Editorial

Salvar las abejas

El 84 por ciento de las siembras requieren de los servicios de polinización de las abejas.

06 de noviembre 2017 , 12:40 a.m.

La historia de la civilización está llena de cortes de cuentas en los que salen a flote balances de ganadores y perdedores de los distintos procesos que buscan mejorar la vida de las personas.

El pasado sábado, este diario reveló cifras preocupantes que dan cuenta de la mortandad de colmenas en el país, fenómeno que es de carácter global. Un estudio hecho en Alemania, cuyos resultados fueron revelados la semana pasada, concluyó que las poblaciones de las distintas especies de insectos en ese país –abejas incluidas– están también en declive.

Uno de los principales causantes de este fenómeno –junto con la destrucción de los hábitats, el ácaro varroa y el cambio climático– son los agrotóxicos. Los mismos que, por otro lado, permiten la producción de toneladas de alimentos para el consumo humano en plantaciones a gran escala. Los datos son preocupantes, toda vez que el 84 por ciento de las siembras requieren de los servicios de polinización de las abejas o de otros insectos.

Una mirada fatalista frente a este fenómeno se concentraría en los evidentes peligros que traería para la provisión de alimentos una eventual extinción de dicha especie. Y, aunque este es un riesgo real, es mejor otra lectura. Aquella que asume como un hecho positivo el haber comprobado el nocivo efecto colateral de estas sustancias, certeza que no existía, y, en general, saber que los pesticidas y fungicidas son mortales enemigos de las abejas.

Con esto claro, corresponde actuar. El beneficio de mantener a raya plagas en cultivos no justifica el gravísimo daño ambiental mencionado. Más, si la perspectiva es a largo plazo. Como ya lo ha hecho la Unión Europea, urge en Colombia desarrollar las herramientas legales y científicas para que los agrotóxicos utilizados no tengan este efecto colateral. Ya está en curso un proyecto de ley en este sentido. Pero esta tarea requiere no solo de la voluntad de los legisladores, sino de la conciencia ambiental tanto de los productores de estos fungicidas como de quienes los utilizan.

editorial@eltiempo.com

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