Gobierno

‘Proyecto de tierras va al Congreso y no se dictará por decreto’

Ante las dudas que generó, el Gobierno ya no la sacará por decreto ley sino por vía legislativa. 

Alfonso Prada, vocero oficial del Ejecutivo

Al referirse al paro de Fecode, Prada dijo que no entiende por qué lo convocan cuando se está en plena negociación.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

14 de mayo 2017 , 12:07 a.m.

Punto final a la polémica: la llamada ley de tierras no será decretada sino que será sometida a estudio del Congreso.

El proyecto de decreto ley que tenía listo la Agencia Nacional de Tierras ha sido descartado y se limitará básicamente a la creación de un registro especial para los campesinos que aspiren a tener tierra o a formalizar la propiedad de la que ocupan. Para que pueda hacerlo, el ‘fast track’ se extenderá seis meses más, hasta diciembre.

Todos estas decisiones del Gobierno las explica el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, en su nueva función de vocero oficial del Ejecutivo.

“El proyecto de esta ley será presentado al Congreso a través del procedimiento ‘fast track’. Se trata de que los temas fundamentales que han sido motivo de polémica los estudie el Congreso. Simultáneamente se expedirá un decreto ley con facultades extraordinarias para procedimientos. Este decreto creará el registro de beneficiarios.

¿Los campesinos que aspiran a legalizar la tierra que ocupan y que aspiran a tenerla tendrán que registrarse?

Sí. Queremos saber con precisión quiénes son, dónde están, cuántos son, cuál es su patrimonio. Esto nos permitirá hacer una focalización de esfuerzos en los pequeños propietarios, a quienes debemos atender prioritariamente.

¿Cómo se identificará a los que usted llama “pequeños propietarios”?

Son los que tienen menos de setenta millones de patrimonio, menos de cien salarios mínimos.

¿Y para qué deben inscribirse?

Para que los beneficios de la ley de formalización, titulación y acceso a la tierra lleguen a los que más lo necesitan y que tengan vocación agrícola. Hoy hay cerca de doce millones de colombianos campesinos que viven apretados en el 5 por ciento de la tierra; de más de 113 millones de hectáreas que tenemos en el país, aspiramos a titularles y a facilitar el acceso a cerca de diez millones de hectáreas. Hoy hay 53 mecanismos diferentes, 53 vías diferentes de acceso a la propiedad, que dificultan o impiden el acceso a la tierra. Proponemos crear un solo procedimiento especial y único, de acceso a la propiedad, que sea transparente y eficaz. En esto han fallado todas las anteriores reformas de acceso a la tierra.

¿Qué temas irán en el proyecto de ley?

Normas de seguridad jurídica sobre la propiedad y de productividad de la tierra. No hay figuras nuevas de expropiación administrativa.

¿Y por qué no lo hacen por decreto ley?

Recibimos más de 1.500 observaciones en los siete foros regionales que hicimos; los mismos campesinos, los gremios, las organizaciones sociales dijeron que el proyecto, tal como estaba redactado, generaba incertidubres, dudas, inseguridad por cuenta de posibles expropiaciones por motivos que no están contemplados en la Constitución. En el proyecto de ley no se cambia el concepto de la propiedad privada en Colombia, ni se crean nuevos mecanismos de expropiación. Además, se va a crear el fondo de tierras que se convino en los acuerdos del teatro Colón y se le va a dar las fuentes de financiación o de identificación de la tierra con la cual va a facilitar el acceso.

Pero el proyecto de ley por ‘fast track’ no permite reformas…

El proyecto apenas está en construcción. Se pueden introducir modificaciones en la etapa de concertación o en los debates del Congreso con el aval del Gobierno. El Gobierno no descarta que en el transcurso de estas etapas y debates aparezcan buenos argumentos que impliquen alguna modificación.

¿La idea del Gobierno es promover un gran debate en el Congreso sobre el tema?

