Editorial

Una esperanza para el Chocó

El departamento es el escenario en el que el Gobierno debe demostrar que es capaz de construir paz.

05 de mayo 2017 , 12:46 a.m.

“Cuando la máquina invasora llegó, con un gran ruido irrumpió y con lo que halló a su paso, con todo acabó. Sembrados de chontaduro, de plátano y borojó, la ilusión de una riqueza de todos se apoderó. Nadie más labró la tierra, nadie nunca más pescó: solo se hablaba de oro, de ‘retro’ y de socavón. Comenzaron las masacres, se formó una tentación, empezó el desplazamiento y el campo solo quedó”.

La letra de Devuélveme mi campo, canción en ritmo de chirimía chocoana compuesta por Dinko Matute, e interpretada por su agrupación Rancho Aparte –ganadora en el Festival Petronio Álvarez 2013–, resume la tragedia de este departamento. Una situación verdaderamente crítica que en el último tiempo ha tendido a empeorar antes que a mejorar. Es absolutamente real el reclamo de sus habitantes respecto a lo lejana que hoy ven la paz, a lo abstracto y vacío que sigue siendo para ellos el concepto de posconflicto.

Hay que escuchar y asumir como apremiantes las palabras del párroco de Bojayá, Antún Ramos, que con motivo de los 15 años de la tragedia que tuvo lugar en su iglesia –un cilindro bomba mató a 79 personas– ha salido a decir, con pleno conocimiento de causa, que la situación respecto a aquellos aciagos días no ha cambiado. Que el riesgo de que ese infierno se repita permanece latente, pues, como entonces, la población civil está en medio de la cruenta disputa de dos bandos: Eln y autodefensas gaitanistas. Ya hubo una masacre en el caserío Carrá, la Defensoría del Pueblo habla de 977 familias desplazadas este año y más de 4.000 confinadas.

Si el Estado tenía una deuda social con este departamento a partir de su creación, esta no ha hecho sino crecer desde la firma del acuerdo con las Farc

Las agrupaciones mencionadas se disputan el control territorial que trae consigo el dominio de las economías ilícitas de la coca y la minería ilegal, entre otras con sus jugosas rentas. Y lo poco que ha cambiado en este tiempo ha sido para mal: el deterioro de los ríos San Juan y Atrato hoy es mucho mayor por culpa del mercurio. Tan crítica es la situación del primero que obligó a la Corte Constitucional a declararlo sujeto de derechos como medida extrema para que el Estado intervenga. Seis meses de plazo le dio para iniciar un proceso de protección de este recurso hídrico y crear un ente responsable de su protección.

Que hoy algunos pobladores añoren el control territorial que ejercían las Farc, más que paradójico es patético. Si el Estado tenía una deuda social con este departamento a partir de su creación, esta no ha hecho sino crecer desde la firma del acuerdo con las Farc, un hecho originalmente llamado a marcar una ruptura y dar inicio a una llegada –porque no es correcto hablar de regreso– de las instituciones a este territorio.

El Chocó, y podría decirse que todo el Pacífico, surge como el escenario en el que el Gobierno tiene que demostrar que es capaz de construir paz. Si bien es fundamental, la presencia de la Fuerza Pública por sí sola no garantiza avances. Se trata de generar desarrollo con participación de la gente, evitar imponer lo que desde Bogotá se cree que es lo mejor para las comunidades. De proveer salud, educación y justicia. De luchar contra la informalidad en todas sus presentaciones y, lo más importante, darle razones de peso a la gente para no sentirse condenados a un laberinto de mercurio, coca y conflicto. Señalar el camino hacia una salida, sembrar esperanza.

editorial@eltiempo.com.co

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