Gobierno

El héroe de Sri Lanka denunciado en Colombia por crímenes de guerra

La historia del general Jagath Jayasuriya, quien aún figura como embajador en Colombia. 

Jagath Jayasuriya, general de Sri Lanka

Jagath Jayasuriya, siendo comandante del ejército de Sri Lanka en 2011, durante una ceremonia religiosa en la ciudad de Anuradhapura.

Foto:

Ishara S.Kodikara / AFP

01 de octubre 2017 , 05:16 p.m.

Una tarea adicional a la de coordinar la estrecha agenda del presidente Juan Manuel Santos en Estados Unidos tras intervenir en la 72.° Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) –la última como jefe de Estado– adelantaron funcionarios de la Cancillería colombiana en la sede del organismo en Nueva York.

La misión consistió en concertar con la representación diplomática de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, también presente en la cita mundial, una entrevista con el canciller de esa nación y la ministra María Ángela Holguín.

La ministra quiso escuchar personalmente de su colega la situación del embajador de ese país en Colombia, el general Jagath Jayasuriya, denunciado hace tres semanas ante la Fiscalía en Bogotá por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) por crímenes contra la humanidad.

El tema fue catalogado por Holguín de “sensible” para Colombia por los compromisos que ha adquirido nuestro país ante el mundo en la defensa de los derechos humanos.

Las relaciones diplomáticas de Colombia con Sri Lanka fueron establecidas en 1988 y se mantiene contacto con ese gobierno por medio de la embajada de Colombia en la India. En la actualidad, ambas naciones han planteado su interés para compartir experiencias sobre posconflicto, dadas las situaciones que han debido enfrentar cada una en su territorio.

Jayasuriya aún figura en la Cancillería como cabeza de la delegación diplomática de Sri Lanka en Colombia.
Hace siete meses presentó credenciales ante el presidente Juan Manuel Santos y está acreditado con el código D2017138 en calidad de recurrente, es decir, que ejerce en forma simultánea la representación de su país en Chile, Argentina, Perú, Surinam y Brasil, donde reside.

En la hoja de vida enviada por el Gobierno srilanqués y que el país aceptó aparece como un militar de carrera que sirvió como comandante del ejército y jefe del estado mayor de las fuerzas armadas de Sri Lanka antes de ingresar al servicio diplomático en agosto del 2015.

El general Jayasuriya es considerado un héroe en esa isla conocida antes de su independencia en 1948 como Ceilán. En lo documentación enviada a la Cancillería colombiana para conseguir el beneplácito de su nombre, su gobierno lo califica como determinante en la pacificación de esa nación asiática azotada por un conflicto armado racial que duró 30 años y que dejó más de 100.000 víctimas.

Actuó como jefe militar en la última fase de las hostilidades contribuyendo a la derrota final de los tamiles, un grupo étnico minoritario y marginal que quiso formar un territorio independiente en el norte del país, en su mayoría de raza cingalesa.

Pero desde hace cuatro años aparece en reportes de la ONU como un criminal de guerra. El militar es vinculado por su rol en la fase final del conflicto en el 2009. En particular, su nombre está asociado con un centro de tortura conocido como Joseph Camp, donde funcionaban cuartos y cámaras bajo tierra, equipados con grilletes, cadenas de hierro y poleas utilizados para infligir tormento a detenidos.

Las denuncias

La investigación contra el diplomático estuvo a cargo por mandato de la ONU del Proyecto Internacional para la Verdad y la Justicia en Sri Lanka (ITJP, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Sudáfrica, y que le sigue los pasos a Jayasuriya desde el 2013.

Según el abogado Juan Carlos Ospina, de la CCJ, quien tiene a su cargo el caso en Colombia, la ITJP ha recopilado 270 testimonios de víctimas que afirman haber sido objeto de torturas, violaciones y desplazamiento forzado por personal al mando del entonces coronel Jayasuriya. Parte de esa evidencia está contenida en 40 documentos adicionales entregada por la CCJ a la Fiscalía.

Los testigos están refugiados en Noruega, Gran Bretaña, Suiza, Holanda, Francia, Malasia e India y dispuestos a ratificar sus versiones ante cualquier tribunal del mundo, indicó Ospina.

Como antecedente, la CCJ incluyó información sobre la determinación de Estados Unidos de negarle la visa hace dos años, hecho que también sirvió de argumento para solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores el retiro del plácet –la respuesta favorable del Gobierno colombiano al de Sri Lanka a su representante diplomático– y lo declare persona ‘non grata’. Así perdería su inmunidad y permitiría hacer efectivos eventuales requerimientos de tribunales internacionales.

