Editorial

Un marco para las aplicaciones

Tiene que ser una prioridad para el Gobierno armonizar tecnología y prevalencia del bien común.

14 de mayo 2017 , 02:26 a.m.

Sería necio a estas alturas desconocer las virtudes de la economía colaborativa en auge gracias a internet. Pero esto no puede interpretarse como carta blanca para que cualquier desarrollo que surja bajo esta sombrilla le haga el quite a la regulación estatal. Sin ella, el principal perjudicado es el ciudadano, toda vez que entre innovación y emprendimiento digital la informalidad se abre campo.

La jornada de protesta que tuvo lugar en varias ciudades el pasado miércoles fue el más reciente capítulo de la pugna entre las plataformas virtuales, como Uber y Cabify, y quienes prestan el servicio de taxi tradicional, y deja varias reflexiones en este sentido. Preocupan varias cosas. Comenzando por la que esta parezca más orientada a la disputa por el acceso privilegiado a una renta que a la búsqueda de un servicio de calidad para la totalidad de los usuarios. El debate se ha concentrado en costos, cuando debería comenzar por los derechos de la gente.

Lo primero es que el Gobierno tome cartas efectivas en el asunto, y esto empieza por destaparlas. La situación actual en la que una cosa piensa el Ministerio de Transporte y otra, el MinTIC, por no mencionar otras entidades, es inaceptable. Así implique pisar callos, es hora de que el Ejecutivo presente una política pública en esta materia que les dé el mismo norte a todas las instancias involucradas. Y que no sea letra muerta. Urge definir competencias, de manera precisa, para que los ministerios, como hasta ahora, no se sigan tirando la pelota.

Lo segundo es dejar muy claro que hay terrenos que no pueden ser vedados para el Estado y menos si se trata de un servicio público. Deben encabezar la lista la regulación tarifaria y la protección de los usuarios, tanto en términos de riesgos como de control sobre las especificaciones de seguridad de los vehículos que están a su disposición. Estos y otros aspectos no se pueden dejar al arbitrio del mercado; de lo contrario, vienen los abusos. Ilustra lo anterior lo que ocurre con la llamada ‘tarifa dinámica’ de Uber y los máximos que en algunos momentos esta alcanza, los cuales pueden calificarse de exorbitantes y de ninguna manera justificables.

Es fundamental también que la pregunta de cómo hacer para que todos los colombianos tengan acceso a un servicio de calidad sea más importante que la de cómo brindar un servicio de calidad dentro de la ley. Y es que ante el surgimiento de Uber, la respuesta ha sido abrir la senda, mediante medidas como el Decreto 2297 de 2015, para que surjan prestadores de un servicio de similares características pero sin raíces en las zonas grises de la legislación, cuando lo deseable sería que los esfuerzos se concentraran en lograr que el servicio existente fuera satisfactorio tanto para usuarios como para los mismos prestadores: no son pocas las quejas de los conductores sobre las duras condiciones laborales que deben soportar. Queda la impresión de que quienes no tienen cómo pagar un servicio de alta gama deberán resignarse a sufrir las falencias del servicio que hoy ofrecen los ‘amarillos’. Las mismas que explican en medida importante el auge de sus competidores.

En este mismo orden de ideas, llama la atención la ausencia de un tema absolutamente central en este problema, como lo es el del sistema de cupos. Una reingeniería de este, una revisión con rigurosa estadística de sus premisas, un cambio en las actuales reglas de juego –que no le dejan en muchos casos ni un solo peso al Estado de un multimillonario mercado en torno a un servicio que es público–, bien merecen ser considerados. No faltan quienes sugieren que aumentar la cantidad de estos podría tener una repercusión muy positiva en usuarios y conductores.

Por cierto, cada vez son más los países que distinguen entre la anarquía que se puede generar si no hay reglas de juego y la necesidad de aceptar los cambios que vienen de la mano de la tecnología. No solo en materia de transporte, sino también de turismo, ante la irrupción de la aplicación AirBnB. Las normas hoy vigentes en Ciudad de México que obligan a un registro de los vehículos y a un pago de una serie de aportes, además de unas mínimas normas en lo relativo a la capacitación de los conductores, bien pueden ser un referente.

Detrás de todo está el que la oferta y la demanda en un servicio de este tipo requieren necesariamente de un marco. Por más verdad que haya en el lugar común de que la tecnología siempre va un paso adelante que la legislación, esto no puede terminar en negar que los desarrollos en este campo son y seguirán siendo por siempre un hecho social que exige normas.

De lo contrario estaremos ante la negación de lo público, un escenario tan indeseable como el de una regulación asfixiante. Tiene que ser una prioridad para el Gobierno armonizar tecnología y prevalencia del bien común. De otro modo, tendremos un escenario de anarquía, de prevalencia de la ley del más fuerte y en el que el reconocimiento de derechos fundamentales quedará supeditado a la capacidad económica de las personas.

editorial@eltiempo.com.co

MÁS EDITORIALES

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA