Editorial

Editorial: Todos somos donantes

Esta medida es un gran avance que exige, además del reconocimiento, una mirada humanitaria.

10 de agosto 2016 , 08:51 p.m.

Que todos los colombianos sean donantes de órganos, salvo que en vida se manifieste lo contrario, es una medida de avanzada que pone el país al nivel de los más desarrollados en este campo. Tal precepto, definido en la Ley 1805, que acaba de ser sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, debe interpretarse como un aporte valioso que desborda el tema sanitario que lo motivó y permea aspectos como la muerte, la solidaridad y la convivencia.

Para empezar, saber que los primeros beneficiados serán cerca de 3.000 personas que hoy dependen de un donante para seguir con vida, y por extensión toda la población –que no está exenta de requerir en cualquier momento de un órgano ajeno o de un tejido– le confiere a la norma razones de peso para apoyarla.

No menos valor tiene el hecho de convertir el tópico de la disposición de los órganos en una cuestión personal en el que la familia, excepto en el caso de los niños, tiene una injerencia marginal porque elimina de forma coherente uno de los principales obstáculos que impedían la utilización del 40 por ciento de órganos útiles por negativa de los dolientes.

Aunque el objetivo inicial es contener el desplome progresivo de las tasas de donación (bajas de por sí), que en menos de tres años cayeron de 12,5 a 7,6 donantes por millón, de las más bajas del continente, la ley también favorece la génesis de una cultura colectiva que promueva esta práctica como un acto solidario y no como una obligación. Y estos desenlaces dependen del rigor en su reglamentación.

Aquí, valga mencionarlo, todo debe estar soportado en campañas de educación en las que se explique desde que la presunción de donación no es una camisa de fuerza, sino una opción sujeta a la voluntad expresa de cada quien, hasta la ruta y el destino final de los potenciales órganos que se donen. Fundamental es también derribar los mitos que existen en torno a este tema y, por supuesto, garantizar el respeto por las válidas creencias que la gente manifieste.

Mención especial merecen las instituciones de salud habilitadas para realizar todas las actividades relacionadas con la donación y el trasplante de órganos y tejidos, porque si bien existen muchas que efectúan las tareas al amparo de elevados estándares técnicos y científicos, hay las excepciones de rigor en las que cifras y balances se anteponen a las necesidades de los pacientes. No en vano se calcula que casi la mitad de los órganos no se rescatan de los fallecidos porque no se considera una actividad rentable. Se espera que las exigencias contenidas en la ley y el fortalecimiento de la Red Nacional de Donación y Trasplantes, en cabeza del Instituto Nacional de Salud (INS), refuercen lo bueno y atenúen las malas prácticas, sobre la base de que lo que se plantea es un cambio en el paradigma social frente al asunto.

No sobra decir que también se acierta al prohibir los trasplantes a extranjeros no residentes, con lo que se espanta el fantasma del tráfico de órganos, y al anunciar las sanciones severas para quienes se lucren indebidamente con ellos. Que todos los colombianos seamos donantes de órganos, porque todos podemos necesitar alguno, es un avance que exige, además del reconocimiento, una mirada humanitaria.

editorial@eltiempo.com

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