Gobierno

Los puntos clave de la reforma política para la paz

Ministro del Interior explica, entre otros, apartes relacionados con transparencia y participación.

Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior.

Foto:

Abel Cárdenas / EL TIEMPO

25 de mayo 2017 , 12:04 a.m.

Con toda razón los colombianos rechazan a diario la forma como se hace política en el país. Es evidente la ausencia de credibilidad y legitimidad de las instituciones democráticas.

Por ello, el acuerdo de paz, en la medida en que pretende sentar las bases para la construcción de una nueva sociedad, no soslayó esta realidad y más allá de la obligación de garantizar la reincorporación de las Farc a la vida civil, planteó como uno de sus objetivos el desarrollo de una reforma profunda a la organización y al sistema electoral. Si no cambiamos la forma como se accede al poder en Colombia, no tendremos unas instituciones legítimas, que son a la vez una condición esencial para lograr vivir en paz.

Bajo esta premisa, el Gobierno Nacional presentó la reforma política y electoral contemplada en el punto de participación política del acuerdo de paz que pretende ofrecer plenas garantías para que todas las expresiones partidistas existentes en el territorio nacional puedan competir en igualdad de condiciones. No sobra recordar que una de las causas que ha dado origen a conflictos armados en muchos países, y Colombia no es excepción, es la existencia de un sistema electoral que hace difícil que algunos sectores de la sociedad puedan disputar democráticamente por ser gobierno o, al menos, por tener una representación importante en el Poder Legislativo.


El punto 2 del acuerdo del Teatro Colón recoge las aspiraciones descritas en los párrafos anteriores y por ello se denominó: “apertura democrática para construir la paz”. En él se plantean como objetivos la ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político; la implementación de acciones afirmativas para estimular la participación de las mujeres y los jóvenes; una revisión integral del sistema electoral; la modernización e independencia de la organización electoral; y la adopción de medidas para garantizar transparencia de la financiación de las campañas electorales.

En el mismo punto 2 se convinieron aspectos procesales para establecer el contenido de las reformas que materializarían los objetivos propuestos en el acuerdo de paz y en consecuencia se pactó la conformación de una Misión Electoral Especial (MEE), independiente del Gobierno y de las Farc, que le presentaría al Gobierno unas recomendaciones de reformas para adoptar. Esa misión se conformó y trabajó entre el 17 de enero y el 17 de abril de este año, fecha en que le entregaron sus muy serias recomendaciones al Presidente de la República.

Igualmente, desde hace poco más de un año el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, conformó una mesa de trabajo a la que invitó a participar a la totalidad de los partidos y movimientos políticos existentes en el país, para reflexionar sobre las reformas que en materia electoral se requieren de cara al propósito de afianzar la paz. La reforma presentada la semana anterior cumple con el propósito fundamental de luchar contra la corrupción política y electoral y ampliar la posibilidad de que nuevas caras puedan participar en política y competir en igualdad de condiciones para garantizar una renovación permanente en los cuerpos de representación popular del país.

A continuación me permito destacar algunos de los ejes temáticos del proyecto de reforma constitucional que se puso a consideración del Congreso.

Una buena reforma constitucional sumada al estatuto de la oposición que ya se aprobó contribuirá a que el ejercicio del poder en nuestro país sea más transparente y legítimo

1. Transparencia en el ejercicio de la política

Uno de los puntos esenciales del proyecto de reforma constitucional gira en torno a la financiación de campañas electorales. El actual sistema de financiamiento ha generado incentivos perversos para la violación de topes máximos y para el ingreso de dineros de origen ilegal a la política. Si no somos capaces de romper de manera radical con ese matrimonio perverso entre financiación de campañas y contratación estatal que carcome la democracia, no mejoraremos el sistema.

La reforma plantea la necesidad de establecer la financiación preponderantemente estatal a través de anticipos y reposición de gastos. Así mismo, un modelo de financiación indirecta, en el cual se debe incluir como mínimo la propaganda electoral y la franquicia postal. Y se toman decisiones drásticas para evitar el ingreso irregular de recursos y limitar los exorbitantes costos actuales de las campañas. En ese orden de ideas, el proyecto contiene medidas tales como las siguientes:

* Se establece la prohibición de las campañas de contratar transporte para electores el día de elección o cualquier acto o manifestación política. El Estado deberá garantizar el funcionamiento del transporte público el día de las elecciones.

* Se establece la prohibición de las campañas y las organizaciones políticas de entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos. Así mismo, y de manera muy relevante para la transparencia y fácil control de los dineros por parte de las campañas políticas, se señala que cualquier movimiento monetario que se realice en dicho marco deberá adelantarse únicamente a través de los mecanismos y medios del sistema financiero.

* Se establece que los particulares que contribuyan con dinero a las campañas deberán rendir públicamente el origen, volumen y destino de dichas contribuciones.

* Se crea el Registro Nacional de Proveedores Electorales, en el cual se deberán inscribir todas las personas naturales y jurídicas que suministren bienes y servicios a las campañas electorales, con el fin de tener mayores controles a los gastos que se realicen en las mismas, así como estandarización de precios.

* La violación de cualquiera de estas medidas se sanciona con pérdida del cargo o de la investidura para los elegidos y responsabilidad penal para candidatos, directivos de campañas y organizaciones políticas y también para los particulares que omitan la obligación de declarar las contribuciones hechas.

* La discusión en las corporaciones públicas de los presupuestos nacional y territoriales deberá obedecer a los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana.

