Gobierno

Lupa a recursos de Mocoa para que no terminen en campañas políticas

El procurador Fernando Carrillo dice que hay que terminar 'maridaje' entre contratistas y políticos.

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación

El procurador Fernando Carrillo propuso intensificar la lucha contra la financiación ilegal de las campañas políticas.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

06 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

El procurador Fernando Carrillo dijo que inició una investigación en lo que tiene que ver con los recursos destinados a Mocoa ante el riesgo de que parte de esa plata termine financiando campañas políticas.

Sin mencionar a nadie dijo que ordenó especial vigilancia para que quienes ejercieron funciones públicas, ahora no vengan a sacar provecho indebido de ello para sus propias campañas, o que servidores públicos favorezcan intereses partidistas o electorales.

Para él, hay que convertir la financiación ilegal de las campañas en un delito que conlleve la pérdida de la investidura y la muerte política, y se debe penalizar la realización de aportes por fuera de los topes.

¿Es cierto que hay unas personas que se quieren guardar la plata de la reconstrucción de Mocoa para la campaña?

La peor tragedia de Mocoa sería que después de la avalancha de la naturaleza sufriera la avalancha de los corruptos. En la reconstrucción de Mocoa está de por medio la garantía de los derechos de los damnificados y el impecable manejo de los recursos públicos y de las donaciones nacionales e internacionales. Tenemos el desafío de proteger el proyecto de reconstrucción frente al proceso electoral.

Las eventuales irregularidades con la ejecución de los recursos, como la posible utilización de esta tragedia con fines políticos, son un riesgo y deben ser informados a la Procuraduría para que esta actúe. Hemos firmado con las 17 juntas de acción comunal de Mocoa un Pacto por la Transparencia, mediante el cual estas organizaciones se comprometen vigilar los recursos para la reconstrucción, y estarán en línea directa con la Procuraduría.

¿Qué entidades o quiénes estarían involucrados en esos posibles hechos?

He ordenado realizar las indagaciones del caso para prevenir y establecer con claridad quiénes participarían de ese propósito criminal. No le va a temblar la mano a la Procuraduría para imponer las sanciones a que haya lugar, incluyendo a particulares que ejerciendo funciones públicas o administrando recursos de este orden incurran en faltas por mal manejo y corrupción. Hay que blindar los recursos y programas que tienen la finalidad de restablecer las condiciones de vida y los derechos de la población de Mocoa.

¿La Procuraduría ya está alistando medidas preventivas para la campaña del 2018?

Con la Directiva Unificada 01 del 2017 tuve ocasión de precisar que quienes como servidores públicos tuvieran intención de aspirar a cargos de elección popular tomaran oportunamente las decisiones de retiro de sus cargos.

Con la Directiva 012 de este año, la Procuraduría orientó sobre la intervención de las autoridades administrativas frente a la financiación de campañas al Congreso.

Lo que no puede pasar, y en eso he ordenado especial vigilancia en todo el país, es que quienes ejercieron funciones públicas ahora vengan a sacar provecho indebido de ello para sus propias campañas o que servidores públicos favorezcan intereses electorales.

La Procuraduría no tolerará, por ejemplo, que quienes hoy se declaran candidatos para el 2018 a cargos de elección popular asistan a eventos, lanzamientos, entregas o programas oficiales, beneficiándose en provecho propio.

El humo de la guerra no dejaba ver la corrupción y esta aparece hoy ante los ojos de los colombianos como un sofisticado monstruo de mil cabezas

Para nadie es un secreto que buena parte de las campañas violan los topes electorales. ¿Qué se puede hacer para evitarlo?

Llegó el momento de pensar en medidas eficaces para enfrentar dicho fenómeno. Como la financiación estatal de la totalidad de las campañas electorales, prohibir los dineros privados y ponerles topes inviolables a los gastos de las campañas, cuya violación se pague con cárcel, pérdida de la investidura y muerte política. La corrupción nace cuando las campañas se entregan a los contratistas. Es necesario, además, avanzar en la modernización de los partidos y la transparencia política. Propondré la creación de un tipo penal orientado a sancionar a quien omita el reporte de gastos de campaña.

¿Y para prevenir esos grandes flujos de dineros por parte de las candidaturas?

Uno de los grandes retos de la Procuraduría es acabar con el maridaje entre contratistas y políticos.

Tenemos que convertir la financiación ilegal de las campañas en un delito que conlleve la pérdida de la investidura y la muerte política de los infractores. La raíz de la mayoría de los males de nuestro sistema político surge en la financiación de las campañas políticas.

Es claro que o actuamos ya o la democracia podría naufragar en las garras del populismo. Por ello, he venido insistiendo en la necesidad de penalizar la realización de aportes por fuera de los topes y sin el cumplimiento de los requisitos electorales a las campañas. En los próximos días presentaré al Congreso, dentro del proyecto de ley para el fortalecimiento del Ministerio Público, normas que controlen y eviten esos comportamientos que le hacen daño a la democracia.

Y vamos a crear dentro de la comisión electoral de la Procuraduría un grupo especializado para hacer acompañamiento y vigilancia especial en el tema de costos electorales de las campañas en el 2018.

¿Cree que la corrupción puede ser el tema de la campaña del 2018?

Es inevitable que así sea. El humo de la guerra no dejaba ver la corrupción y esta aparece hoy ante los ojos de los colombianos como un sofisticado monstruo de mil cabezas, que nadie nunca más puede esconder. El debate electoral que se avecina se dará en el marco de una profunda radicalización respecto de todos los temas, como si las políticas de Estado y no de Gobierno fueran imposibles de consensuar.

El reto de los órganos de control es impedir que los corruptos le sigan torciendo el pescuezo a la justicia. Y, por supuesto, que el populismo arrase con la democracia a nombre de la anticorrupción. La institucionalidad será la única arma contra ese cáncer. Si la corrupción nace, crece, se reproduce y no muere, es nuestra responsabilidad ponerle la quimioterapia a ese tumor maligno desde la institucionalidad democrática.

POLÍTICA

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