Editorial

Un golpe a la salud

La norma no causa buena impresión, sobre todo en los afiliados al sistema de salud.

08 de mayo 2017 , 03:05 a.m.

No causa buena impresión que dentro del propio gobierno se tomen medidas que se contradicen y menos si estas parecen orientadas a contrarrestar decisiones que han sido determinantes en la consolidación de políticas presentadas como trascendentales, incluso en los balances de gestión presidencial.

Uno de los avances sociales sobresalientes en este gobierno es la política de regulación de medicamentos, diseñada para garantizar el acceso de estos insumos a toda la población, una tarea rigurosa emprendida por el Ministerio de Salud en la que el pago por el valor, la consolidación de normas claras para la gestión tecnológica y el planteamiento de un debate sobre la necesidad de trazar límites éticos a los precios le han otorgado al país un liderazgo global en este tema.

Sin embargo, estos logros, que también incluyen ahorros por cerca de medio billón pesos a partir del control de precios de 9.000 medicamentos y el freno a los desbordes de los monopolios, no son entendidos en algunos sectores del Gobierno, a juzgar por las determinaciones tomadas por el Ministerio de Comercio Exterior y que parecen ir de frente contra uno de los instrumentos fundamentales de esta política: la declaratoria de existencia de razones de interés público.

Como se sabe, a mediados del año pasado, el Ministerio de Salud declaró, en armonía con las normas vigentes, la existencia de razones de interés público sobre el imatinib –un remedio contra el cáncer comercializado por la farmacéutica suiza Novartis con el nombre de Glivec– y le solicitó a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) someterlo al régimen de control de precios a través de una metodología que simulara condiciones de competencia. Se le quitó así el monopolio a Novartis sobre este producto y, de paso, el sistema de salud se ahorró 14.000 millones de pesos en un año.

Claro, los dueños de la marca y el gremio de las farmacéuticas multinacionales consideraron la medida como una inconveniente extralimitación del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y como una carga de profundidad al régimen de patentes, a los derechos de propiedad intelectual y a la confianza industrial y comercial. Razones de peso, según ellos, para solicitar su derogatoria y buscar por todos los medios y en todas las instancias que esto no se vuelva a repetir.

Pues parece que la gestión de estas poderosas empresas no ha sido en vano y Mincomercio emitió el 25 de abril el decreto 670, que modifica de manera sustancial las reglas establecidas para adelantar los procesos de declaración de interés público, al punto de que a partir de ahora, en el caso de los medicamentos, Minsalud pierde la competencia exclusiva que tenía en este procedimiento que queda –prácticamente– a expensas de las áreas económicas y del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

Aunque los considerandos de la nueva ley se basan en supuestas pertinencias y en la necesidad de “dotar de certidumbre y seguridad jurídica el procedimiento”, por ninguna parte se dice que al concebirla fueron necesarias las opiniones de los voceros de las farmacéuticas internacionales, pero no las de Minsalud.

Tal vez por eso, la norma no causa buena impresión, sobre todo en los afiliados al sistema de salud, es decir, en todos los colombianos.

editorial@eltiempo.com.co

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