamos que la propuesta que por allí circula es inconveniente para el país por muchas razones.

¿De inconstitucionalidad, por ejemplo?

GB: Desde luego. Meter eso por ‘fast track’ no pasaría un examen de constitucionalidad. Tampoco parece sensato en un año electoral cambiar las reglas de juego y ponerlas a discusión de la Corte Constitucional para tener en vilo al país.

¿Cuál es el grado de eficiencia de la Sección 5 del Consejo de Estado?

GB: El nivel de cumplimiento de términos de la Sección 5 es especialísimo en Colombia: del 94,8 por ciento. Eso no lo puede exhibir casi ninguna instancia judicial. Lo que no obsta para reconocer las necesidades de ajustes normativos que tendrían que hacerse más que todo de orden legal, no constitucional, en sesiones ordinarias del Congreso con mucha participación de los partidos políticos.

Tengo entendido que en la Constituyente del 91 estuvo en discusión crear el poder electoral, pero que se descartó porque mientras el poder Legislativo legisla, el Ejecutivo ejecuta y el Judicial juzga, un eventual poder electoral no elige…

JOR: Eso es cierto. En la Asamblea Nacional Constituyente se discutió la posible conformación de una cuarta rama del poder público, que sería el poder electoral, y otra más, la rama o el poder de control, donde irían la Procuraduría y la Contraloría. Pero la Constituyente optó por la división tripartita del poder público por ser verdaderos poderes, y lo electoral y de control quedaron como funciones del Estado, que no ejercen poderes políticos.

La Constitución es clara en hablar de tres ramas del poder y de otras funciones del Estado que no ejercen poder político…

JOR: Eso conserva vigencia y no tendría sentido cambiar esa tridivisión del poder para crear otra cuarta rama, que confundiría dos aspectos propios del poder Ejecutivo y Jurisdiccional, un híbrido que no encajaría en esa tridivisión del poder. Implicaría un cambio sustancial de la Carta del 91, que surgió de una Asamblea Constituyente y que estableció de una manera clara un modelo clásico de tridivisión del poder que debe mantenerse, salvo que se quisiera reformar por medios semejantes a los del año 91, o por la vía ordinaria. Por ‘fast track’ no se podría hacer esa reforma.

Si la Misión Electoral hace efectivamente esa propuesta y el Gobierno pretende hacerla aprobar por ‘fast track’, ¿cuál sería la posición del Consejo de Estado?

JOR: Hay diferencias de criterios. Algunos consideran que en el acuerdo del teatro Colón sí se pactó esa reforma, al hacer referencia al cambio del régimen electoral. Pero eso se relaciona con permitir la participación de las Farc en la vida política, a la conformación de su partido, a abrir espacios de participación y de garantías en el ejercicio de la actividad electoral.

¿En el acuerdo solo se hace referencia a un tribunal?

JOR:
Pero de garantías electorales. Algo totalmente distinto al modelo actual de organización de la actividad electoral, donde hay unos órganos administrativos como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y un órgano jurisdiccional que, como tercero imparcial, entra a definir las controversias en relación con esos órganos administrativos, como debe ser en un Estado de derecho. Confundir esas dos funciones en un solo órgano afectaría principios de un Estado democrático, se volvería juez y parte esa cuarta rama del poder público.

GB: Las Farc aceptaron la justicia de Colombia. Eso indica que en ninguna parte de los acuerdos se pactó reforma alguna al poder Jurisdiccional. Porque, por la misma vía, podría decirse que entonces por fast track se podría reformar la Corte Constitucional o la Corte Suprema. Lo que se pactó fue una justicia especial de paz, la JEP, que es transicional, restaurativa –lo cual debería señalarse mucho más–. Pero, definitivamente no se pactó, y mucho menos por 'fast track', que se pudiera afectar la estructura jurisdiccional del Estado.

