Congreso

La comida chatarra gana la batalla, por ahora

Proyecto de ley para que productos indiquen sus riesgos llegó a la Cámara vacío: no habrá etiquetas.

Comestibles envasados en Chile

Los comestibles envasados en Chile deben tener etiquetas con su composición nutricional.

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Ministerio de Salud de Chile

23 de junio 2018 , 07:57 p.m.

La lucha contra la obesidad infantil se ha convertido en una preocupación mundial. En los últimos 40 años, el número de niños con sobrepeso en el mundo se ha multiplicado por diez y cada año causa la muerte de más de 2,8 millones de personas por enfermedades asociadas, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Colombia, la cifra también ha alcanzado carácter de epidemia: el 24,4 por ciento de los menores entre los 5 y los 12 años padecen sobrepeso y más de la mitad de los hogares colombianos tienen un acceso insuficiente e inadecuado a los alimentos necesarios para una vida saludable. Es lo que se desprende de la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin), realizada en 2015 por el Ministerio de Salud, los institutos Nacional de Salud y de Bienestar Familiar y Prosperidad Social, y publicada hace un año.

A pesar de los datos alarmantes, los productos alimenticios en Colombia seguirán sin incluir, por el momento, un etiquetado especial que alerte sobre la presencia excesiva de azúcares, sodio y grasas saturadas en ellos, nutrientes nocivos para la salud en altos porcentajes. Una medida que contemplaba el proyecto de ley conocido coloquialmente como ‘ley de comida chatarra’, cuyo objetivo era el de reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados y dar información al consumidor sobre lo que se lleva a la boca cada vez que come o bebe.

A principios de mes, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto, pero “modificó al extremo los artículos significativos que lo fundamentaban”, entre ellos, el del etiquetado, contó a EL TIEMPO Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, una de las organizaciones detrás de la iniciativa.

Este último punto era “la columna vertebral” de la ley, cuenta Piñeros, la cual también pretendía regular la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a los más pequeños. Un estudio realizado el año pasado por la Universidad Javeriana y la de Carolina del Norte, Estados Unidos, evidenció que los niños son los principales destinatarios de los contenidos publicitarios de productos de consumo masivo, con una exposición que duplica la de los adultos.

En cuanto al etiquetado, la idea era reproducir el modelo vigente en Chile desde hace dos años, donde todos los alimentos industrializados van acompañados en su parte frontal de sellos octogonales negros en los que se advierte de forma explícita sobre su alto contenido en sal, azúcares y grasas saturadas.

Actualmente, en Colombia se emplea el etiquetado GDA, que solo incluye en el envase el porcentaje en el que están presentes los nutrientes que configuran el producto.

Según una encuesta del 2018 realizada por Red PaPaz y Vital Strategies sobre una muestra de 1.175 adultos entre los 18 y los 60 años, el 70 por ciento de ellos indicaron que no entienden las etiquetas de los alimentos. El 87 por ciento dijo, además, que estos distintivos no permiten identificar si el producto es bueno o no para la salud.

Para la directora de Red PaPaz, parte de la culpa de que el proyecto de ley haya quedado vacío en contenido tiene que ver con la acción de la industria de alimentos y los cabilderos. “Hubo mucha presencia de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) y la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) durante la plenaria y lograron que en la última sesión se tumbara el cuerpo de la ley. Se han opuesto a una medida de salud pública”, dice.

Desde las cámaras de la Industria de Alimentos y de la Industria de Bebidas de la Andi afirman a este diario que están a favor de que los consumidores reciban información clara, veraz y suficiente para tomar decisiones de consumo. No obstante, indican, “no parece adecuado que sea una ley la que defina de forma inamovible cómo se debe dar esa información”, y añaden que “el proyecto contiene varias aseveraciones que no son respaldadas con fundamentos científicos ni responden a las prácticas regulatorias para alimentos y bebidas de la OMS”.

Los niños son los principales destinatarios de los contenidos publicitarios de productos de consumo masivo, con una exposición que duplica la de los adultos

Para la Andi, existe un error de fondo: “asumir que la causa del sobrepeso radica principalmente en el consumo de alimentos industrializados, sin tener en cuenta que el origen de la obesidad es multifactorial (dieta, sedentarismo, nivel socioeconómico, políticas públicas, etc.)”.

