Editorial

Editorial: Un dolor de cabeza crónico

Lo que importa es que el pésimo servicio que reciben los usuarios mejore cuanto antes.

14 de agosto 2016 , 12:13 a.m.

La manifestación del jueves pasado, cuando cientos de barranquilleros salieron a la calle a exigir la intervención de Electricaribe, volvió a poner sobre el tapete un tema que afecta a cerca de diez millones de usuarios del servicio de energía en la costa Atlántica. Los apagones, las alzas en el voltaje y la falta de confiabilidad en el suministro se han vuelto el pan de cada día en la región, que se traduce en pérdidas económicas y, peor aún, de vidas humanas. Así lo atestigua el triste caso de una niña, habitante de Montería, cuyo respirador dejó de funcionar cuando ocurrió un corte de electricidad en el barrio donde vivía.

Hechos como ese solo aumentan la antipatía contra la empresa, cuyo socio principal es la multinacional española Gas Natural Fenosa. Los siete gobernadores de la zona, los alcaldes de municipios de todos los tamaños, los congresistas y los gremios han emplazado a la administración Santos para que tome cartas en el asunto y se posesione de los bienes de la compañía para entregarlos a una o varias firmas.

Aunque esa es una posibilidad que merece ser evaluada, no está de más analizar el asunto con cabeza fría, pues se corre el peligro de que el remedio resulte peor que la enfermedad. Más de uno recuerda la realidad de años atrás, cuando las electrificadoras departamentales las manejaba la clase política, por lo cual se convirtieron en epicentro de desgreño y despilfarro. Otros señalan el riesgo de que se transite la senda de Emcali y tenga lugar un deterioro patrimonial que repercutiría sobre las arcas públicas.

Garantizar que no se va a dar marcha atrás es indispensable, sobre todo cuando las soluciones pasan por adelantar un ambicioso plan de inversiones que debe incluir transformadores, redes, contadores, brigadas de atención y mejora en la relación con múltiples comunidades. Esa es la única manera para que la calidad del suministro mejore y disminuyan los apagones, que se acercan a un promedio de 90 horas anuales,el doble del nacional.

Para que eso suceda hay que encontrar a alguien dispuesto a poner recursos que no son de orden menor. Un plan aprobado a finales del año pasado hablaba de sumas cercanas a los 5 billones de pesos, de los cuales una quinta parte correría por cuenta del operador privado.

No obstante, crear las condiciones propicias implica agarrar el toro por los cuernos y reconocer una verdad innegable: los problemas actuales de Electricaribe tienen que ver con las deudas morosas y una cultura del fraude que no ha podido ser derrotada. Según cifras de la empresa, las facturas vencidas a finales del 2015 ascendían a 3,5 billones de pesos, mientras que el robo de energía se calculó en 783 millones de pesos diarios.

Además, de las 12.000 denuncias presentadas por apropiarse ilegalmente de electricidad, solo 139 han sido objeto de sentencia y 84, de condena. La compañía sostiene que el año pasado se identificaron 300.000 casos de manipulación de medidores o conexiones ilícitas, un fenómeno que incluye a los propietarios de vivienda en los estratos de mayores ingresos.

Las cosas empeoraron en los meses pasados como consecuencia del fenómeno climático del Niño, que llevó a un alza en las tarifas. Los índices de morosidad subieron, junto con los reclamos de la gente. Más allá de los argumentos de lado y lado, el hecho es que la firma recauda menos de la mitad de lo que debería, y así el espacio financiero del que dispone para hacer inversiones es muy limitado.

Parte de la culpa le corresponde al propio Estado. Entre los morosos están decenas de entidades oficiales que se amparan en la prohibición legal de suspender el suministro para el alumbrado público o el funcionamiento de escuelas y hospitales. Pero es importante señalar que la mayoría de la responsabilidad recae en la empresa, que ha incumplido compromisos y cuya gestión interna y externa dista de ser la mejor.

Sin embargo, la salida no necesariamente es intervenir y liquidar a Electricaribe. Aunque esa es la petición de la dirigencia costeña, que quiere pasar la página con el fin de enterrar un nombre cuyo desprestigio es inmenso, el propósito central debe ser mejorar el servicio que reciben los usuarios y no arriesgarse a crear un boquete que afectaría la estabilidad del sistema eléctrico y debería ser asumido por el presupuesto nacional.

Buscar una salida conlleva desarrollar un plan de choque que comprometa al accionista privado con las inversiones que se requieren. Solo mejorando la calidad del suministro será posible crear un círculo virtuoso y disminuir la morosidad, mientras se castiga la ilegalidad y las entidades públicas se ponen al día en sus deudas. Para que eso suceda es fundamental que la Superintendencia de Servicios Públicos actúe por fin con decisión y evite también que este dolor de cabeza crónico se prolongue en el tiempo.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com.co

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