(Lea aquí el comunicado completo de la Corte sobre el 'fast track')

Algunos sí consideran que cuando se habla de reforma al régimen electoral también se está tocando el control jurisdiccional de la actividad electoral…

JOR: Pues ese criterio no lo comparte el Consejo de Estado, por las razones que le hemos expresado.

¿Ustedes no aceptarían esa reforma así les digan que está pactada en La Habana?

JOR: Partimos de dos supuestos. Que ni está pactado en La Habana ni tiene relación directa con los propósitos del acuerdo ni con las aspiraciones de las Farc. Pero, además, no la vemos conveniente. La jurisdicción contencioso administrativa viene ejerciendo ese control de la actividad electoral por más de 90 años, en la vida republicana. Que además tiene razones de orden histórico –no entro en detalle–, pero recordemos que tiene su explicación en confrontaciones partidistas. La actual organización electoral ha permitido el ambiente de concordia y conciliación entre los partidos tradicionales, al dar paso a que un tercero imparcial que es la jurisdicción contencioso administrativa cumpliera esa función. ¿Para qué pasársela a otro órgano si el que lo hace hoy lo hace bien?

Además, ¿para qué agigantar el Estado a un costo inmenso creándole otra rama del poder?

GB: Sí se necesitan ajustes. ¿Pero para qué tumbar la casa para cazar al ratón?

JOR: Paradójicamente, un proyecto de ese tipo a quien más afectaría sería a las minorías políticas, incluyendo al partido que surja de las Farc. La creación de ese órgano o corte electoral supondría un origen distinto, no sabemos si en el Presidente o en el Congreso, con los problemas que ha generado ese tipo de conformación de órganos jurisdiccionales. ¿Eso garantizaría los derechos de las minorías? Pues, en principio no tendrían esa garantía de imparcialidad que les brinda el juez contencioso.

GB: Preguntamos cómo podría el país financiar esa burocracia costosa de ese tribunal electoral. Se nos ha dicho que se utilizarían los jueces y magistrados de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, ¿cuál es el cambio? Una cúpula nueva que correría riesgos enormes en la captura de su independencia. Estaríamos creando un Frankestein. Después no sabríamos qué hacer con él.

De esa Misión forma parte gente que merece todo el respeto del país, como Elizabeth Ungar...

GB: Estamos absolutamente seguros de que la doctora Ungar, por su trayectoria académica en lo que tiene que ver con Transparencia Internacional y la lucha contra la corrupción, y los demás expertos y académicos de la Misión tienen muchas propuestas por hacer. Pero que vayan en la dirección en la que el presidente del Consejo de Estado señala. No es ni constitucional ni conveniente traer de los cabellos temas al ‘fast track’.

JOR: No tenemos duda de las condiciones académicas y personales de los miembros de la Misión Electoral. Mañana martes, a las 9 a. m., le hemos solicitado una audiencia para expresar estas opiniones y muchas otras que hemos venido recogiendo en relación con la reforma del régimen electoral. Estamos seguros de que escucharán con atención nuestras sugerencias. Y que nos dejarán participar en las recomendaciones de la Misión Electoral, de acuerdo con lo acordado con las Farc.

Eso sí, presidente, creo que no se va a poder, porque el ‘fast track’ lo que garantiza es que no se discuta nada…

JOR: Usted tiene razón. Pero como el Gobierno, de acuerdo con lo pactado, tiene que oír a varios actores de la vida pública, por ello le hemos pedido que nos abra un espacio.

En México tienen esa figura del tribunal electoral…

GB: Y en Brasil. Son países más federales, donde no hay control contencioso administrativo. Esta es una joya que tiene Colombia hace 200 años, con la función contenciosa y consultiva. Pero el modelo mexicano no es exitoso: nos lo han dicho los propios magistrados de su tribunal electoral. ¿Y qué pasa en Venezuela con ese poder electoral?

Que está cooptado por Maduro…

GB: (Risas). Bueno…

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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