Ya lo estamos haciendo. Por eso vamos a participar en el debate, y ahí están ya los voceros de las Farc que tienen asiento en el Congreso, para que opinen en nombre de la guerrilla. Están los voceros de los partidos, la sociedad civil, los campesinos, los gremios, las asociaciones de productores, los agroindustriales. Será un escenario de diálogo y concertación.

Entonces, ¿lo que ha ocurrido es que se desmontó el proyecto de decreto ley de la Agencia Nacional de Tierras?


Sí. La versión original se dividió en dos instrumentos. Se puede decir así, sin ningún reparo.

En el proyecto de ley no se cambia el concepto de la propiedad privada en Colombia, ni se crean nuevos mecanismos de expropiación

El ‘fast track’ en el Congreso termina este mes. No parece que haya tiempo para el debate…

Este procedimiento es prorrogable por seis meses más hasta el mes de diciembre.

¿Y lo van a prorrogar?

Sí. Se va a prorrogar además porque se presentarán más proyectos.

¿Cómo cuáles?

La ley estatutaria de la justicia especial para la paz, la reforma electoral o la ley de participación, y las que sean necesarias en la implementación de los acuerdos.

¿Pero, en resumen, el eje central se desmontó?

En el Gobierno llamamos al decreto ley ‘el minidecreto’. La llamada ley de tierras no será un decreto, sino un proyecto de ley.

Siguiente tema: la ola de paros. ¿Qué es lo que está pasando?

Comencemos con Fecode: presentaron un pliego con cerca de 30 peticiones, de las cuales hay preacuerdo en 11. No entendemos por qué convocan a un paro cuando estamos en plena negociación. El Gobierno anuncia que está dispuesto a seguir dialogando con los educadores.

La petición básica es un aumento de salarios que el Gobierno niega…

Ya está negociado y en ejecución. Básicamente, están pidiendo nivelación del salario para 2020 y 2021, pero si usted recuerda, el Gobierno negoció con Fecode un incremento salarial de 10 puntos por encima de lo decretado cada año para los demás trabajadores públicos que se pagarían en cuatro años, comenzando en el 2016, con 2 puntos y en el 2019, los últimos 3. Ellos quieren que negociemos los años siguientes, y nos parece que eso ya corresponde al nuevo gobierno.

La queja de Fecode es que el Gobierno no cumple el pacto del paro pasado…

Sí, lo estamos cumpliendo. El Gobierno paga lo que se compromete a pagar.

A propósito de deudas, el Gobierno aún no ha reajustado los salarios de los trabajadores del Estado.

El Gobierno estaba negociando con las tres grandes centrales –CUT, CGT y CTC– y llegó una acción de tutela de un juez que les ordena a los trabajadores integrar las centrales minoritarias a la mesa. Mientras tanto ordenó suspender la mesa. Los trabajadores están en diálogos, y no se han puesto de acuerdo. El papel que está cumpliendo el Gobierno es de ser facilitador entre los trabajadores.

Entre tanto, los empleados públicos siguen sin aumento. Eso es más de un millón de trabajadores que reclaman el reajuste.

Así es, porque las centrales obreras no se han puesto de acuerdo.

El Gobierno puede decretar el reajuste. ¿Por qué no la ha hecho?

Porque el Gobierno quiere que el aumento sea acordado con los trabajadores. Lo que el Gobierno ha hecho es darles tiempo a los trabajadores para que resuelvan sus problemas internos, vuelvan a la mesa y continuemos con la negociación directa. Si no lo hacen, el Gobierno tomará una decisión por el bien de los trabajadores.

Se anuncia un paro nacional para el día 16 de mayo. ¿Qué va a hacer el Gobierno?

Es un paro que anuncian los trabajadores públicos; no es un paro nacional. Piden con justicia el aumento salarial que no se ha decretado por la falta de acuerdo de los trabajadores frente a la tutela de la que le hablé. Nosotros estamos listos y seguimos en la mesa.

