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Una vía menos rápida

Nuevas reglas no pueden llevar a que el Congreso introduzca normas en sentido opuesto a los acuerdos

Editorial .
Un comprensible revuelo ha generado el fallo de la Corte Constitucional que abre la puerta para que las iniciativas que presente el Ejecutivo para ser aprobadas por la vía del 'fast track' sean modificadas por el Legislativo. Un pronunciamiento que también deja sin piso la posibilidad de votar en bloque estos proyectos, que son, valga recordarlo, los llamados a permitir la implementación de lo acordado entre el Gobierno y las Farc en La Habana.
La primera consecuencia de lo decidido por los magistrados es un clima de enorme incertidumbre que envuelve este mecanismo, el mismo que ya ha sido utilizado para aprobar tres leyes y tres actos legislativos, y al que se tiene previsto recurrir para sacar adelante cuatro leyes y dos actos actualmente en trámite. Asuntos centrales para el éxito del posconflicto, como las circunscripciones especiales de paz, la creación del sistema nacional de innovación agropecuaria y la adquisición progresiva de derechos políticos, aguardan su paso por el Congreso por este camino.
No debe quedar duda sobre la necesidad de aceptar y respetar lo dispuesto por el alto tribunal. Queda claro, y eso es algo indiscutible, que obró en consonancia con su deber de revisar estas normas y estudiar las demandas que se hacen sobre ellas, como fue el caso en esta oportunidad.
Se trata, además, de una determinación que deja sin argumentos a quienes, con cierta frecuencia, han dicho que la Corte Constitucional se comporta como un apéndice del Gobierno. No hay tal. Se demuestra, en cambio, que la división de poderes es real. Que la Rama Judicial es independiente.

Es el momento de demostrar no solo que su compromiso con la paz estable y duradera es real, sino una disposición para proteger logros que tanto costó alcanzar.

Desorientan a la opinión y, para ser claros, obran mal quienes por intereses políticos hacen señalamientos a la Corte por las actuaciones en las que simplemente no están de acuerdo. No están a la altura de las dignidades que ostentan y que obligan a mostrar un respeto irrestricto por las distintas instancias del poder y no uno atado a la propia conveniencia.
Dicho lo anterior, hay que anotar que las nuevas reglas de juego no pueden llevar a que el Congreso introduzca normas que vayan en sentido opuesto al espíritu de los acuerdos. Y es que al aprobar el 'fast track', la Corte fue clara en que estos deben respetarse, lo cual significa que puede haber cambios en el sistema de debates, o cambios en el de votación, pero no modificaciones de fondo de los acuerdos.
Guardadas todas las diferencias que hay, el 'fast track', de alguna manera, obliga al Congreso a comportarse como lo ha hecho frente a los tratados internacionales, ante los cuales se puede tomar la decisión de aprobar o de rechazar, pero no de modificar.
Sea como sea, estamos ante una prueba de fuego para los partidos de la Unidad Nacional y los grupos políticos que han aprobado el proceso de paz. Es el momento de demostrar no solo que su compromiso con la paz estable y duradera es real, sino una disposición para proteger logros que tanto costó alcanzar. Y esto se consigue con respaldo en el Capitolio, pero también con movilización de la opinión.
Por lo pronto, es de esperarse de estas colectividades que sepan mantenerse lejanas de consideraciones burocráticas y presupuestales, tan atractivas para algunos sectores políticos, más en épocas electorales como estas.
editorial@eltiempo.com
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