Editorial

Precisión necesaria

Congreso debe dejar cerrada la puerta a quienes intentan colarse en la justicia especial para la paz

08 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

El palo de la implementación del acuerdo con las Farc no está para cucharas. De ahí que sea necesario despejar cualquier duda sobre la posibilidad de que una disposición incluida en el artículo 63 del proyecto de ley para reglamentar la justicia especial para la paz termine abriendo un boquete por el que se cuelen, en este sistema de justicia, delincuentes sin relación con las Farc para así protegerse de la extradición a Estados Unidos.

Este es un mecanismo que no solo puede interpretarse como una concesión al país del norte. Se trata también de una herramienta de la justicia colombiana para actuar contra el delito y a la cual sus operadores deben poder acceder cuando lo consideren indispensable. Esto hay que tenerlo claro cada vez que surja una controversia que la involucra.

De vuelta a la disposición de marras, cabe recordar que, como lo registró ayer este diario, ella establece que este modelo de justicia, propio del proceso de paz, podrá cobijar a aquellas personas que “hayan sido condenadas, procesadas o investigadas por la pertenencia” a ese grupo “por conductas realizadas antes del 1.° de diciembre de 2016”.

Hay que recordar los 25 narcos colados en el listado inicial de excombatientes que entregaron las Farc en agosto.

Es comprensible la inquietud que tal texto ha despertado. Algunos parlamentarios –que saben, como todo el país, de lo atractivo que colarse en la JEP resulta para no pocos criminales– han advertido que, de aprobarse, algo así daría pie a un terreno de interpretación por el cual podrían abrirse caminos para que, por ejemplo, narcos purasangre terminen gozando de beneficios a los que evidentemente no tienen derecho.

Caminos que también, a su vez, podrían tener los ya conocidos peajes. Es importante recordar que cuando esta guerrilla entregó su lista de excombatientes que se someterían a la JEP, en ella aparecieron 25 narcotraficantes con pedido de extradición. Lista de colados revelada en su momento por EL TIEMPO.

Frente a los temores expresados, el Gobierno ha dado un parte de tranquilidad. A través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha sido claro en que la posibilidad de que las Farc incluyan nuevos nombres entre los ya remitidos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no existe. En ese sentido, la disposición solo haría alusión a quienes han sido procesados y condenados en el pasado.

Pero tales llamados a la calma chocan de frente contra los antecedentes referidos y, además, se dan en un contexto que muestra un clima cada vez más adverso para la implementación de los acuerdos tanto entre la opinión como en el mismo Congreso.

De ahí la invitación a que los congresistas –apelando de nuevo a la sabiduría popular– cierren con doble tranca y candado cualquier puerta de este tipo. No es el momento para ambigüedades. Como ya lo han planteado algunos parlamentarios, es necesaria una precisión en el articulado del proyecto de manera explícita y con redacción clara en el sentido de que –salvo en los casos que, como lo establece la ley estatutaria, sean realmente de fuerza mayor– solo podrán ingresar a la JEP quienes son parte del listado que las Farc ya hicieron llegar al Gobierno. Así de simple.

- editorial@eltiempo.com

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