Editorial

Respuesta integral

El proyecto que da nuevas armas para enfrentar la violencia sexual contra niños merece considerarse.

05 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Repugnantes e indignantes, por decir lo menos, son los crecientes niveles de violencia sexual contra los niños del país, que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los primeros tres meses del año cobraron más de 4.000 víctimas.

Parecería, lamentablemente, que las reiteradas noticias que dan cuenta de estos hechos han generado una especie de anestesia a la indignación natural y a la obligada acción para frenar tan deshonroso flagelo.

No cabe explicación para la penosa evidencia ni para saber que estos atropellos, al comparar periodos, han crecido un 22 por ciento y que cada día sean violentados siete menores de 4 años y 17 entre los 10 y los 14 años, sin contar que muchos de estos casos ocurren en las propias casas y en el entorno familiar.

Pues ya es hora de que la sociedad, en general, mire de frente este oprobio, sobre la base de que como delito abarca distintas vertientes de odio y se sostiene en el deseo de dominar y disponer de los menores como sujetos de disfrute, a partir de la tortura y la humillación.

Lo más importante de esta iniciativa es que las acciones sobre estos transgresores tienen una concepción integral.

Entonces vale la pena reconocer y apoyar el intento por frenar estas cifras monstruosas, consignadas en el proyecto de ley recientemente aprobado en plenaria del Senado y que recoge de manera sensata algunas medidas para poner en cintura a estos delincuentes y sus cómplices.

Sin aspavientos ni tintes ideológicos, y liberada del populismo electorero que ha empapado otras iniciativas similares, esta propuesta avanza con buen paso, y ojalá llegue a feliz término porque contiene herramientas sólidas para ponerles el tatequieto a los abusadores; y el país debe empezar a discutirla con madurez.

Plantear la castración química no es un exabrupto, como algunos piensan, sino un contundente elemento preventivo de aplicación voluntaria que, de llevarse a la práctica, ubicaría al país en un escenario de avanzada en este sentido. Asimismo, el endurecimiento de las penas para estos delitos —que llegarían hasta a 41 años de prisión sin beneficio y duplican las que concibe el actual Código Penal—, además de la separación de los sujetos peligrosos, también son —en caso de aplicarse en toda su extensión— un buen elemento de disuasión.

Así mismo, es el momento para que, dadas las características sociopáticas de los agresores, se entienda que el país requiere un registro nacional de violadores y abusadores sexuales, para que opere en todo el territorio con monitoreo permanente de estos individuos a cargo de la Policía Nacional. Precisaría, eso sí, de una reglamentación muy rigurosa.

Pero quizás lo más importante de esta iniciativa es que las acciones sobre estos transgresores tienen una concepción integral que incluye el acompañamiento psicológico y psiquiátrico durante la reclusión, las opciones voluntarias para mermar sus deseos y la exhaustiva vigilancia posterior.

Buen aporte, que ojalá tenga un acertado desenlace. Solo falta complementarlo con la indeclinable responsabilidad de todos. Esto empieza por poner a la niñez como el centro del Estado social de derecho, que la ampara en toda su extensión.

editorial@eltiempo.com

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