Gobierno

Santos objeta dos leyes más por falta de recursos

Frenan proyectos sobre tratamientos contra la infertilidad y el que limita el cobro por reconexión.

Congreso

Las objeciones presidenciales son los reparos que expresa el Gobierno para no avalar algunos proyectos aprobados por el Congreso.

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Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

24 de julio 2017 , 11:48 p.m.

En lo corrido del año, ya son seis las leyes que el Gobierno Nacional ha tenido que objetar (frenar) por ser insostenibles económicamente para el país, pero que generan buenos réditos políticos para los congresistas que las aprueban por su contenido social.

Las objeciones presidenciales son los reparos que expresa el Gobierno para no avalar algunos proyectos aprobados por el Congreso, ya sea porque no están acordes con la Constitución (inconstitucionalidad) o porque no son convenientes para la Nación (inconveniencia).

Esto fue lo que ocurrió con iniciativas como la que elimina el cobro por reconexión de servicios públicos para los estratos uno y dos, la que rebaja la cotización en salud para los pensionados y la que reduce el número de semanas de cotización por parte de las mujeres para pensionarse.

La Constitución establece que las leyes que implican cargas presupuestales deben contar con el aval del Gobierno, lo cual no ocurrió con estos proyectos.

De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, de no haberse objetado las iniciativas, se tendrían que buscar fuentes de financiación, entre las que se incluyen nuevos impuestos.

El caso más reciente ocurrió con el proyecto que busca reconocer la infertilidad como una enfermedad y cuyo tratamiento debe ser asumido por el Estado.

La normativa, conocida como Ley Sara, tuvo que ser frenada este fin de semana por el presidente Santos, pues de lo contrario se podría poner en peligro el sistema de salud.

Elevados costos

Según el Ministerio de Hacienda, poner en marcha la iniciativa le costaría al sistema de salud cerca de 13 billones de pesos.

La representante a la Cámara Martha Villalba, autora de la normativa, argumentó durante el trámite del proyecto que el tratamiento para la infertilidad es necesario debido a que quienes padecen este mal terminan “presentando alteraciones psicológicas”.

La misma suerte corrió el proyecto que establece que solo se podrá cobrar la reconexión de servicios públicos cuando el costo de la misma “sea menor al consumo facturado del servicio”.

El Gobierno no la avaló al considerar que las empresas sí incurren en gastos “cuando se ven abocadas a hacer la reconexión”, dinero que tendría que ser asumido por el Estado, beneficiando incluso a los estratos altos.

Algunas voces desde el Congreso aseguran que lo ocurrido con estos proyectos es “populismo”.

El representante conservador Telésforo Pedraza manifestó que “los colegas por hacer show presentan iniciativas que tienen un enorme impacto fiscal y el Estado tiene que saber de dónde salen los recursos”.

Por su parte, la representante de la Alianza Verde Angélica Lozano reconoció que hay una “tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

“Surgen proyectos que buscan atender una problemática, pero la realidad es que los derechos cuestan y el Estado está para la garantía de los derechos”, indicó Lozano.

El senador de ‘la U’ Mauricio Lizcano dijo que en el Legislativo sí se tiene “en cuenta el impacto fiscal de las iniciativas”, pero que también se aprueban normas como la reforma tributaria, que le generan ingresos al Estado.

Cuando los proyectos son rechazados por el Ejecutivo por inconstitucionalidad, como es este caso, el Congreso puede decidir si acepta o no las objeciones.

Si rechaza los argumentos del Presidente, la iniciativa pasa a estudio de la Corte Constitucional, la cual decide si esta se debe archivar o sancionar.

Otros proyectos frenados por el Gobierno este añoRebaja en cotización

Por vicios de inconstitucionalidad, el presidente Santos negó la semana pasada la ley que reducía del 12 al 4 por ciento el monto de cotización a salud de los pensionados.
El Ejecutivo aseguró que la normativa no tomó en consideración la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de lo que establece, ni la fuente de ingreso adicional para su sostenimiento.

Según el Gobierno, la iniciativa compromete la financiación del Sistema de Salud, pues genera un impacto fiscal promedio anual de $ 3,7 billones, entre el 2017 y el 2022.

Además asegura que, en caso de que se comprometan estos recursos, se estaría poniendo en peligro la mesada de los futuros pensionados. Adicionalmente, el proyecto de ley ampliaba el beneficio a todos los pensionados, sin tener en cuenta si son de bajos recursos o no, por lo que se estaría abriendo la puerta a que quienes reciben megapensiones.

“Es muy grave y muy lamentable que el Presidente incumpla una de sus promesas de campaña, que fue la de bajar los aportes a salud de los pensionados”, manifestó el representante a la Cámara Alirio Uribe, autor de la iniciativa.

‘Formalización’ de madres del ICBF

En enero de este año se generó una polémica tras la decisión del Gobierno Nacional de objetar el proyecto de ley que buscaba que las madres comunitarias del ICBF fueran vinculadas como trabajadoras formales del Estado con contratos a término indefinido.

La principal razón que argumentó el Gobierno para objetar la ley es que su puesta en marcha implicaría habilitar recursos nuevos por cerca de un billón de pesos al año, lo que llevaría prácticamente a acabar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Adicionalmente, “desde el 2014, las madres comunitarias tienen derechos laborales adquiridos. Tienen un contrato de trabajo con todas sus prestaciones sociales”, explicó la directora del ICBF, Cristina Plazas.

En su momento, las organizaciones que agrupan a estas trabajadoras criticaron la decisión argumentando que “han prestado su propiedad privada y sus hogares para darle un servicio al Estado”.

Reconexión de servicios públicos

En enero de este año, el Gobierno frenó un proyecto de ley que perdonaba el cargo por reconexión de servicios públicos a hogares de los estratos uno y dos cuando la causa de la sanción fuera la mora en el pago de la factura.

El argumento del Ejecutivo para objetar la normativa fue que si el costo de la reconexión no es asumido por la empresa prestadora del servicio, este deberá ser cargado al Estado o a todos los usuarios, por lo que se aumentarían las tarifas del servicio.

“Esto significa que tendrán que incrementarse también las tarifas a las personas beneficiarias de la medida que establece el proyecto de ley, es decir, a los usuarios de los estratos uno y dos que pagan oportunamente sus facturas”, indica el documento.

“Esta medida no afecta de ninguna manera al Gobierno, sino que pone en cintura a las empresas prestadoras del servicio”, aseguró el senador liberal Mario Fernández, ponente de la iniciativa en el Senado.

Pensión para las mujeres

La iniciativa que pretendía reducir en 150 semanas el tiempo para que las mujeres que devengaran menos de dos salarios mínimos pudieran acceder a la pensión fue frenada debido a que durante el trámite legislativo no contó con el aval expreso del Gobierno.

La normativa vigente establece que ellas deben acreditar 57 años de edad y 1.300 semanas para pensionarse, con la ley objetada ese número se reducía a 1.150.

Según el informe de objeciones presentado por el Gobierno, la reducción de ingresos al sistema pensional por las semanas que las mujeres dejarían de cotizar sería “al menos de 10,3 billones de pesos a precios del 2017”, costo que tendría que ser asumido por el Estado sin existir una fuente de financiación.

El senador Mauricio Lizcano, de ‘la U’, autor de la iniciativa, rechazó la decisión del Ejecutivo, pues considera que sí hay dinero para cubrir este gasto.

POLÍTICA

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