Editorial

Por ahí no es la salida

Las propuestas de rebaja de penas pueden ser un remedio peor que la enfermedad.

21 de marzo 2017 , 03:39 a.m.

Con niveles de hacinamiento cercanos al 53 por ciento y una situación rampante de corrupción y violación de los derechos más básicos del ser humano, es claro que Colombia está en mora, hace años, de tomar medidas de fondo para resolver la crisis humanitaria que se vive en las cárceles y penitenciarías del país.

En las prisiones hay cupo para 78.000 personas, y hoy malviven en ellas más de 119.000 reclusos. Otros 58.700 están en detención domiciliaria, de los cuales solo 4.726 tienen dispositivos de seguridad como brazaletes de ubicación.

El gran aumento en las capturas de las últimas décadas, la falta de control en las prisiones, la ineficiencia y corrupción que corroen el Inpec, el fracaso en los programas de resocialización –se calcula que los niveles de reincidencia superan el 70 por ciento en delitos de alto impacto– y la paquidérmica acción de la justicia se mezclan en un caldo de cultivo en el que, con notorias excepciones, solo pelecha la delincuencia redomada.

Es una dramática realidad. Pero mucho va de la necesidad de confrontarla a promover salidas que terminan siendo un remedio mucho peor que la enfermedad. Nos referimos a dos proyectos –uno de jubileo, del partido de ‘la U’, y otro del Gobierno, argumentado en razones humanitarias–, que se suman a otras iniciativas que en los últimos años han pretendido rebajar las penas de los delincuentes por distintas vías.

Nadie discute que en el país ha existido un ‘populismo punitivo’ que ha llevado al Congreso y al Gobierno a aprobar leyes al calor de los escándalos mediáticos. Tampoco, que en nuestra sociedad se ha abusado de la detención preventiva.

Esto, sin embargo, no puede dar pie a excarcelaciones masivas como las que derivarían de las iniciativas mencionadas. En un momento en el que los colombianos, como nunca antes, acusan desesperación por el crimen que abunda en las calles, no conviene acelerar la salida de prisión de los responsables de los delitos que más los golpean.

En los dos proyectos, los responsables de hurtos y narcotráfico en todas sus modalidades, pero también los miembros de bandas criminales, acabarían beneficiados con una rebaja de pena del 20 por ciento. Hoy, con las normas vigentes, la excarcelación es posible cuando se han cumplido las tres quintas partes de la pena. Con la nueva gabela, como bien lo señala el fiscal Néstor Humberto Martínez, en los casos más comunes de hurto, la pena efectiva estaría por debajo de los 4 años, lo cual daría pie a libertades masivas de los delincuentes que más azotan al ciudadano de a pie.

El mensaje es peligroso: desalentador para las víctimas, que sienten que sus derechos son menos importantes que los de los victimarios, mientras que los maleantes sentirán que tienen patente de corso.

El drama carcelario hay que atenderlo, y habrá que humanizar las prisiones, aligerar los juicios y, por supuesto, liberar inocentes. Pero el único mensaje que deben enviar tanto el Estado –y también los jueces, que buena parte de responsabilidad tienen– como la sociedad es que el crimen no paga. Y que cualquiera que opte por recorrer ese camino recibirá todo el peso de la ley, sin esguinces.editorial@eltiempo.com.co

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