Gobierno

Gobierno responde a reparos al proyecto de la justicia de paz

Congresistas, Fiscalía y usuarios de redes sociales manifestaron inquietudes sobre las reglas.

Guillermo Rivera, ministro del Interior

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, tendrá el desafío de sacar adelante en el Congreso lo que queda de implementación.

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Federico Puyo / Archivo EL TIEMPO

03 de agosto 2017 , 09:16 p.m.

El Gobierno defendió este jueves el proyecto que crea las reglas para aplicar la justicia especial de paz y que generó inquietudes en algunos sectores. Por ejemplo, ante la Corte Constitucional, la directora adjunta del Instituto para las Transiciones Integrales, Juanita Goebertus, hizo varios reparos. Con ella coinciden en algunos puntos legisladores y la Fiscalía.

La defensa de la iniciativa la encabezó el presidente Juan Manuel Santos, quien afirmó que siempre que se traza la línea entre justicia y paz “van a quedar sectores descontentos”.

En lugar de una justicia punitiva, que es cárcel, rige otro tipo de justicia, la llamada restaurativa, en la que usted tiene que reparar a la sociedad el daño que le hizo”, dijo el mandatario.

Las inquietudes fueron respondidas por el ministro Guillermo Rivera.

Normas sobre entrega de bienes

Reparo

No hay nada claro sobre sanciones por no entregar bienes para la reparación de las víctimas. Es más, los agentes del Estado no reparan materialmente. Si un general es hallado culpable de un delito grave y tiene tierras para reparar, no se las pueden quitar. Además, si el testaferro del acusado de un delito grave es su familiar, el bien que tiene a su nombre no puede ser afectado con la extinción de dominio.

Respuesta del Gobierno

El ministro Rivera dice que, en el caso de las Farc, “si no hay verdad en el inventario de bienes, pierden los beneficios”. Explicó que la ausencia de una mención sobre este tema en el proyecto que está en el Congreso obedece a que se asume que cada persona está en la obligación de decir la verdad.

Sobre los agentes del Estado y su supuesta responsabilidad de entregar bienes para reparar a sus víctimas, Rivera dijo que en el caso de ellos “toda la logística para el combate la proveía el Estado”. Se entiende, entonces, que sus bienes personales son un asunto que no tiene que ver con el conflicto.

Rebaja en pena a quienes no reconocen verdad a tiempo

Reparo

Los autores de delitos graves que reconozcan su responsabilidad de manera tardía solo pagarán entre 2,5 y 4 años de cárcel, cuando el acuerdo de paz establece cárcel de entre 5 y 8 años. Los críticos dicen que la reducción en la pena no es para incentivar la verdad, como aduce el Gobierno, porque el acuerdo de paz pone como condición la confesión para obtener máximo 8 años de prisión.

Respuesta del Gobierno

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, respondió que esta es una apreciación “imprecisa” y que el centro de todo el sistema es la verdad. “La pena seguirá siendo igual, lo que el magistrado podrá permitir es que la mitad de esa pena se purgue en otras condiciones, que significa que no tendrá una privación de la libertad, sino una restricción de la misma”, dijo. Agregó que esta sanción irá, en todo caso, acompañada de “tareas restauradoras en favor de las víctimas”. Para Rivera esto es un “estímulo” para que haya más verdad para los afectados por el conflicto.

Incumplimientos, sin sanciones

Reparo

No están claras las consecuencias por el incumplimiento de los acuerdos de paz. Según el proyecto que está en el Congreso, una persona que vuelve a delinquir no pierde los beneficios de la paz si su inobservancia no es una grave violación a los derechos humanos.

Respuesta del Gobierno

Según el ministro Rivera, tanto en el acto legislativo que sentó las bases de este modelo de justicia, que ya se aprobó, como este proyecto de ley que la reglamenta son “absolutamente claros en el sentido de que hay unas condiciones que deben cumplir las personas que se sometan a este sistema”.

El funcionario añadió que si esas obligaciones, entre las que están las sanciones, no se cumplen, “pues se pierden los beneficios del sistema”.
Narcotráfico, fuera de la JEP

Esto, en palabras de Rivera, indica que “sí hay una consecuencia para quienes no cumplan”.

Narcotráfico, fuera de la JEP

Reparo

Cuando a una persona le prueban que durante el conflicto no usó el narcotráfico como medio para financiar la lucha armada sino para enriquecerse, excluyen este delito de la justicia especial y lo dejan en manos de la justicia ordinaria, con el riesgo de que esta nunca avance en la investigación. Los críticos dicen que el narcotráfico para el lucro personal debe ir a la justicia especial por el impacto que este delito ha tenido.

Respuesta del Gobierno

Para el ministro Rivera esta es una “consecuencia absolutamente lógica” de la justicia para la paz. “El narcotráfico puede ser competencia de esta justicia en la medida en que haya sido en función de la rebelión, pero si fue una actividad para el lucro personal pues tiene que ser objeto de la jurisdicción ordinaria”, explicó Rivera.
Para el Ministro, la justicia ordinaria “tiene que establecer” las sanciones que correspondan en estos casos para que no queden impunes.

“Esta es una disposición lógica y una delimitación de las competencias entre las dos jurisdicciones”, dijo.

Restricción de libertad ‘sigue en el aire’

Hay un vacío sobre la detención preventiva. Según el acuerdo de paz, en el caso de las Farc, el tiempo en las zonas de desarme y el tiempo gastado en acciones humanitarias se descuenta del tiempo de restricción de libertad que dará la JEP a los autores de delitos graves.

Sin embargo, hasta ahora los candidatos previsibles para responder ante la justicia especial no tienen restricción de libertad (Farc) o están en detención domiciliaria (militares o particulares).

No se le preguntó al ministro Guillermo Rivera sobre esto.

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