Editorial

Una actitud deplorable

Gas Natural Fenosa está empeñada en una campaña de desprestigio que nos afecta a todos.

23 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

No cesa la ofensiva de la multinacional Gas Natural Fenosa, que este miércoles decidió demandar al país ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral). El motivo del proceso es la determinación tomada días atrás por la Superintendencia de Servicios Públicos, que decretó la liquidación de Electricaribe, la firma que presta el servicio de distribución de energía en la costa Atlántica y en la cual la empresa ibérica es el socio mayoritario.

Como es sabido, el ente gubernamental dio ese paso con la convicción de que la compañía, que atiende a más de diez millones de personas en la parte norte del territorio nacional, es inviable financieramente. La intervención original tuvo lugar a finales del 2016, cuando los incumplimientos con los generadores de electricidad eran tan grandes que el suministro estaba a punto de ser cortado.

Es legítimo estar en contra de las medidas adoptadas. Por ello era previsible que la sociedad española hiciera uso de los recursos a su alcance, incluyendo invocar el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito entre Bogotá y Madrid.

Sin embargo, una cosa es dar la batalla en los tribunales o acudir al arbitramento y otra, muy diferente, hacer uso de estrategias que van más allá de la controversia legal. En concreto, Gas Natural Fenosa está empeñada en una campaña de desprestigio que nos afecta a todos, al señalar que aquí lo que prima es la inseguridad jurídica y que lo sucedido se asemeja a una expropiación.

Una cosa es que Gas Natural Fenosa haga uso de los instrumentos legales a su alcance en el caso de Electricaribe y otra, que busque enlodar el nombre de Colombia.

Tal postura viene acompañada de una andanada diplomática del gobierno de Mariano Rajoy. Aparte de afirmaciones sin fundamento, la ofensiva incluye amenazas veladas como la de poner en duda la aceptación del país como nuevo integrante de la Ocde, club de 35 naciones del cual queremos formar parte. Hasta medios de primera línea en la península entraron en ese juego perverso al arroparse con la bandera, sin analizar los pormenores de un caso lleno de aristas.

Una mirada más juiciosa de la evidencia habría aclarado que al dar sus pasos, la administración Santos se apegó a lo establecido por la legislación, que no difiere de normas vigentes al otro lado del Atlántico. La figura de la intervención se menciona de manera explícita en el artículo 128 de la Constitución de España, el cual dice que el principio rector de un servicio esencial es el interés general.

Aquí, por el contrario, lo que parece primar es el interés particular de un conglomerado que desea conseguir por la vía de una demanda lo que no pudo lograr debido a sus errores de gestión en Electricaribe. Acudir al matoneo mediático y obtener que la capital española nos enseñe los dientes es algo poco menos que deplorable.

Para que no quede duda, es importante reiterar que Colombia es un territorio amigable para la inversión extranjera. Son incontables los ejemplos de firmas foráneas de todos los tamaños que han probado suerte en nuestra nación, con gran éxito. Esa evidencia acabará pesando más que el intento de enlodarnos a la hora de buscar una indemnización que obliga al Estado a defenderse con todas las baterías jurídicas de las que dispone.editorial@eltiempo.com

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