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El Estatuto de la oposición en Colombia ¿un saludo a la bandera?

Tras una espera de veintiséis años, el Congreso de la República aprobó el Estatuto de la oposición.

Misión Electoral Especial

La discusión de una herramienta de espíritu pluralista como el Estatuto se realizó por medio de un mecanismo de sospechosa calidad democrática: el fast track.

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Juan Manuel Vargas - Archivo / EL TIEMPO

02 de mayo 2017 , 05:03 p.m.

Tras una espera de veintiséis años, el Congreso de la República aprobó el Estatuto de la oposición. Una medida política y jurídica que promete más efectos simbólicos que reales.

Tres paradojas saltan a la vista con la histórica aprobación del Estatuto de la oposición. En primer lugar, la desidia de la Rama Legislativa en el trámite de esta norma tuvo que solventarse con un acuerdo de paz entre el Gobierno y un grupo insurgente para que se convirtiera en una realidad.

En segundo lugar, su trámite y aprobación no contó con el apoyo del Centro Democrático, principal fuerza opositora al gobierno de Juan Manuel Santos. En tercer lugar, la discusión de una herramienta de espíritu pluralista como el Estatuto se realizó por medio de un mecanismo como el fast track.

Con respecto al contenido del Estatuto de la oposición habría que señalar dos aspectos importantes. Por un lado, logró recoger las preocupaciones de los anteriores proyectos que se presentaron en las últimas décadas y que, en esencia, se podrían resumir en el acceso a los medios de comunicación social del Estado, acceso a la información y a la documentación oficial, mayor participación de los grupos opositores en las mesas directivas de las corporación públicas de elección popular y el derecho de réplica.

Por otro lado, propone mecanismos novedosos como la financiación adicional para el ejercicio opositor, la extensión de los derechos a grupos opositores en distintos niveles territoriales, la creación de una Procuraduría delegada para los derechos de la oposición, el reconocimiento a los grupos independientes no opositores, los debates sobre los planes de desarrollo y la seguridad para los grupos que se declaren en oposición.

También contiene otra serie de disposiciones curiosas difíciles de clasificar como el día de la oposición, la pérdida de los derechos de la oposición o la participación de un representante opositor en la Comisión de Relaciones Exteriores.

No cabe duda que la aprobación jurídica de una herramienta de alta democracia como el Estatuto de la oposición en Colombia puede leerse de manera optimista en el contexto actual ya que salda una preocupación histórica de las agrupaciones de izquierda democrática que desde el origen de la propuesta -surgida en el marco de las reformas políticas de Betancur y aupada en el artículo 112 de la Constitución en 1991- vieron una garantía necesaria para su ejercicio político.


También llega como un resultado veloz en medio del lentísimo proceso de implementación de los Acuerdos entre el Gobierno y las Farc. Si bien el alcance y la efectividad del Estatuto están por verse, una palmada en la espalda los mecanismos democráticos en Colombia no viene mal: es mejor que exista el Estatuto a que siga siendo una asignatura pendiente.

Sin embargo, hay dos aspectos en los que esta nueva herramienta jurídica parece no cubrir: las dinámicas de intolerancia con respecto al ejercicio opositor en Colombia, incubadas en décadas de prácticas de transacción política y gobiernos de cohabitación para debilitar a los opositores. Baste recordar en las últimas dos décadas a los opositores democráticos a los gobiernos de turno se les ha llamado “guerrilleros vestidos de civil” o descalificado con frases como: “tenemos una oposición violenta, virulenta, una oposición que no tiene límites”.

También habría que subrayar que el Estatuto está pensado para las agrupaciones que participan dentro del sistema de partidos y obtengan representación en las corporaciones públicas de elección popular, lo que deja al margen a otros grupos políticos, sociales y comunitarios que –infortunadamente- son un blanco fácil para las mafias.

ANDRÉS FELIPE AGUDELO GONZÁLEZ
​Profesor de Ciencias Políticas
Universidad de La Sabana

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