Gobierno

¿Por qué no se ha aprobado la cadena perpetua para violadores?

El presidente electo Iván Duque abrió el debate, pero hay cuatro precedentes en los que no se logró.

Iván Duque

El presidente electo, Iván Duque, realizó en los últimos días una gira por España.

Foto:

Ballesteros / EFE

13 de julio 2018 , 11:16 a.m.

Que los violadores de niños sean condenados a cadena perpetua se ha propuesto en Colombia en muchas oportunidades, y siempre ha fracasado.

Y no es porque no haya habido casos lo suficientemente aberrantes. Los ha habido a menudo, pero las propuestas siempre han tropezado con obstáculos jurídicos. O inconveniencias políticas.

No tuvo la suficiente fuerza en 2008, cuando la entonces concejal por Bogotá Gilma Jiménez (Q.E.P.D) lideró uno de los proyectos que más lejos llegó, ante un país indignado por el caso del bebé de solo once meses que fue raptado, violado y asesinado por su propio padre, Orlando Pelayo, en Chía (Cundinamarca).

Ni tampoco en 2017, cuando la hija de Gilma Jiménez (heredera de la causa de su madre) Yohana, impulsó de nuevo la cadena perpetua luego de conocerse el aberrante caso de la violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní, de 7 años, a manos Rafael Uribe Noguera, en un barrio deprimido de Bogotá.

Siempre. Siempre las iniciativas de ese orden se han tropezado con la imposibilidad de su trámite en el Congreso.

Pero ayer el presidente electo, Iván Duque, dijo estar seguro de que no se irá del gobierno antes de que esta norma esté vigente y en aplicación.

¿Por qué no se ha podido?

Después del asesinato del bebé en Chía en 2008, Gilma Jiménez consiguió las firmas (más de dos y medio millones) necesarias para hacer la reforma vía referendo y logró la aprobación de la norma en el Congreso.

Pero cuando esta pasó a control constitucional, seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional votaron en contra del referendo porque tenía “vicios de trámite”, según explicó Mauricio González, presidente del alto tribunal en ese momento.

La Corte señaló que el vicio de trámite consistía en que el Congreso comenzó la discusión del proyecto sin contar con la certificación de que el dinero utilizado en la recolección de firmas no violó los topes de financiación.

Tras la negativa de la Corte Constitucional Jiménez llevó un nuevo proyecto de ley al Congreso. Este fue aprobado en sus primeros dos debates, pero no pasó el tercero en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde obtuvo 10 votos a favor contra 14.

En esa ocasión el representante Germán Navas explicó que “el texto fue sustancialmente modificado en el Senado con respecto a lo radicado en principio”. No hubo voluntad política para avanzar en su trámite.

En febrero de 2015, tras el asesinato en Florencia (Caquetá) de los cuatro hermanos Vanegas Grimaldo, de 4, 10, 14 y 17 años, el senador José David Name anunció que radicaría un proyecto de ley para condenar con cadena perpetua este tipo de delitos atroces. Sin embargo, Name nunca lo presentó.

Pero con el repugnante caso de Yuliana, Name, junto con la senadora Maritza Martínez, presentaron un proyecto para establecer la castración química contra violadores de niños. Sin embargo, esta iniciativa se terminó archivando.

Esa misma semana el senador Mauricio Lizcano presentó la Ley Yuliana, que buscaba “imponer cadena perpetua, sin rebaja alguna, para violadores de niños”. Pero esta corrió con la misma suerte que los intentos anteriores y se hundió por tiempos legislativos.

Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, intentó reactivar en 2017 la iniciativa de su madre por medio de un referendo impulsado por la indignación que generó el asesinato de Yuliana. Sin embargo, no logró recoger la cantidad de firmas necesarias.

Necesitaba 1,7 millones de firmas y solo consiguió 1,3 millones, pero igualmente las presentó al país frente al edificio Equus 66, donde Uribe Noguera cometió el crimen atroz.

Mirados todos los casos podría concluirse que, de fondo, ha faltado voluntad política para tramitar una iniciativa de este orden.

¿Por qué ahora sí?

Habría razones para pensar que esta vez, cuando el presidente electo, Iván Duque, se ha puesto al frente de este propósito y anunció que convocará a un referendo para cambiar la Constitución por esta vía y establecer la cadena perpetua para los violadores, sí podría resultar.

Por un lado, Duque tiene un mandato fresco y probablemente la coalición que lo acompañe podría sacarlo adelante.

La facultad que tiene el Presidente Duque para presentar el proyecto sin recurrir a las firmas (arículo 20 de la ley 1757 de 2015) también podría hacer más expedito el camino.

No obstante, lo que se ha visto en el Congreso en los anteriores casos es que los legisladores no confían plenamente en una iniciativa de estas, pues temen que haya condenados injustamente.

Además, este fue un tema de campaña de Duque y siente que es un compromiso suyo.

Si bien es cierto que la sociedad toda está de acuerdo en la necesidad de establecer severas medidas de protección a los menores, ha habido antecedentes de manipulación de los menores que podrían terminar con condenas injustas.

Razones jurídicas

“No me gustan ese tipo de iniciativas de populismo penal. Yo creo que las penas que contempla el código penal son suficientes. Lo que hay que evitar es que existan beneficios judiciales para quienes cometan esos delitos”, explicó Antonio Sanguino, senador electo por la Alianza Verde.

Expertos constitucionalistas señalaron que uno de los obstáculos principales serían los convenios internacionales de derechos humanos de los cuales el país es firmante. Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales, explicó que el artículo 93 de la constitución colombiana establece explícitamente que “los tratados ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos, prevalecen en el orden interno”.

En esa categoría aparece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “Los tratados internacionales sobre derechos humanos buscan progresividad, no regresividad. Si se adoptan medidas extremas, como la cadena perpetua, hay un fenómeno grande de regresividad”, destacó Kenneth Burbano, Director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.

Otro problema que subrayó Burbano es el examen de constitucionalidad que tendría que superar un referendo antes de ser votado. “La Corte Constitucional tiene toda una jurisprudencia referida al garantismo en materia de derechos. Definitivamente, condenas de este tipo no ofrecen ninguna garantía”, dijo.

Además agregó que las penas actuales contra violadores y asesinos de niños son suficientes, por lo cual concuerda con Sanguino en que lo que se debe hacer es “mantener penas altas sin beneficios, sin reducción de penas”.

En cambio, el representante a la Cámara Efraín Torres, del partido de la ‘U’, quien ha radicado varios proyectos en el Congreso buscando este mismo propósito, expresó su apoyo al anuncio hecho por Duque, pero le pidió que la iniciativa se tramitara a través de una reforma constitucional porque “un nuevo referendo sobre el tema sólo puede retomarse hasta el año 2019, pues el anterior fue iniciado en 2017 y según la ley deben pasar al menos dos años para inscribir un nuevo comité promotor”.

A diferencia de las dificultades que esta norma ha tenido para aprobarse en Colombia, en países como China, India, Siria, Corea del Norte y Vietnam existe la pena de muerte para los violadores de niños. En Perú y en Chile se estableció la cadena perpetua para casos graves de violación, como cuando la víctima es un menor de edad y muere producto del acceso carnal violento.

POLÍTICA

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