Editorial

Un acuerdo necesario

Para hacer frente al aumento de narcocultivos es preciso tener una guía clara y fruto de un consenso

22 de junio 2018 , 12:00 a.m.

La contundencia de las cifras que dan cuenta del aumento en la cantidad de hectáreas dedicadas a cultivos ilícitos en el país –que pasaron de 147.000 en el 2016 a cerca de 180.000 el año pasado– obliga a que tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el equipo del presidente electo, Iván Duque, estén de acuerdo en que este problema merece máxima atención.

Lo anterior habida cuenta de que, como se sabe, a la par con los narcocultivos crecen los tentáculos del crimen organizado que carcome por igual la legitimidad de las instituciones, la tranquilidad y el tejido social. Son el principal obstáculo para la implementación de los acuerdos de paz.

Pero, así como está claro que hay que actuar frente a este desafío, no hay el mismo consenso sobre la hoja de ruta. El camino más claro hasta hoy trazado es el presentado en días pasados por el Ministerio de Defensa. Se trata de un plan quinquenal acordado con Estados Unidos y cuyo principal objetivo es reducir en un 50 por ciento la cifra de hectáreas con respecto a la cantidad registrada este año.

Esta estrategia se enmarca en el enfoque que el gobierno Santos le ha dado al asunto, en el cual se deja de lado la aspersión de glifosato –suspendida en 2015 por disposición de la Corte Constitucional– para concentrarse en los acuerdos de sustitución voluntaria y la erradicación manual. Incluye puntos claves como el aumento de las unidades militares y de policía dedicadas a esta tarea, la intervención de nuevos territorios, el riguroso monitoreo de las zonas que ya están libres de cultivos para evitar la resiembra y, por último, la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías, en particular drones.

A estas alturas no debe haber duda respecto a que este es
el principal obstáculo que enfrenta la construcción de paz.

Es un plan que tiene la ventaja de contar con el visto bueno de quien irremediablemente debe ser el principal aliado del país en este frente: Estados Unidos. Pero encara dos problemas. Por un lado, el obvio: está necesariamente sujeto a la revisión del nuevo gobierno, que ha dado señales de querer darle un giro a la política antidrogas con respecto a las prioridades de estos ocho años. Por el otro, este documento no genera los consensos requeridos entre las instituciones responsables de la política criminal en el país.

El miércoles pasado, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que esta estrategia no solo necesita la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes –que a petición suya se reunirá el próximo 5 de julio–, sino que sus metas están lejos de los progresos necesarios en este frente, dada la capacidad que tienen los narcocultivos de torpedear los progresos urgentes que el país precisa en materia de construcción de paz y lucha contra el crimen organizado. Martínez retomó la espinosa cuestión de las aspersiones como necesarias para que la lucha sea más efectiva, y mencionó nuevas moléculas, distintas al glifosato, en las que viene trabajando la Policía. Denunció así mismo que los beneficiarios de los programas de sustitución están siendo extorsionados por grupos criminales.

Más que barajar otra vez, sería preferible que la estrategia existente recibiera nuevos insumos y fuera la base del consenso requerido. Dicho de otra forma: se trata de construir sobre lo construido.

editorial@eltiempo.com

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