Un problema de raíz

Los esfuerzos por mejorar los índices de salud en Colombia no son nuevos. En los últimos años, el sobrepeso se ha convertido en una de las principales causas de enfermedades no trasmisibles entre la población adulta, y esto se traduce en un aumento de la carga económica que debe asumir el sistema de salud público al año, más de 20 billones de pesos según estimaciones del McKinsey Global Institute.

Un estudio de la Ocde, publicado en la revista ‘The Lancet’ en 2010, estimó que por cada dólar invertido en prevención y promoción de estilos de vida saludable se recuperarían 20 en gastos médicos que podrían evitarse.

La realidad, dicen los expertos, es que en el país todavía no existe una política pública sólida de prevención de la obesidad. Para Liliana Ladino, nutricionista y docente investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad El Bosque, esta falta de normatividad incide directamente en el aumento de casos de la obesidad en los últimos años.

En 2009 se promulgó la Ley 1355, más conocida como ley de la obesidad, que reconoce esta enfermedad como un problema de salud pública y promueve hábitos de vida saludables. Sin embargo, advierten estas mismas fuentes, la norma ha demostrado ser insuficiente.

En 2015, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, propuso aplicar un impuesto del 20 por ciento a las bebidas azucaradas y los refrescos, el cual debía someterse a votación en el Congreso a finales del año pasado. En esta línea, la organización Educar Consumidores inició una campaña que incluía un anuncio en televisión para advertir de los riesgos de ingerir estos productos. La reacción del principal representante de la industria en el país no se hizo esperar y la organización fue demandada frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, que ordenó retirarlo.

Coincidencia o no, el Gobierno no logró incluir la medida del impuesto en la reforma tributaria. En cambio, la Corte Constitucional le dio la razón a Educar Consumidores: estar informado sobre los efectos en la salud de las bebidas azucaradas es un derecho de los ciudadanos.

Para Ladino, cualquier modelo de prevención de las enfermedades asociadas con la obesidad es positivo. Sin embargo, añade, estás iniciativas deben ir acompañadas de pedagogía. “Si no se educa a la gente para entender los riesgos que conllevan ciertos alimentos para la salud, no sirve de nada. Para mí sería suficiente con el sistema de etiquetado que tenemos actualmente si la población supiera leerlo. Pero no es así, y es un problema que empieza en los colegios y en las malas decisiones que toman las familias respecto a la alimentación de sus hijos”, concluye.

El hito chileno

La propuesta de incluir un etiquetado especial en los alimentos fue presentada en 2014 por la OMS como parte de una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de obesidad. La medida afecta principalmente a los productos ultraprocesados, como aceites para freír, snacks, congelados, sopas y salsas preparadas, alimentos precocinados y la llamada comida chatarra (hamburguesas, perros calientes, pollo frito, papas fritas…), además de las gaseosas

Uno de los pocos países que han adoptado esta medida es Chile. Desde 2016 todos los productos industrializados llevan un sello –o varios– que advierte de la alta concentración de azúcares, grasas saturadas y sodio. Pero la propuesta va más allá: desde hace dos años está prohibida la venta de estos alimentos en los colegios y se ha restringido su publicidad en medios durante ciertas horas del día. Las empresas se han visto obligadas a reformular sus paquetes para no tener ningún distintivo que busque atraer a la población infantil.

Un ejemplo: la compañía de cereales Kellogg’s tuvo que deshacerse de la caricatura del famoso tigre en los paquetes de Zucaritas para poder comercializarlo. Asimismo, se vetó la venta de dulces como el Kinder Sorpresa que incluyen “anzuelos” para captar su atención. Gracias a ello, y de acuerdo con el Gobierno chileno, el 66 por ciento de los ciudadanos han cambiado sus hábitos de alimentación.

JULIA ALEGRE BARRIENTOS
Redacción Domingo
En Twitter: @JuliaAlegre1

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