Editorial

Un duro golpe de realidad

Los sucesos de la semana pasada en Tumaco exigen su pleno esclarecimiento.

09 de octubre 2017 , 12:27 a.m.

Lo ocurrido el pasado jueves en Tumaco es un duro recordatorio de lo complejo y violento que puede resultar el posconflicto. Sobre todo, cuando está de por medio la coca, y detrás de ella, las mafias. En el corregimiento de Llorente, seis personas murieron, incluyendo un menor de edad –según lo informado por la Fiscalía–, y 23 quedaron heridas tras una discusión con miembros de la Policía que adelantaban labores de erradicación de cultivos.

El suceso es tan doloroso como confuso, y se debe aclarar cuanto antes. La Defensoría del Pueblo, que tomó testimonios en la zona y solicita a la Fiscalía y la Procuraduría una investigación especial, habló ayer de presunta responsabilidad de la Policía Antinarcóticos en la muerte de las seis personas.

El canal Citytv de esta casa editorial reveló ayer tres videos que deberán tener en cuenta la Fiscalía y demás responsables de dar luces sobre el hecho. Dos de ellos documentan una discusión entre uniformados y campesinos, así como una situación de gran zozobra en medio de disparos que, según los presentes en el lugar, provenían de la Fuerza Pública.

Es urgente determinar las circunstancias que rodearon esas muertes, así como quiénes fueron sus responsables, siempre en el marco del derecho al debido proceso.

Hecho este llamado, hay que decir que el lamentable episodio corresponde a peligrosas dinámicas de una compleja región a la que todavía no han llegado los vientos de paz. En ella hay por lo menos 23.000 hectáreas cultivadas de coca que crecen en medio de sangrientas disputas por el control de los eslabones subsiguientes del negocio. Estas explican la escandalosa cifra de 140 homicidios en lo que va del año. De no variar la tendencia, pronto se superará la cantidad del 2016: 147.

La ausencia estatal y, en consecuencia, la histórica prevalencia de la informalidad, sumadas a décadas de concomitante control social a cargo de grupos armados ilegales, del contrabando y la minería ilegal, además de una disidencia de las Farc, son los ingredientes de una tormenta perfecta que llena de nubarrones el horizonte de la construcción de paz en el Pacífico.

La respuesta del Ejecutivo en el marco del posconflicto parece bien encaminada: se les ha apostado, entre otros, a acuerdos de sustitución voluntaria con 1.908 familias y siete comunidades, pero dos factores juegan en contra. El primero, que cobija todo lo relacionado con la implementación del acuerdo de paz, es la paquidermia estatal en un escenario en el que el contendor avanza a paso de liebre.

El segundo es la nueva realidad de la relación binacional con Estados Unidos, país que ha apretado la rienda en materia de objetivos de sustitución y erradicación. Ambos factores, pero sobre todo el primero, van en contravía de lo que tiene que ser prioritario acá: construir confianza, ganarse los corazones de los tumaqueños. Y, desde luego, proteger a la población y hacerla entender que la coca no es el camino.

El desafío en Tumaco es enorme y urgente. Se necesita avanzar en la erradicación, que es el deber el Estado, con políticas claras y en plena armonía con el engranaje estatal. La presencia en la zona del vicepresidente Óscar Naranjo es una muy buena señal. Él sabe, como todos, que no puede haber ruedas sueltas, que el tiempo se agota.

editorial@eltiempo.com

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