Política

‘Generar leyes no es suficiente para acabar la corrupción’

El Gobierno alista mecanismos para prevenir este flagelo. 

Liliana Caballero

Liliana Caballero, directora de la Función Pública.

Foto:

Claudia Rubio / EL TIEMPO

18 de julio 2017 , 11:21 a.m.

Hacer que los funcionarios corruptos sientan vergüenza y una amplia presión social sobre su espalda por sus malas actuaciones puede ser más efectivo para combatir la corrupción que una elevada pena de cárcel.

Así lo aseguró, en diálogo con EL TIEMPO, Liliana Caballero, directora del Departamento Administrativo para la Función Pública, organismo encargado de analizar la gestión de los funcionarios del Estado.

Se refirió al fenómeno de la corrupción que ha permeado el sector público y los mecanismos para combatirlo, entre los que se incluye un código de integridad para los funcionarios del Estado. 

¿Por qué se están presentando casos de corrupción que involucran a servidores públicos?

El país se ha empeñado en lucha contra la corrupción, en propiciar la transparencia y el buen gobierno y para eso han expedido una gran cantidad de normas disciplinarias, fiscales y penales que involucran sanciones a los hechos de transparencia o corrupción a cualquier nivel. Hay muchos instrumentos para propiciar la transparencia.

Sin embargo, todo esto no ha ayudado a que mejore la percepción que hay frente a los servidores públicos ni a que se eliminen las malas conductas. Pero también hay que tener claro que de los 1.200.000 servidores públicos con los que cuenta el Estado la mayoría son comprometidos, honestos, que trabajan por la ciudadanía.

¿Qué está pasando al interior del sector público?

Los propios funcionarios reconocen que en muchas casos que lo que hay es una ausencia de valores.

¿Qué se está haciendo para combatir eso?

Estamos estableciendo mecanismo de autorregulación. Por ejemplo, pensando en eso les pedimos a los mismos servidores públicos que nos contaran cuáles creían que eran los valores que debían acompañar su labor. Y los valores que fueron seleccionados fueron el respeto, la honestidad, el compromiso, la diligencia y la justicia. Seleccionados estos valores desarrollamos lo que hemos llamado el código de integridad.

Este no es un código más, no es una ley, no es un documento largo. Es simplemente una metodología que busca que los servidores y los ciudadanos identifiquen en las actitudes cotidianas dónde están esos valores y cómo se fortalecen. Buscamos incrementar el rechazo social para que culturalmente todos los hechos de corrupción generen una sanción social que es tan importante.

¿Es más fuerte la sanción social que las penas judiciales?

Es muy importante que se integre la ley con la cultura y la moral. Generar leyes o sanciones no es suficiente para acabar la corrupción sino que lo más importante es que se rechacen las malas actuaciones y que a su vez se reconozcan las buenas acciones. Sentir vergüenza por los malos actos que uno comete es uno de los peores castigos.

¿Cómo se aplica esa sanción social en el código de integridad que crearon?

La idea es hacerle entender a los ciudadanos de la importancia del trabajo que hacen los servidores públicos: soldados, policías, maestros. En cualquiera de las familias colombianas hay un servidor público y nadie asocia a su familiar con alguien corrupto. Lo más importante es enaltecer a estas personas. Detrás del servicio que presta el Estado hay una gran cantidad de servidores públicos comprometidos. Debemos aprender a rechazar lo malo y a reconocer lo bueno.

¿Qué pasa cuando algún funcionario falta a alguno de los principios del código?

Tenemos muchas normas que tipifican conductas que generan sanciones disciplinarias, fiscales y penales y siempre las normas establecen la sanción que esto genera. Lo que nosotros buscamos es la autorregulación por parte de los servidores públicos. Lo que buscamos es que haya un cambio cultural de la concepción negativa que hay de los servidores públicos.

Pero los casos de corrupción se siguen presentando…

Esos casos me parecen muy lamentables. Es muy importante que la ciudadanía reconozca que no somos perfectos, que esto no se modifica sólo con normas. Está bien que nos rasguemos las vestiduras con los hechos de corrupción pero que también reconozcamos que estamos en un estado derecho que sanciona ese tipo de conductas.

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