Editorial

Pausa para un balance

Los obstáculos, algunos previsibles, otros absurdos, no demeritan lo positivo de lo logrado.

26 de noviembre 2017 , 12:40 a.m.

Un año después de la firma del acuerdo del teatro Colón entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, en representación del Estado colombiano y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la paz sigue instalada en la agenda del país. Era lo previsible, dada la envergadura y el alcance de las transformaciones que dicho texto incluye. Las mismas que le dieron estatus de lugar común del debate público a la expresión ‘construir una paz estable y duradera’.

En términos generales, puede calificarse hoy de positivo el balance de este esfuerzo por terminar el conflicto, buscar la verdad para ayudar a sanar las heridas de las víctimas y, reformas mediante, lograr que el Estado cumpla con una deuda social de vieja data.

Y es que doce meses después, ninguno de los peores temores que para esa fecha flotaban en el ambiente se ha hecho realidad: las Farc cumplieron, dejaron sus armas; la intensidad del conflicto armado tuvo un declive claro e incuestionable, con todo lo que eso significa en términos de salvar vidas y de mayor tranquilidad en vastas zonas del país.

Los pasos más firmes se han dado en terrenos como el del desminado humanitario y la construcción de infraestructura de la mano con la formulación de estrategias de desarrollo territorial. Avances importantes comienzan a verse también gracias a la llegada no solo de la Fuerza Pública, sino de operadores de justicia y funcionarios de distinto orden, a municipios tradicionalmente azotados por la guerra, en los que por fin sus habitantes empiezan a ver qué es eso de la presencia estatal, que por décadas fue un mero concepto teórico.

Entre lo destacable, ocupa un lugar relevante la manera como la Corte Constitucional sintonizó de forma virtuosa el acto legislativo de la justicia especial para la paz con nuestro marco constitucional.

Desde luego, no han faltado los tropiezos. En la lista hay varios de gran complejidad y con real potencial de descarrilar la paz. Capítulo aparte merecería el que encarnan las economías ilegales que se alimentan de la coca, la minería irregular y el contrabando.

Pero entre ellos, uno en particular que bien puede calificarse de inverosímil: el que podría resultar de una no aprobación en el Congreso de las leyes que conforman la estructura principal del proceso, comenzando por la que reglamenta la justicia especial para la paz.

Antes de entrar en detalles hay que señalar con total claridad que sería un pecado histórico y muy grave del parlamento un eventual fin de la actual legislatura sin que se haya hecho la tarea. Más deplorable aún, si es que se puede, resultaría que esta omisión se debiera a mañas, en particular el ausentismo. Lo que se espera de los parlamentarios no es nada distinto a que se inscriban en la tradición según la cual los textos de los proyectos de ley que concluyen con éxito el tránsito legislativo, en este caso los de la paz, resultan sustancialmente mejores que los que empezaron, todo gracias a aportes, precisiones y ajustes de senadores y representantes.

Sin más rodeos: le sería imposible al Congreso justificar no haber estado a la altura, más si se tiene en cuenta que fue el encargado de refrendar el acuerdo en representación de los colombianos.

Junto a este, otros obstáculos permanecen en el camino. Hay unos concretos, como la probada incapacidad que ha demostrado el aparato estatal para cumplir con compromisos puntuales en las zonas en las que se está jugando a diario, más que en cualquier otro campo, la suerte del posconflicto. Se han registrado fallas inaceptables en zonas neurálgicas donde el Estado no se puede dar el lujo de quedarle mal a la gente. No hay margen para ello, pues la competencia de quienes desde la ilegalidad quieren suplantarlo es voraz e implacable. Más allá del debate de esta semana sobre la cantidad de excombatientes que se han alejado del proceso de reincorporación a la sociedad –tema que exige claridad cuanto antes–, es un hecho cierto que el Gobierno debe concentrarse en lo que está sucediendo en la primera fila de la atención estatal a los antiguos guerrilleros para no dar ventajas.

Otras barreras de esta lista tienen que ver más con percepciones. Para muchos observadores, con el paso del tiempo se ha diluido la voluntad de llevar la paz a buen puerto. El compromiso con esta labor por momentos pareciera debilitarse en distintas instancias. Tener el sol a las espaldas, en este caso, debe ser un aliciente para tomar un segundo aire, así sea porque lo fundamental del legado que dejará este gobierno todavía está sobre la mesa y se juega en los terrenos donde hoy se asientan los pilares de la paz.

Y es que en este esfuerzo por renovar la esperanza son tan importantes la eficiencia y la eficacia de los funcionarios como la sensatez y la sindéresis de los congresistas. Con estos factores sumados vendrán nuevos frutos tangibles, los que hacen hoy falta para alimentar el optimismo de la gente.

editorial@eltiempo.com

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