Editorial

Serenidad ante todo

Debemos participar en la búsqueda de una salida que no puede pasar por demoler las instituciones.

20 de agosto 2017 , 12:30 a.m.

Aunque a muchos colombianos la noticia de que tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia serán investigados por, presuntamente, haber recibido dinero a cambio de manipular fallos les cayó como un balde de agua fría, hay que decir que de tiempo atrás se venían percibiendo olores provenientes de esta olla podrida.

Como si se tratara de una inundación cuyas aguas hace varios meses ya estuviesen invadiendo la ciudad, pero solo al sentirlas en el cuello hubo consenso sobre lo real y peligroso de la catástrofe.

Y es que, sin lugar a dudas, lo que comienza a saberse del alcance y poder de las redes de funcionarios corruptos en la Rama Judicial constituye, en efecto, una catástrofe sin antecedente conocido, como ya se afirmó en estos renglones el miércoles pasado.

¿Qué permitió que esto ocurriera? Son muchas las razones. Pasan por el diseño institucional, pero también por la ética y el sistema de valores de las personas. Es un hecho: hoy por hoy existen muchos incentivos perversos para quienes están dispuestos a obrar en contravía del interés general.

El reto ahora es encontrar una salida. Aprender la dura lección y mirar hacia adelante. Y es aquí donde se debe advertir que un sentimiento de desazón como el que sobreviene tras conocer los detalles de este escándalo es caldo de cultivo para que tomen vuelo salidas maximalistas. Por ejemplo, una asamblea constituyente y con esta propuesta, otra serie de exabruptos.

Aquí debemos regresar a la metáfora inicial de la inundación para decir que derribar la ciudad anegada, aunque suene tentador en la retórica, en términos prácticos solo empeora las cosas. Sobre todo porque se planea construir una nueva, despreciando el aprendizaje de siglos y sin la más mínima certeza de que esta quede blindada contra futuros eventos catastróficos.

Para ser claros: una cosa es buscar una herramienta efectiva para ponerle fin a la manera como algunos han pervertido las funciones de las instituciones y otra, muy distinta, acabar con estas. No se pueden confundir ambas cosas. Con todas sus fallas, debilidades e imperfecciones, nuestras instituciones, las mismas que compartimos con decenas de países que de tiempo atrás le han apostado a la democracia liberal, a contar con un Estado de derecho, son fruto de siglos de avance de la especie humana hacia una convivencia más digna.

Es mejor, entonces, tal y como acontece en las catástrofes naturales, reconstruir lo arrasado tomando nota de las lecciones que el desastre dejó. En el caso puntual de la Corte Suprema de Justicia, ello incluye, entre otras acciones, una cada vez más necesaria revisión de las actuaciones que pudieron haber sido tocadas por los tentáculos de las redes que están siendo desmanteladas.

Ese sería un buen primer paso de un largo camino. Este incluye asuntos obvios: cumplir las leyes ya existentes y que procuran transparencia en el funcionamiento de la justicia. Es válido plantear propuestas de reformas que despojen la justicia de funciones ajenas a su esencia, como las electorales, y que han generado los mencionados incentivos para las prácticas corruptas.

Aquí surge otro elemento clave: la compra y venta de decisiones judiciales es un extremo de degradación que ha sido posible no solo por la mala fe de sus protagonistas. Debe decirse que también ha sucedido porque hay un contexto y unas reglas de juego que así lo favorecen. Es un error, por desagracia, pensar que estos casos son aislados o de ocurrencia espontánea.

En concreto, existe una serie de prácticas nocivas para la sociedad que trascienden la Rama Judicial y hoy siguen siendo vistas como algo venial –también banal–, propio e inevitable de algunos cargos públicos.

El reto, entonces, es apostarle a la resiliencia, que para este caso específico se concreta en transformaciones en distinto nivel, pero sin incurrir en demoliciones que de ningún modo se justifican. Cambios en algunas normas, tal vez, pero sin caer en el muy conocido fetichismo legal, gracias al cual se considera hecha la tarea una vez firmada la nueva ley, cuando es claro que el verdadero cambio depende de muchos otros factores.

Para concluir: de nada servirá una reforma de la justicia si no viene de la mano de una reflexión acerca de otra serie de conductas cotidianas, algunas ocultas en los pliegues del ejercicio de la función pública, otras a flor de piel y que alimentan el monstruo. Tal vez la primera enseñanza tras lo ocurrido es que la solución no se puede delegar –en una norma, en una comisión, en un cuerpo colegiado–, sino que la gravedad de lo sucedido obliga a ser parte activa de ella.

Y, por último, y un pilar fundamental: que obre la justicia. Limpia, claro, sin dudas; que sea ejemplar, mirando el delito más que la investidura. Todo esto le devolverá en algo a la sociedad la fe en las instituciones.

editorial@eltiempo.com.co

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