Gobierno

300.000 hectáreas ya han sido devueltas a víctimas del conflicto

La restitución de tierras llegó por primera vez a San Vicente del Caguán, santuario de las Farc.

Avanza la restitución de tierras a víctimas del conflicto300.000 hectáreas ya han sido devueltas.
Restitución de Tierras

OSWALDO ROCHA / Archivo EL TIEMPO

02 de mayo 2018 , 05:57 p.m.

Siete años después de haber sido creada la Unidad de Restitución de Tierras (URT) llegó a San Vicente del Caguán, el que fue por años uno de los santuarios de las Farc y ‘corazón’ de la zona de distensión, entre 1998 y 2002.

Allí la entidad devolverá esta semana un predio de 44 hectáreas a Efraín Pencue, quien fue despojado por las Farc en el 2012, por tener un hijo en el Ejército.

De esta manera ya son 300.000 las hectáreas que han sido entregadas a víctimas del conflicto, según la URT, para que pueda retornar a su territorio.

Esta será una de las entregas más significativas hasta ahora, pues implica llegar a un territorio que por años estuvo vedado para la institucionalidad y que pone en evidencia la llegada del posconflicto.

A la Unidad de Restitución han llegado hasta el momento 112.000 personas a reclamar por tierras que, según ellas, las abandonaran como consecuencia del conflicto.

“En este tiempo intervenimos 85.000 solicitudes, que corresponden al 77 por ciento del total de reclamaciones”, reveló Ricardo Sabogal, director de la URT.

En este tiempo intervenimos 85.000 solicitudes, que corresponden al 77 por ciento del total de reclamaciones

De acuerdo con la entidad, hasta el momento se han identificado 1’012.000 de hectáreas con problemas, es decir terrenos en los que un actor armado obligó al dueño a abandonarlo.

El asunto no es de poca monta. La lucha por la tierra fue uno de los factores fundacionales de las Farc, el mayor despojador de tierras (40 por ciento de los casos) y sobre este recurso cabalgó su accionar armado.

Tanto es así que el primer punto de acuerdo al que llegaron el Gobierno y las Farc en La Habana fue el de desarrollo rural integral, el cual busca “la transformación del campo y crea las condiciones de bienestar y buen vivir” en el campo.

El despojo de tierras ha sido por años una de las estrategias más usadas por los grupos ilegales para hacerse con el control de la producción de droga y para aumentar su poderío económico. Las tácticas: usar testaferros, falsificar escrituras, amenazar y extorsionar a campesinos y ganaderos, entre otras.

La restitución de tierras inició hace siete años, con la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una normativa enmarcada en los principios de la justicia transicional, como el primer paso para la consecución de la paz y el desarrollo del campo, lo que se acentuó con el fin del conflicto con las Farc.

Los avances son notorios pero, como reconoce Sabogal, aún falta avanzar en territorios como el Catatumbo, el bajo Cauca, el Urabá antioqueño y Nariño, donde la reparación a las víctimas se ha dificultado.

Tres son las razones más complejas por las cuales en algunas zonas del país la restitución no avanza a pasos agigantados.

Sembrados de coca

El primero tiene que ver con la imposibilidad de restituir los territorios que hoy están sembrados con coca, por la presencia de los actores armados de todo tipo que libran cruentas luchas por hacerse con el control del narcotráfico y de mantener su territorio.

De hecho, hace apenas menos de un mes, en el corregimiento El Tomate, de San Pedro de Urabá, Antioquia, durante una inspección a un predio que iba a ser restituido, fueron asesinados ocho policías que acompañaban a funcionarios de la URT y a un juez que hacía inspección a este predio.

A esto se suman los vericuetos jurídicos que debe sortear la justicia para desenredar la maraña que supone la propiedad en Colombia, un tema tan complicado que incluso los predios muchas veces se demoran en ser entregados más por la dificultad de elaborar los informes topográficos que por la disputa judicial.

Uno de los énfasis de la restitución es que no solo se le entregue el predio al afectado sino que el Gobierno apoye el desarrollo de estos terrenos con asesoría técnica y proyectos productivos. En este aspecto, según informes gubernamentales, se han invertido hasta el momento 140.000 millones de pesos.

Este es un proceso complejo, que toca callos, que dirime derechos de propiedad y eso implica un debido proceso

“Este es un proceso complejo, que toca callos, que dirime derechos de propiedad y eso implica un debido proceso”, aseguró Sabogal, quien aclaró que “si quisiéramos hacer la tarea de manera mucho más rápida, pues obviamente que si ponemos más jueces, el proceso va a marchar mucho más rápido”.

Dar celeridad a un proceso que es la viva muestra de la puesta en marcha del posconflicto, pero que, como es natural, tiene enemigos al acecho, es uno de los retos. El principal: no permitir que la tierra sea nuevamente factor de violencia.

JAVIER FORERO ORTIZ
POLÍTICA
gerfor@eltiempo.com

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