Congreso

Tribunal de aforados, una propuesta con poco apoyo en el Congreso

El Gobierno busca crear esta nueva instancia, que juzgaría a los magistrados y al Fiscal General.

Comisión Primera de la Cámara

El tribunal de aforados hace parte de la reforma política que se discute en la Comisión Primera de la Cámara.

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Abel Cárdenas / EL TIEMPO

03 de septiembre 2017 , 11:30 p.m.

Aunque la irritación del país por los supuestos actos de corrupción en la justicia parece estar más viva que nunca, la idea de crear una comisión de aforados para investigar a los magistrados de las altas cortes no parece tener el apoyo necesario en el Congreso para ser una realidad.

La semana pasada, el Gobierno empezó a mover la idea en el Legislativo y propuso incluir la creación de esta nueva instancia en la reforma política, la cual atraviesa su primero de cuatro debates, en la Comisión Primera de la Cámara.

Entre las motivaciones principales para fomentar esta propuesta están las investigaciones que la Comisión de Acusación de la Cámara adelanta contra dos exmagistrados de la Corte Suprema por presuntamente pedir sobornos a cambio de fallos judiciales.

Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos están siendo objeto de indagación en la célula congresional, que busca determinar si pidieron dinero a los congresistas Musa Besaile y Hernán Andrade y al exsenador Luis Alfredo Ramos a cambio de favorecerlos con sus decisiones.

Este punto de arranque de la propuesta parecía inmejorable. Y el apoyo del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, cuya dignidad también estaría en la órbita de este nuevo tribunal, pareció ser otro punto a favor de la idea, conocida la semana pasada.

Adicionalmente, los magistrados que integrarán la justicia especial de paz también fueron incluidos como objeto de investigación de esta comisión de aforados, tratando de enlazar la propuesta directamente con el proceso de paz.

La idea es que este nuevo órgano esté compuesto por cinco magistrados, cuyos requisitos serían los mismos que se exigen para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Estos togados tendrían periodos de ocho años, “sin posibilidad de reelección”, y saldrían de ternas confeccionadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil “y las facultades de derecho que cuenten con una acreditación de alta calidad en Colombia”.

Sin embargo, y no obstante las buenas intenciones de sus promotores, la propuesta no parece tener ni la simpatía ni el apoyo necesarios en el Congreso para salir adelante.

Entre los motivos principales que argumentan varios congresistas están que esta comisión de aforados ya fue creada en una reforma constitucional anterior (equilibrio de poderes, que se terminó de tramitar en el Congreso a mediados de 2015) a la que la Corte Constitucional le cerró el paso y hundió su creación.

Altas cortes

El primero en pronunciarse sobre el tema fue el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Para el congresista conservador, “antes de cualquier avance en la comisión de aforados hay que sentarse a hablar con las altas cortes sobre ese tema”.

Para el presidente de la Cámara e integrante de la Comisión Primera –en donde se votaría este lunes la propuesta–, Rodrigo Lara, “no es fácil” que la creación de una comisión de aforados prospere en el Congreso, ya que “la norma anterior fue declarada inconstitucional”.

“Es necesario revisar si es factible justificar la conexidad de esta idea con los acuerdos de paz, dado que se trata de un proyecto del procedimiento legislativo especial. Pienso que vale la pena hacer el esfuerzo”, afirmó Lara.

La representante a la Cámara por Alianza Verde Angélica Lozano, quien fue la primera que puso sobre la mesa –de nuevo– la creación de esta instancia, defendió su idea.

Según ella, la propuesta busca crear un sistema de enjuiciamiento de los altos aforados “que permita el esclarecimiento de la verdad, el imperio de la justicia y el control efectivo y eficiente a los aislados pero graves actos de corrupción que algunos miembros del poder judicial han cometido”.

Por el lado del uribismo, la idea no pasa de ser “oportunismo político”, como lo dijo el representante a la Cámara Edward Rodríguez.

“Es que esa comisión ya se propuso, y la Corte Constitucional dijo que era sustitución de la Constitución, entonces no creo que ese alto tribunal vaya a fallar diferente”, afirmó Rodríguez.

Este lunes, la Comisión Primera de la Cámara retomará el estudio de la reforma política, y se espera que la propuesta de crear una comisión de aforados se debata y se sepa si avanzará o no en el Congreso.

La iniciativa ha suscitado fuertes y extensas discusiones en el Legislativo, pues toca temas sensibles como la financiación de las campañas y contempla modificaciones de la organización electoral.

Reforma política, cerca de superar su primer debate

La reforma política no la ha tenido fácil en el Congreso. Durante ocho sesiones, la Comisión Primera de la Cámara ha debatido y votado la iniciativa, en medio de agudas discusiones.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos que han surgido, se espera que este lunes se logre terminar de tramitar el proyecto en su primer debate. La discusión en la Comisión Primera de la Cámara se iniciará a eso de las 9 de la mañana.

El propósito de la norma, proveniente del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las Farc, es depurar la política, corregir problemáticas como los altos costos de las campañas y permitir que nuevos movimientos políticos puedan avalar candidatos en las elecciones.

Durante el trámite de la iniciativa se aprobó un primer eje, calificado por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, como la “médula” del proyecto: es el que habilita a los movimientos políticos para que presenten candidatos cuando acrediten un mínimo de afiliados.

A este se suma el bloque referente a la financiación de los partidos políticos, uno de los temas más espinosos de la iniciativa.

En este sentido, lo más novedoso es que se aprobaron los anticipos a las campañas al Congreso, los cuales hasta ahora solo existían para las presidenciales.

Un tercer bloque lo constituyen los cambios en el Consejo Nacional Electoral, que a partir de la aprobación de la norma se llamará Consejo Electoral Colombiano y cuyos integrantes serían elegidos por el Congreso en pleno, de ternas que postularían los decanos de las facultades de derecho más “acreditadas”.

En la discusión de esta iniciativa han participado no solo congresistas, sino actores de los órganos de control.

Prueba de ello es que, ante los reclamos de la Procuraduría y la Contraloría, se eliminó la disposición que indicaba que las inhabilidades que imponían estos órganos de control a quienes quisieran inscribirse como candidatos debían ser confirmadas por el Consejo de Estado.

El tema pendiente es el de las listas cerradas a corporaciones públicas como el Congreso, las cuales habían sido planteadas inicialmente a partir del 2019, pero podrían adelantarse para el 2018.

La discusión de este proyecto se da en momentos en que los partidos muestran en las encuestas un elevado desprestigio.

Incluso, hay quienes han señalado que varios de los aspirantes presidenciales se han decidido por la recolección de firmas para marcar distancia de los problemas de corrupción en los que están relacionadas sus colectividades.

POLÍTICA

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