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Política

Ex-Farc tendrían que ir a la JEP antes asumir en el Congreso

El ministro del Interior, Guillermo Rivera (cen.), dialoga con Roy Barreras (der.), de ‘la U’, y Carlos F. Galán, de Cambio Radical, ayer en debate sobre JEP.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera (cen.), dialoga con Roy Barreras (der.), de ‘la U’, y Carlos F. Galán, de Cambio Radical, ayer en debate sobre JEP.

Foto:Carlos Ortega / EL TIEMPO

El Gobierno aceptó esta modificación en proyecto de ley que reglamenta esta justicia especial.

El Gobierno tuvo que aceptar, a marchas forzadas, un nuevo cambio en el acuerdo de paz: que los exguerrilleros de las Farc, para posesionarse como congresistas, tendrán que acudir antes a la justicia para los actores de la guerra.
La modificación se dará en el proyecto de ley que reglamenta este modelo de justicia transicional, el cual tuvo un asomo de crisis el miércoles pasado por causa del las reservas del Partido Conservador en el Senado, donde se tramita la norma.
Precisamente, la oposición conservadora al proyecto de ley, la cual forzó que se levantara la sesión del Senado el miércoles pasado por falta de votos, fue la que obligó al Gobierno a ceder en este punto y tuvo que aceptar la modificación que se llevará al pleno de la corporación.
Llegar a este acuerdo entre el Gobierno y la bancada conservadora llevó parte de la mañana del jueves. Mientras la plenaria del Senado discutía en el recinto de la corporación a ritmo lento, el vocero ‘azul’, Juan Diego Gómez, y los senadores Nidia Marcela Osorio y Samy Merheg se reunieron con los ministros del Interior, Guillermo Rivera, y de Defensa, Luis Carlos Villegas, y otros asesores del Gobierno para poner fin a la crisis del miércoles.
La negociación, que se realizó en la presidencia del Senado, no fue fácil. Constantemente los asesores del Gobierno realizaron consultas telefónicas para determinar hasta dónde el Gobierno podía ceder y en dónde tenía que poner la línea roja.
Hacia el mediodía hubo humo blanco, y los conservadores arribaron al pleno del Senado para participar de las votaciones que se hicieron del proyecto de ley. Esta fue la prueba de que se había alcanzado un acuerdo.
Según lo pactado, un mes después de que se posesionen los magistrados de la justicia especial de paz se habilitará la Sala de Verdad y Reconocimiento de ese tribunal, a la cual deberán acudir los exguerrilleros que sean elegidos como congresistas el próximo 11 de marzo.
Esta será la puerta de entrada de los candidatos de las Farc a la justicia y será suficiente para que los elegidos puedan asumir sus curules en el Congreso, el próximo 20 de julio.
“Con esto permitiríamos que (los exintegrantes de las Farc) participen en las elecciones y permitiríamos que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) antes del 20 de julio, que es cuando deben tomar posesión de sus curules”, explicó Rivera.
Pero esta modificación del proyecto de ley y de lo acordado en La Habana todavía genera algunas dudas, y una de las principales se refiere a los tiempos en que se llevará a cabo este proceso para que los excombatientes se presenten a la JEP y puedan asumir como congresistas.
Para que los magistrados de la JEP se posesionen y comience a correr el mes para habilitar la Sala de Verdad y Reconocimiento, primero debe sancionarse el proyecto de ley, que apenas se tramita.
Y para que la iniciativa reciba la sanción presidencial, primero debe ser revisada por la Corte Constitucional, ya que se trata de una ley de carácter estatutario y nadie sabe con certeza cuánto tiempo se tome el alto tribunal en ese estudio.
En las cuentas del Gobierno, la Corte Constitucional debería darle la bendición a la ley a comienzos del próximo año, pero la Corte puede tomarse más tiempo y todos los plazos se correrían.
En otras palabras: si el 20 de julio del próximo año, cuando los excombatientes se deben posesionar en sus curules en el Congreso, la Corte Constitucional no le ha dado su visto bueno al proyecto, los elegidos por las Farc no podrán asumir como legisladores.
La otra duda es qué pasa si un exintegrante de las Farc como Iván Márquez, por ejemplo, debe dejar su curul en el Senado en caso de ser condenado a una pena alternativa de entre cinco y ocho años en la justicia especial de paz.
Una fuente cercana al acuerdo de paz sostuvo que la permanencia de los excombatientes en el Congreso luego de ser condenados sería discrecional del juez de la justicia para la paz que imponga la pena.
Pero la búsqueda de acuerdos para salvar la justicia para la paz va más allá. El Gobierno y líderes del liberalismo y ‘la U’ –los partidos más leales de la coalición– examinaban anoche la posibilidad de aceptar propuestas de Cambio Radical, para tratar de sumarlo a un “nuevo consenso” y salvar la Jurisdicción para la Paz, dijo el senador Roy Barreras.

No salió la jugada uribista contra JEP

El Senado negó la votación, una por una, de las 159 proposiciones que el senador José Obdulio Gaviria presentó en nombre del uribismo para hundir el proyecto de ley que reglamenta la justicia especial para la paz.
De haberse aprobado la propuesta de Gaviria, el debate sobre este proyecto, considerado la columna vertebral del proceso de paz, habría tomado días o tal vez semanas, con riesgo claro de fracaso.
Para algunos sectores del Congreso, la intención del congresista era hundir la iniciativa mediante un recurso de procedimiento.
El pleno de la corporación acogió la propuesta del ponente, Horacio Serpa (Partido Liberal), de votarlas en bloque, para apurar su trámite.
Lo ocurrido representa un fracaso del uribismo en su propósito de atravesársele al proyecto.
POLÍTICA
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