Editorial

Sobre una rebaja de penas

La discusión debe centrarse en el hacinamiento, pero también en que la gente sienta que hay justicia

04 de mayo 2017 , 02:42 a.m.

La próxima visita del papa Francisco a Colombia ha dado pie para revivir una tradición, si se quiere llamar así, de otorgar una rebaja de penas carcelarias con tal motivo. Por lo menos cuatro proyectos de ley han iniciado trámite legislativo con dicho propósito.

Pero mucho han cambiado las cosas en relación con las visitas de Paulo VI y Juan Pablo II. La carta política de 1991 estableció la igualdad de todas las confesiones ante la ley. Es por ello que cualquier iniciativa que apele únicamente a la visita del máximo jerarca católico como justificación se enfrenta a una altísima probabilidad de ser declarada inconstitucional.

Del puñado de proyectos hay uno presentado por el Gobierno Nacional que, si bien reconoce en su exposición de motivos que coincide con este evento “tan relevante para los practicantes y devotos de la fe católica”, se enmarca también y, sobre todo, según sus autores, en una serie de ajustes estructurales a la política criminal del Estado para evitar que continúe en el futuro el actual cuadro de hacinamiento en las cárceles.

La solución del sobrecupo no puede darse a la ligera. Puede producir un remedio mucho peor que la enfermedad

Los “ajustes estructurales” también obedecen a disposiciones de la Corte Constitucional para que el Ejecutivo actúe frente al sobrecupo en las prisiones, que, como lo reiteró el alto tribunal el año pasado, sigue configurando un estado de cosas inconstitucional. Una de ellas obliga a revisar, mediante un estudio y medidas posteriores, el tema de la proporcionalidad de las penas vigentes según los delitos, esto para contrarrestar el fenómeno del ‘populismo penal’.

Argumenta el Ejecutivo que una rebaja de una quinta parte de la condena por una sola vez representaría un paso importante en esa dirección, sin “afectar de manera ostensible” a los autores de homicidio, secuestro y algunos delitos sexuales. El mismo excluye de este beneficio a los responsables, entre otros, de feminicidio, desaparición forzada, secuestro extorsivo, peculado por apropiación y de cualquier delito sexual contra menores de 18 años.

En la otra orilla, la Fiscalía se ha opuesto a cualquier medida de este corte. El fiscal Néstor Humberto Martínez ha insistido en que con una ley como esta se les estarían abriendo las puertas de las cárceles, por mencionar dos ejemplos, a miembros de bandas criminales y a cientos de responsables de hurtos menores. Que son, como ya lo afirmábamos en estos mismos renglones, los delincuentes que más azotan al ciudadano de a pie.

La discusión debe enfocarse en la balanza que pone de un lado un serio problema de hacinamiento y del otro, la necesidad de que la ciudadanía sienta que el sistema judicial responde a sus necesidades más apremiantes. Y aquí hay que ser claros en que la solución del sobrecupo no puede darse a la ligera, pues es alto el riesgo, insistimos, de producir un remedio mucho peor que la enfermedad. Urge, y en este sentido ya se ven señales alentadoras, un cambio de paradigmas que amplíe el horizonte de los castigos posibles y no los limite a la reclusión intramuros, pero siempre con la certeza de que prevalecerán los derechos de las víctimas y de que se enviará el mensaje a la sociedad de que todo aquel que incumpla la ley será sancionado. ¿Cómo? Ahí están la cuestión y, sobre todo, el desafío.

editorial@eltiempo.com.co

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