Otro paro que está vigente es el del Chocó…

Dicen sus dirigentes que hemos incumplido los acuerdos sobre salud, vías y agua. Mire: el Gobierno se comprometió a resolver los temas de los pasivos del hospital San Francisco de Asís y ya giramos 32.000 millones de pesos para sanear esos pasivos. Adicionalmente, pidieron cerca de mil millones de pesos para la compra de insumos y medicamentos, que se giraron y ya se ejecutaron.

Además, pidieron obras para mejorar el hospital en materia de maternidad, urgencias y medicina interna, y ya se aprobaron 3.019 millones de pesos. Se aportaron recursos ya girados y en ejecución por 3.746 millones de pesos para la dotación de centros de salud en Atrato, Cértegui, Río Iró, Medio Baudó y la Unión Panamericana. Y, finalmente, el Gobierno se comprometió a hacer la construcción del hospital de Acandí y se giraron 5.023 millones de pesos para la construcción. En diciembre de este año estará terminado. Por último, para el hospital de tercer nivel de Quibdó ya se giraron 2.000 millones de pesos con el fin de cubrir estudios y diseños.

En Quibdó acusan también al Gobierno de incumplir con las vías…

Faltan los últimos 23 kilómetros de Pereira-Quibdó y los últimos 47 kilómetros de Medellín-Quibdo. Se han invertido cerca de 1 billón de pesos. Falta el remate.

¿Y qué piensa hacer el Gobierno?

Vigencias futuras como fuente de financiación. Ya tenemos destinados 39.000 millones de pesos que se están aprobando en la adición presupuestal que se tramita en el Congreso. Esos recursos provienen de la reforma tributaria que tramitamos el año pasado, precisamente para financiar este tipo de inversiones. La semana entrante haremos Confis y Conpes para dejar garantizados plenamente estos recursos. Mientras tanto, estamos avanzando en la construcción de más kilómetros de vía Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. Los congresistas del Chocó están haciendo la labor de acompañamiento.

A propósito de la situación del Pacífico, Buenaventura también anuncia paro…

Acabamos de regresar de allá con los ministros de Salud, Vivienda y Medio Ambiente; la directora del Sena, el DPS y el viceministro de Defensa, para revisar las obras que el puerto reclama. Para el Hospital Distrital de Buenaventura ya están girados 9.800 millones de pesos para obras y dotación. Todo está en ejecución.

Pero la protesta es por la falta de agua…

Sí. Cuando hay turbiedad por las lluvias, esto obliga a cerrar completamente la planta y el suministro de agua se detiene. El Gobierno se ha comprometido a mejorar las dos plantas de tratamiento de Loma Alta y Venecia.

Los organizadores del paro dicen que ese es un compromiso que el Gobierno no ha cumplido…

Al final de este mes finaliza la conexión de la planta optimizada con toda la tubería. A través de Findeter se han ejecutado 36.000 millones de pesos en el acueducto. Esta obra es clave para garantizar que no haya suspensión del servicio.

¿Y plan maestro de alcantarillado de todo el municipio que reclaman?

Ese plan vale 170.000 millones de pesos, y se incluyó en el proyecto Todos Somos Pacífico, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya se firmó el crédito por 358 millones de dólares; de ahí, 170.000 millones financian toda la obra.

¿Cuándo tendrá Buenaventura nuevo acueducto?

En septiembre estarán las obras terminadas y normalizado el servicio. Y la primera fase del plan maestro en 2019.

Pero, en resumen, sobre la ley de tierras, sobre los maestros, sobre el alza de salarios, sobre Chocó, sobre Buenaventura, todas sus respuestas parecen unas promesas de campaña presidencial…

Nooo (risas). El proyecto de ley de tierras está en construcción dentro de la fase de implementación legislativa de los acuerdos, al igual que las obras del Chocó y Buenaventura, que, dependiendo de su complejidad, han sido diseñadas, licitadas, están en ejecución o han sido terminadas, como las obras de seis colegios ya entregados en Buenaventura. Y estamos en la etapa de negociación con las centrales de trabajadores, esperando que ellos se pongan de acuerdo porque les tenemos propuesta de incremento que queremos salga por acuerdo, o procederemos a expedirla por decreto.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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