Congreso

Iniciativas claves, represadas en el Congreso

Ausentismo y prioridad en temas de paz tienen al Legislativo a paso lento.

Iniciativas represadas en el Congreso

La reducción del Congreso es una de las iniciativas que tiene represada el Legislativo.

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Mauricio León / EL TIEMPO

06 de noviembre 2017 , 12:39 p.m.

Alrededor de 170 iniciativas (entre proyectos de ley y actos legislativos) que hacen trámite en el Congreso están hoy represadas por cuenta del ausentismo parlamentario y de la priorización de proyectos para la implementación de la paz.

El compromiso del Legislativo en estos últimos meses era concentrarse en sacar adelante los proyectos tramitados por ‘fast track’ (o vía rápida), que desarrollan lo acordado entre el Gobierno y las Farc en La Habana, pero la inasistencia de los congresistas no ha dejado avanzar ni siquiera esos proyectos.

En consecuencia, hay otras propuestas ajenas al tema de la paz, que también están rezagadas en el Capitolio. En este momento hay 158 proyectos de ley y 10 de acto legislativo ordinarios, presentados entre 2016 y 2017, que hacen cola para ser debatidos. Iniciativas para proteger a los menores de edad de los abusadores, regular el maltrato animal, endurecer las penas sobre violencia intrafamiliar, atender a víctimas con ácido, entre otras, están en la larga lista de espera.

A estas se le suman los proyectos que buscan crear políticas sociales para comunidades afros, en condición de discapacidad y vejez. Algunas de estas iniciativas ni siquiera han tenido su primer debate en el Legislativo.

Los últimos meses, el Congreso aprobó temas de importancia como el acto legislativo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero no se ha podido avanzar en el trámite de la ley que reglamenta esa instancia que habrá de juzgar a los actores del conflicto. Tampoco la reforma política, y el ‘fast track’ termina en menos de un mes.

El represamiento de toda la agenda legislativa se debe en gran medida a la ausencia de los congresistas, que por la cercanía del debate electoral y las tensiones políticas propias del momento dejan de asistir con disciplina a las sesiones.

Generalmente, los últimos meses de su periodo los congresistas pasan más tiempo en sus regiones buscando votos que pensando en sacar adelante proyectos de ley. Hace dos semanas, el presidente Congreso, el conservador Efraín Cepeda, les pidió a sus compañeros que “si no están de acuerdo con un proyecto que voten negativo, pero que acudan al Senado, pues el mandato de los ciudadanos no es estar ausentes”.

El Gobierno también, en diversos tonos y maneras, ha conminado al Congreso a que tramite las leyes y actos legislativos pendientes. De hecho, a partir de esta semana el Senado y la Cámara trabajarán hasta los días jueves o viernes, pero aún así no será suficiente para debatir todos los proyectos estancados.

1. Fondo de recursos para Buenaventura

Luego del acuerdo para levantar el paro cívico que se prolongó por más de tres semanas en Buenaventura, Valle del Cauca, el Gobierno se comprometió a gestionar recursos destinados especialmente para el puerto.

Se trata del proyecto de ley presentado en julio de este año por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el cual pretende crear un “fondo para el desarrollo integral del distrito”.

Esta iniciativa apenas ha superado el primero de cuatro debates en el Congreso.

El proyecto busca que se destinen recursos por los próximos 10 años para el desarrollo industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura.

De acuerdo con el texto, los recursos salen del presupuesto general de la Nación, aportes de las autoridades locales y donaciones.

El proyecto también establece las condiciones para el manejo de los recursos.

2. Prohibir uso de asbesto

Este proyecto de ley busca prohibir la producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquier variedad de asbesto en Colombia, con el ánimo de prevenir las enfermedades producto de esta fibra.

Las sanciones para quienes usen o comercialicen este material, según el texto de la iniciativa, van desde los 100 hasta los 200 salarios mínimos mensuales; es decir, entre 74 y 148 millones de pesos.

Para las industrias que dependan del uso de esta fibra se contempla un régimen de transición de cinco años a fin de sustituir el uso de este material por otros productos menos nocivos para la salud.

La iniciativa fue aprobada en octubre de este año en primer debate en la Comisión Séptima del Senado, pero aún le falta un debate en esta corporación y dos más en la Cámara de Representantes.

3. Reducción del Congreso

La iniciativa, de autoría del senador del Centro Democrático Alfredo Ramos Maya, busca reducir en por lo menos un 20 por ciento el número de congresistas.

Para lograrlo, se propone disminuir de 268 a 197 el número de legisladores, pero “sin perder representación regional”.

