Partidos Políticos

Crece polémica por reglas para revocar mandatos

CNE informó que esos procesos cobijan a alrededor del 10 por ciento de alcaldes del país.

CNE

La alerta por la avalancha de revocatorias ha llegado incluso al Gobierno Nacional.

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Archivo / EL TIEMPO

04 de mayo 2017 , 08:37 p.m.

Un borrador de resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) para regular las revocatorias de mandato se unió este jueves a la polémica que hay alrededor del cumplimiento de los requisitos para aplicar este mecanismo de participación ciudadana.

Desde hace varias semanas, alcaldes, partidos políticos y autoridades electorales vienen debatiendo sobre estos recursos ciudadanos, especialmente en lo que tiene que ver con las causales para ejecutarlos.

El debate aumentó de temperatura este jueves cuando se conoció que hasta el momento hay tres procesos de revocatoria contra gobernadores, cinco contra alcaldes de ciudades capitales y más de 95 contra mandatarios municipales. Es decir, alrededor del 10 por ciento de los alcaldes del país.

La alerta llegó al punto de que el Consejo Electoral convocó una audiencia pública –el 17 de mayo– para escuchar a todas las partes: alcaldes, promotores de las revocatorias, entes de control y Gobierno Nacional, entre otros.

El presidente del CNE, Alexander Vega, afirmó este jueves que “hay revocatorias que se han iniciado por fuera de la ley” y que eso es lo que está analizando el tribunal a su cargo.

Para ello, el Consejo Electoral puso sobre la mesa una propuesta de reglamentación que contempla, entre otras cosas, que los impulsores de las revocatorias deben argumentar –con pruebas– que se cumplen las dos causales para solicitarlas: incumplimiento del plan de gobierno o insatisfacción generalizada de la ciudadanía.

El director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo que quienes promueven esos mecanismos “empiezan esos procesos sin ningún tipo de fundamento”.

“El alcalde durante el primer año no tiene los instrumentos presupuestales ni financieros para ejecutar su programa de gobierno y durante ese tiempo se dedica a ordenar la casa”, dijo Toro, quien admitió que hay “alerta” entre los mandatarios locales por este tema.

El senador liberal y expresidente del Congreso Luis Fernando Velasco afirmó que las comunidades “han empezado a ver en las revocatorias una manera de mantener abierto el debate electoral”.

“En los municipios pequeños el que ganó casi que tiene el listado de los que no votaron por él y no pueden volver a entrar a la alcaldía, sino hasta dentro de cuatro años”, afirmó el congresista.

Para el experto en temas electorales y constitucionales Darío Martínez, el Consejo Electoral se estaría “desbordando” en sus funciones al intentar reglar las revocatorias.

“Es potestativo del pueblo definir a través del voto popular si el alcalde ha cumplido”, dijo Martínez.

Caso Peñalosa

Leonardo Puentes, vocero del comité Revoquemos a Peñalosa, el cual busca la salida del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha dicho que en su iniciativa sí se realizó “una exposición de motivos justificada” de las razones para revocar al mandatario capitalino.

No obstante, el Comité Intergremial Región Capital salió en defensa de Peñalosa y manifestó que promover una votación para sacarlo del cargo es “inconveniente”.

“Los efectos de esta revocatoria perjudican directamente el desarrollo de la ciudad (...) y, en general, la vida cotidiana de todos los bogotanos”, manifestaron.

Se espera que la audiencia pública del 17 de mayo dé mayores luces sobre la conveniencia o no de regular las revocatorias y si esta reglamentación afectaría las que están en curso.

Gobierno, preocupado

La alerta por la avalancha de revocatorias ha llegado incluso al Gobierno Nacional, una de cuyas inquietudes es cuánto costarían las votaciones para intentar sacar a los alcaldes de sus cargos y las nuevas elecciones en las que se escogerían sus reemplazos, en caso de prosperar estos mecanismos.

Se dice, por ejemplo, que en el caso de Bogotá una votación para revocar al alcalde Enrique Peñalosa costaría alrededor de 42.000 millones de pesos y una nueva elección, más de 100.000 millones de pesos.

Fuentes del Consejo Electoral le dijeron a EL TIEMP0 que el Gobierno les ha hecho saber sus preocupaciones al respecto.

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