En la Casa de Nariño

Los resultados de la gestión de la Cancillería en Nueva York aún no se conocen, pero fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que la ceremonia de acreditación de Jayasuriya se hizo el 16 de febrero en la Casa de Nariño. El militar voló de São Paulo (Brasil) a Bogotá y fue recogido en El Dorado por personal de protocolo que lo trasladó primero hasta el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, en pleno centro histórico de Bogotá.

Allí fue recibido por la ministra Holguín, que lo invitó a un almuerzo de bienvenida. Con ellos también se sentaron a manteles otros 28 diplomáticos más que también iban a presentar sus cartas credenciales como nuevos embajadores en Colombia. Entre ellos, los de España, Pablo Gómez de Olea Bustinza; Grecia, Nikolaos Kotrokois; Finlandia, Mika Koskinen, y Australia, Robert Niel Fergusson.

Después salieron acompañados por Holguín hacia la sede presidencial, donde, en una ceremonia protocolaria, el presidente Juan Manuel Santos recibió sus cartas credenciales.

En las palabras de bienvenida, el Jefe del Estado destacó los logros de Colombia en materia de paz y derechos humanos. Santos recordó cómo el país fue considerado una especie de paria por los organismos internacionales a causa del conflicto armado, resaltó los logros alcanzados con las Farc y los beneficios económicos por el fin de la guerra.

“Nos incluían en las listas negras de violadores de los derechos humanos, y nos tenían bloqueada la aprobación de acuerdos comerciales”, agregó Santos.

Rumbo a Dubái

Jagath Jayasuriya pasó inadvertido en Colombia hasta el domingo 27 de agosto. Ese día abandonó, de manera repentina, la sede de la embajada de Sri Lanka en Brasilia. El diplomático abordó en São Paulo un vuelo comercial sin escalas hasta Dubái (Emiratos Árabes). Allí, al parecer, lo esperaba un avión privado que lo llevó finalmente a Colombo, la capital de su país.

Cuatro horas antes, el abogado Carlos Castresana Fernández, apoderado de la ITJP, había solicitado una cita con el procurador general de Brasil para instaurar una denuncia en contra de Jayasuriya tras enterarse de su presencia en ese país.

La CCJ intervino en Colombia por pedido de Castresana. El abogado español, quien ha llevado otros casos como el de los generales Jorge Rafael Videla, de Argentina, y Augusto Pinochet, de Chile, no descarta que al embajador srilanqués lo alertaran funcionarios del Gobierno brasileño en previsión de un posible incidente diplomático y quiso cerrarle el cerco en Suramérica.

La jurisdicción universal

Para sustentar la denuncia en Colombia, señaló el abogado Ospina, la CCJ recurrió al principio de la jurisdicción universal, un mecanismo de cooperación internacional para casos de graves violaciones de los DD. HH., el cual opera en el país gracias a los tratados y convenios internacionales a los que está suscrito.

El documento entregado a la Fiscalía cita en detalle seis sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema que lo reconocen como un instrumento válido en la legislación colombiana.

Lo cierto es que el diplomático cuestionado está en Sri Lanka protegido por su gobierno y es poco probable que vuelva a Colombia

“La prioridad era dar a conocer los antecedentes de Jayasuriya en el país”, explicó Ospina. Pero la denuncia tiene pocas posibilidades de prosperar, por lo menos en Colombia. Así lo considera Raúl Eduardo Sánchez, primer colombiano en hacer parte de la barra de abogados de la Corte Penal Internacional (CPI) y nuevo magistrado del recién creado Tribunal Especial de Paz (JEP). Según el jurista, hay dos puntos que juegan en contra de los intentos por hacer comparecer al srilanqués ante la justicia: como diplomático goza de inmunidad internacional a menos que la CPI lo requiera.

En Colombia, además, para que la Fiscalía haga efectiva una denuncia de este tipo debe mediar una solicitud del Procurador y que la persona señalada de violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) esté en territorio colombiano.

Lo cierto es que el diplomático cuestionado está en Sri Lanka protegido por su gobierno y es poco probable que vuelva a Colombia a cumplir sus funciones.

El abogado Ospina, de la CCJ, considera que ante las denuncias, el general se va a cuidar de salir al exterior, lo que lo hace un prisionero dentro de su país. “Aunque –agrega– hubiéramos preferido que estuviera bajo custodia en otra nación donde sí pueda ser juzgado”.

GERMÁN JIMÉNEZ LEAL
Subeditor de EL TIEMPO

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