2. Listas cerradas y bloqueadas

La Misión Electoral propuso la eliminación de la posibilidad de las organizaciones políticas de presentar listas de candidatos a corporaciones públicas mediante el sistema del voto preferente. Las listas con voto preferente han contribuido a la personalización de la política, al debilitamiento de los partidos políticos y ha dificultado el control a las campañas debido a su gran número y dispersión. No cabe duda de que la combinación de voto preferente y circunscripción nacional para el Senado pervirtió la política en Colombia, la envileció y abrió las puertas para la destrucción de los partidos políticos.

Las listas cerradas permitirán: (i) ejercer mayor control frente a las campañas, en especial en relación con asuntos financieros, (ii) reducir el gasto de las campañas, consideración de suma importancia teniendo en cuenta que se propone la financiación preponderantemente estatal, (iii) fortalecer y democratizar a las organizaciones políticas dado que sus listas y candidatos deberán ser el resultado del desarrollo de mecanismos de democracia interna entre sus afiliados y (iv) un ejercicio de la política basado principalmente en las diferencias ideológicas, y no en personalismos y en enormes sumas de dinero que no contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático, sino que lo destruyen.

3. Promoción de la participación de las mujeres y los jóvenes

En el proyecto se establece la obligación de los partidos y movimientos políticos de respetar los principios de equidad de genero, paridad y alternancia en la conformación de sus listas. Esto, como consecuencia de la transversalidad del principio de la equidad de género consignado en el acuerdo del Teatro Colón.

En el marco de una cultura política más democrática, pluralista y que promueve el liderazgo político de nuevos actores, entre ellos los jóvenes –tal como lo orienta el espíritu del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto– el proyecto de reforma política limita la elección a máximo dos periodos consecutivos en las corporaciones públicas.

En el proyecto también se establece que la financiación estatal de las campañas tendrá un incremento porcentual en proporción al numero de jóvenes y mujeres inscritos en las listas a las corporaciones públicas, y además con el fin de promover nuevos actores políticos, se reducen la edad mínima para ser elegidos senador y representante a la Cámara.

4. Una organización electoral independiente y moderna

Uno de los puntos de mayor trascendencia en una reforma del sistema y la organización electoral es el fortalecimiento de las instituciones estatales para ejercer inspección, vigilancia y control sobre las organizaciones políticas y las campañas electorales. Así mismo, es de especial importancia la revisión judicial frente a posibles faltas electorales con el fin, no solo de otorgar mayor transparencia en estos procesos, sino además evitar que candidatos inhabilitados participen en un debate electoral o que candidatos elegidos como consecuencia de un fraude electoral tomen posesión del cargo.

Para este efecto, se crea el Consejo Electoral Colombiano para ejercer la suprema vigilancia sobre procesos electorales y el ejercicio de la función electoral.

El proyecto le otorga específicas funciones judiciales para resolver de manera definitiva, y en tiempo real, las demandas por inhabilidades y fraude electoral. Estas resoluciones deberán proferirse, según el caso, antes de la elección o posesión, lo cual implicará que el sistema cuente con una herramienta efectiva para garantizar su transparencia. Así acabamos con las elecciones atípicas que generan incertidumbre y alto costo fiscal.

En igual sentido, se autoriza ejercer, mediante funciones de policía judicial, el control a la financiación ilegal y demás irregularidades electorales.

Para asegurar completa autonomía e independencia del CEC, se requiere eliminar cualquier filiación partidista de sus miembros. Así el Consejo estará conformado por 9 miembros por un periodo personal de 8 años y su mecanismo de elección será mediante cooptación. En su primer periodo, los consejeros serán elegidos mediante convocatoria que garantice los principios de transparencia, publicidad y equidad de género por parte del Presidente de la República y los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, quienes empezarán a ejercer funciones a partir del 1.º de septiembre del 2018.

Son numerosas entonces las decisiones contempladas en el texto que apuntan al fortalecimiento de la democracia. Afrontar las próximas elecciones con las mismas reglas de juego que hoy tenemos es un suicidio institucional.

Se necesitan estas reformas y seguramente otras que surgirán del debate en el Congreso para construir un sistema que depure la forma de hacer política en Colombia. Una buena reforma constitucional sumada al estatuto de la oposición que ya se aprobó contribuirá a que el ejercicio del poder en nuestro país sea más transparente y legítimo.

La combinación de un sistema de listas cerradas con democracia interna, una mayor participación de mujeres y jóvenes, una organización electoral fuerte, autónoma, despolitizada y con dientes para el control y la vigilancia, y una reducción de los costos de campaña con la adopción de medidas que impidan las prácticas corruptas en la financiación de la actividad política nos permitirán fortalecer y ampliar la democracia para garantizar que nunca más en Colombia nadie vuelva a empuñar un fusil con la justificación, válida o no, de no contar con las garantías suficientes para defender sus ideas.

Nos acostumbramos tanto al conflicto armado que no nos percatamos durante estos 52 años de que éramos una democracia anormal en la que la corrupción y la violencia incidían en forma determinante en el resultado electoral.

Es hora de los cambios institucionales para consolidar una democracia sin fusiles, sin intimidación, pero también sin compra de votos y sin trampas. Ese es el gran desafío hacia el futuro y con la reforma presentada lo hemos empezado a construir.

JUAN FERNANDO CRISTO
Especial para EL TIEMPO

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA