Editorial

Otra vez la coca

El Gobierno tiene el reto de mantener a raya el flagelo de la siembra masiva de esta planta.

21 de mayo 2017 , 06:22 a.m.

Desde dos orillas diferentes se abordó esta semana el tema del futuro de las zonas en las que las Farc hacían presencia y en algunas de ellas, control territorial. Primero fue el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila quien, en entrevista concedida a María Isabel Rueda, habló de venta de franquicias por parte de los frentes de las Farc a otros grupos armados y, a grandes rasgos, dibujó un panorama desalentador en cuanto al desafío que tiene el Estado de entrar a copar los espacios que han dejado los hombres de Timochenko.

A estas afirmaciones salió al paso el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Dijo, también en este diario, que no es cierto que hayan ocurrido tales traspasos de poderes y, aunque reconoció que en zonas como Tumaco la situación está lejos del ideal buscado, la Fuerza Pública ha volcado todos su esfuerzos en el Plan Victoria, que busca neutralizar cualquier intento de bandas criminales o del Eln para sustituir a las Farc en los sitios que estos han abandonado.

Información en manos de las agencias de seguridad del Estado daría inicialmente un parte de tranquilidad en cuanto a que la actividad delincuencial de las agrupaciones que continúan al margen de la ley se siga concentrando en zonas en las que históricamente han hecho presencia. No obstante, lo dicho por Ávila y otros conocedores de las dinámicas de las economías ilegales del país no puede caer en saco roto: es innegable que la retirada de las Farc supone una tentación enorme para quienes viven en búsqueda de extraer rentas de actividades como el narcotráfico, la minería y la tala ilegal.

Pero más que a un ganador, hay que rescatar una reflexión que deja este debate. Y es la del factor perturbador que es la coca para cualquier esfuerzo de construir paz como resultado, entre otros, de la formalización de las actividades económicas de una región. Algo que es válido también, quizás en menor medida todavía, para las mencionadas minerías y tala ilegal.

Puede sonar a verdad de Perogrullo, pero es necesario traerla a colación cada vez que sale a flote, como es nuevamente el caso, la pregunta de qué impide la consolidación del Estado en territorios históricamente conflictivos. Hoy el país constata, atónito a veces, lo dicho por varios expertos durante los diálogos en La Habana: y es que el esfuerzo para implementar lo acordado –cuya esencia no es otra sino conseguir que el Estado llegue por fin a la vida de millones de colombianos históricamente marginados– resultaría mucho más exigente que el que implicó lograr la firma del acuerdo final.

Y hace más complejo el reto el hecho de que la esperanza de un cambio estructural que abarque a toda la comunidad internacional en la manera de abordar el asunto de las drogas ilícitas perdió vigor con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La postura del Presidente norteamericano, que en este tema no marca ninguna ruptura con la que siempre han asumido los presidentes republicanos, pone todo su acento en la represión, toda vez que asumen el consumo de drogas como un problema de seguridad y no de salud pública, opción que varias veces hemos dicho aquí que es la más sensata, punto de vista que comparte el actual mandatario de los colombianos.

Pero Santos también es realista y ha demostrado, como quedó claro en su viaje de esta semana a Washington, que mientras no cambie el paradigma lo responsable es continuar con los esfuerzos para contener la amenaza que para las instituciones representa el fortalecimiento de estos emporios criminales. No hay alternativa, y la buena noticia es que el país ya ha demostrado en las últimas décadas que es capaz de emprender estos esfuerzos y recoger frutos.

Ahora bien, este estado de cosas otorga un cierto margen de acción que permite, sobre todo, tomar atenta nota de las enseñanzas que han dejado iniciativas pasadas. Por ejemplo: saber que la criminalización del pequeño cultivador es contraproducente, que los esfuerzos deben ser sostenidos en el tiempo y deben involucrar obras de infraestructura, apoyo técnico y, especialmente, un conocimiento real de las necesidades de cada territorio, así como una participación activa de los líderes locales en la formulación de los proyectos productivos. Esto para que quienes han dejado la coca encuentren en los cultivos legales una alternativa a largo plazo y que espante el fantasma de la resiembra.

Algo positivo deja, pues, la manera como se han desarrollado los hechos, y es la confianza de Estados Unidos, un actor fundamental en este drama, para que el país, dentro del marco que ya está claro, que ha sido el mismo de las últimas décadas, se ocupe del problema del aumento de cultivos. El Gobierno deberá lograr que estos disminuyan, pero ya no por acción solo del glifosato, sino por la llegada y permanencia de las instituciones en todas aquellas zonas en las que hoy la paz sigue siendo un concepto muy abstracto, un horizonte muy lejano.

editorial@eltiempo.com.co

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