Editorial

Otro robo increíble

El desfalco de las pensiones por incapacidades falsas muestra una grave fragilidad en el sistema.

13 de abril 2018 , 12:00 a.m.

En el país ya no causa asombro que en torno a todas las actividades en las que circulan recursos públicos se conformen carteles para desviarlos de manera fraudulenta y descarada. Esta vez el turno les corresponde a las pensiones, sistema que ha sido asaltado en forma continuada desde hace casi una década por unos avivatos.

Según la Fiscalía General de la Nación, más de medio millar de personas gozan de mesadas mensuales soportadas en documentación falsa que les certificaba discapacidades permanentes, la mayoría de ellas de tipo mental, a tal punto que esto dio lugar a que se hable del cartel de los locos, denominación que no tiene nada de gracioso.

Y no solo por los cerca de cien mil millones de pesos que han llegado a los bolsillos de los delincuentes, sino porque detrás de estos hechos se asoma una grave fragilidad en el sistema de calificación de invalidez que al parecer a pocos les causa preocupación. Ello porque la medición oficial de las limitaciones físicas o mentales se enmarca en un proceso de carácter tan técnico, especializado y normatizado que nadie pensaría que tiene las grietas prominentes por donde se filtran esta clase de atropellos.

Es un hecho alarmante. Lo hallado en Valledupar puede ser el entremés de una defraudación a gran escala en todo el país.

Porque si bien la Fiscalía capturó a diez presuntos responsables de estos delitos, entre los cuales hay abogados, médicos y psicólogos, las investigaciones tienen que llegar hasta las mismas juntas regionales de calificación de invalidez de los departamentos en donde se cometieron los ilícitos, bajo la premisa de que ninguna pensión se puede aprobar sin el soporte emitido por estas instancias de la seguridad social. En otras palabras, aquí no basta el concurso de médicos y psiquiatras inescrupulosos que expidan certificados, sino el apoyo dado desde peldaños superiores que los validen.

Pero el asunto es más alarmante porque, según el ente acusador, estos certificados espurios también han servido para atracar los seguros de crédito del sistema bancario y pólizas de amparo en seguros de vida, lo cual hace presumir que en sistemas tan rigurosos y exigentes para hacer desembolsos, los elementos documentales pueden tener algún tinte de validez oficial, lo que de por sí es altamente sospechoso y preocupante.

Aquí no sobra instar a las autoridades para que pongan la lupa y los reflectores sobre los procesos de calificación de invalidez utilizados para respaldar pensiones, porque lo hallado en Valledupar puede ser el entremés de una defraudación a gran escala en todo el territorio nacional, dadas la laxitud en algunos trámites y la presencia de personas inescrupulosas que se aprovechan de esta.

Sería injusto responsabilizar a todos los estamentos regionales y nacionales relacionados con estos trámites, pero la vergonzosa excepción evidenciada en este mal llamado cartel de los locos obliga a que los entes de vigilancia de la seguridad social, de la mano con la Fiscalía, inicien una investigación de carácter general.

De paso, no sobra preguntar qué pasa con los gremios médicos, que no salen a descalificar a los profesionales que, de modo reiterado, se prestan para estas y otras fechorías.

editoria@eltiempo.com

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