Editorial

Un peligroso precedente

Demandas contra proyectos de infraestructura para Bogotá, la nueva estrategia de ataque al Gobierno.

16 de julio 2017 , 12:21 a.m.

Se ha vuelto costumbre hacerle la vida imposible al gobernante de turno, empleando para ello todo un arsenal de acciones de hecho y de derecho. Esto es evidente en el caso de quienes asumen el timón del país, pues no conocen tregua de sus contradictores políticos prácticamente desde cuando empiezan a gobernar. Las 170 peticiones de revocatoria contra alcaldes y gobernadores de la nación están inspiradas, igualmente, en pujas políticas locales promovidas por los derrotados en la última contienda electoral o, peor aún, por aquellos que aspiran a regresar al poder. Ya se han celebrado siete este año, y ninguna ha prosperado.

Sobra decir que estas actuaciones están soportadas en el talante democrático e institucional que nos caracteriza. Faltaría más que una sociedad vulnerada por las decisiones de su gobernante no tuviera la posibilidad de pasarle cuenta de cobro cuando se aleja de sus compromisos de gobierno o de sus valores éticos. O que a la oposición se le cercenara el legítimo derecho a disentir de quienes ostentan el poder. Es el justo balance que permite que las sociedades funcionen y los pueblos progresen.

Ahora bien, cuanto se salga de este marco –y esto es lo que comienza a preocupar– resulta contraproducente y malsano para gobernantes y gobernados. Ejercer un mal llamado antagonismo o denigrar de un gobierno o un gobernante, aprovechando el poder inusitado que hoy otorgan las redes sociales, está llevándonos a una esquizofrenia generalizada y, en no pocos casos, a una cacería de brujas tanto en la órbita pública como en la privada.

En este orden de ideas, es más preocupante que los planes de gobierno de un mandatario, avalados por organismos que interpretan la voluntad popular, estén siendo sometidos de manera estratégica al aval de los estrados judiciales con el único objetivo de retrasar, desvirtuar o eliminar su ejecución, con todo lo que ello implica en términos de recursos y bienestar social.

Lo sucedido esta semana con la decisión de un juez de Bogotá que suspendió la venta de la Empresa de Telecomunicaciones (ETB), no obstante haber cumplido rigurosamente los debates en el Concejo de la ciudad, lleva a plantearse si con eso lo que pretenden sus demandantes –oposición y sindicatos– es, en el fondo, la parálisis de la administración y con esta la de la ejecución de obras de infraestructura claves para la ciudad de hoy y la del mañana.

Los jueces, sobra decir, cumplen con su deber de advertir riesgos, amparar derechos y garantizar que las determinaciones de los mandatarios estén en armonía con la ley y el interés general de sus ciudadanos. Y es de esperar que, en su sabiduría, sepan diferenciar esto del oportunismo político que subyace en muchas de las pretensiones que llegan a sus despachos.

Sospechoso o no, lo cierto es que un sindicato burocratizado y costoso interpuso no una, sino tres acciones de nulidad, dos acciones populares y dos tutelas contra el proceso de venta de la ETB, y contó para tal fin con el apoyo de partidos que, como el Polo Democrático, alegaron falta de garantías en el debate, cuando fueron públicos los cabildos en los que se expresaron todas las vertientes políticas.

Pero el de la ETB, cuya suspensión produjo la caída estrepitosa de la acción en bolsa tras la decisión judicial y ha puesto en riesgo la construcción de hospitales, colegios y vías para Bogotá, no es el único caso. Según el despacho jurídico de la Alcaldía, hay tres acciones de nulidad, una acción popular y una acción de cumplimento contra el metro, y dos acciones de nulidad y una acción popular contra el nuevo esquema de salud. Sin contar otras demandas que se alistan y 36.000 más de toda índole que reposan en esa entidad. ‘Inundad, inundad los despachos judiciales, que algo quedará’ pareciera ser la consigna de quienes han encontrado en el abarrotamiento de los despachos judiciales el atajo para lo que no consiguen por la vía del debate político.

Es deseable que el aparato judicial sepa no caer en ese juego.

Flaco favor se le hace a la ciudad con tal estrategia. Si estuviera inspirada en intereses menos personalistas y más realistas, de realce para el bienestar de la capital, hasta se entendería. Pero acá se está poniendo en duda un plan de gobierno, se soslaya el papel del Concejo y no se tiene en cuenta a las mayorías que eligieron al Alcalde y comulgan con sus propuestas y ejecutorias. Son síntomas de las vicisitudes que atraviesa una democracia representativa a la cual, si bien es imperfecta, hay que seguir defendiendo a toda costa de semejantes exabruptos.

Debe insistirse, hasta la saciedad, en que la polarización per se no puede llevarse por delante los destinos de una ciudad. Y menos una con tantos desafíos.

Infortunadamente, el calor preelectoral, que tan tempranamente se advierte, empieza a envolver a Bogotá en un manto de oportunismo con el claro deseo de sofocarla.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com.co

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