De esta manera, se pasaría de 102 senadores a solo 74 y de 166 representantes a la Cámara a 123.

La reducción de 71 escaños generaría un ahorro fiscal anual de 110.000 millones de pesos.

Aunque fue radicado desde agosto de este año, el proyecto de acto legislativo ni siquiera ha recibido el primer debate, por lo que es inminente su hundimiento.

Este año, el salario mensual de los congresistas ascendió a 29’814.872 pesos.

Adicionalmente, cada legislador tiene derecho a 50 salarios mínimos mensuales (cerca de 37 millones de pesos) para pagarle a su equipo de trabajo. A esto se suman los gastos de pasajes aéreos y vehículos.

4. Registro de abusadores de menores de edad

El proyecto busca crear un registro nacional de personas condenadas por delitos contra la “libertad, integridad y formación sexual” de niños.

En el registro de abusadores de menores “se consignarán los nombres, apodos, seudónimos o sobrenombres, si los tuviera; una foto actualizada, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de documento y el domicilio” de la persona que haya sido condenada por delitos contra ellos.

De acuerdo con la iniciativa, de autoría del representante a la Cámara Eloy Chichi Quintero, quienes se encuentren en este registro no podrán ejercer cargos u oficios en ámbitos educativos, de cuidado, custodia, de transporte escolar o de formación pública o privada que involucren una relación directa y habitual con menores de edad en cualquiera de sus grados.

Aunque el proyecto fue radicado en agosto de 2016, más de un año después aún está pendiente de surtir sus dos debates en el Senado para convertirse en ley.

5. Protección a los animales

El proyecto de ley presentado por la senadora conservadora Nadia Blel establece medidas especiales de protección para los animales.

Entre otras medidas plantea multas a quienes, teniendo conocimiento de conductas de crueldad, no las reporten a las autoridades.

Establece, además, que los animales aprehendidos por maltrato grave no serán devueltos a su propietario.

Aunque el proyecto fue radicado en octubre de este año, aún no ha sido enviado a discusión en el Senado.

La iniciativa prohíbe, además, la promoción comercial de animales domésticos en las plazas de mercado, entre otros ámbitos.

Otro proyecto de la senadora de ‘la U’ Maritza Martínez que reglamenta el coleo y prohíbe tratos crueles y del maltrato en esta práctica tampoco ha avanzado mucho en el Legislativo. Aunque fue radicado en agosto, su primer debate en el Senado aún está pendiente para rendir ponencia.

6. Atención a víctimas de ataques con ácido

Protocolos de atención inmediata, asistencia permanente del Ministerio de Salud, prioridad para acceder a ofertas educativas y apoyo económico hacen parte de las medidas que contempla esta iniciativa para las personas víctimas de ataques con ácido u otros agentes químicos.

El proyecto de ley, de autoría del Centro Democrático, busca que las víctimas de este flagelo gocen de “los mismos derechos que las personas en situación de discapacidad”.

Se establece, por ejemplo, que las EPS garanticen “la atención integral, continua e ininterrumpida, por persona especialista en el tema, con experiencia y en la misma institución durante todas las etapas del tratamiento”.

Además, la iniciativa insta a las instituciones de educación superior, acreditadas ante el Ministerio de Educación, a dar prioridad en sus procesos de admisión a las personas que hayan sufrido la destrucción irreversible de tejidos como consecuencia de ataques con un agente químico.

No obstante haber sido radicado en agosto de este año, según un informe del Senado, el proyecto aún no ha recibido ni siquiera el primero de los cuatro debates que necesita para convertirse en ley.

7. Sanciones por violencia intrafamiliar

La Fiscalía General de la Nación presentó a principios del mes pasado un proyecto de ley para endurecer los castigos a quienes maltraten a algún miembro de su familia.

La iniciativa contempla, por ejemplo, que quien agreda “física o psicológicamente” a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá en prisión de cuatro a ocho años.

La pena aumentaría, en una cuarta parte, si el responsable tiene antecedentes por violencia intrafamiliar.

Incluso, el proyecto contempla que las personas que –aun no siendo miembros del núcleo familiar– violenten a una persona que está bajo su cuidado sean sometidas a estas mismas penas.

El proyecto de ley también incluye el delito de violencia intrafamiliar dentro del pliego de lesiones personales contemplado en el Código Penal.

Esta iniciativa también hace fila en el Congreso, pues hasta el momento no ha surtido ningún debate ni se le han asignado ponentes en el Senado.

JAVIER FORERO Y ANGIE MICHELL QUIÑONES
Redacción Política@PoliticaET

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