Editorial

Oposición con estatuto

Más garantías para opositores deben llevar a que nuestra democracia se haga cada vez más robusta.

12 de julio 2018 , 12:00 a.m.

Con la firma esta semana por el presidente Juan Manuel Santos de la ley que le da vida, Colombia por fin cuenta con un estatuto de la oposición. Este era un vergonzoso pendiente para nuestra democracia, toda vez que la Constitución de 1991 estableció la obligación de tenerlo. Fue necesario el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc para que el Congreso hiciera la tarea.

La norma que estrenará el Congreso que tomará posesión el próximo 20 de julio es resultado de lo acordado con esta organización: se trata de fortalecer la democracia otorgándoles nuevas herramientas a los partidos que se declaren en la oposición. Es la que permite que Gustavo Petro ocupe una curul en la Cámara alta.

Siempre es bueno recordar que la gran motivación de este esfuerzo fue la de lograr que nunca más se combinaran armas y política en Colombia, y para ello era indispensable –con antecedentes perversos detrás, como lo fue el exterminio de la Unión Patriótica– ampliar el abanico de garantías para quienes asumieran posturas contrarias a las de las mayorías.

Estas herramientas van desde una financiación adicional (5 por ciento más de lo que reciben las demás organizaciones) hasta mayor acceso a los medios de comunicación y la inédita posibilidad de replicar y controvertir alocuciones presidenciales, pasando por lugares en las mesas directivas de las plenarias de Senado y Cámara y la posibilidad de elaborar el orden del día de las sesiones del Congreso en tres oportunidades durante cada legislatura. También entraña restricciones, como la de ocupar cargos del Gobierno por un lapso de doce meses para quienes hayan sido parte de organizaciones políticas que se hayan declarado opositoras.

No se pueden interpretar estas nuevas reglas solo en función de la coyuntura política actual. Sería un
grave error.

Sin duda, estos cuatro años van a estar marcados por la manera como las fuerzas en el extremo opuesto al oficial harán uso de estos recursos. Su impacto será sensible.
Es prematuro aún evaluar la forma como han comenzado a hacer uso de estos nuevos derechos los partidos que han marcado distancia del Centro Democrático –el del presidente electo, Iván Duque– y de aquellos que eventualmente puedan acompañarlo en las lides legislativas. Tampoco es del caso todavía comentar cómo fuerzas opositoras, como el Polo Democrático, el partido Verde, la Farc y la Lista de la Decencia, entre otras, han comenzado a organizarse. Tal vez decir que este proceso no ha estado exento, como es previsible y natural, de roces y conflicto, en particular en torno a la decisión de quién será su principal vocero.

Lo que sí corresponde es hacer un llamado a no interpretar este nuevo estatus en función de la coyuntura política actual, sino, como debe ser, en clave de fortalecimiento de la democracia.

Hay que separar la paja del trigo y no perder de vista que si bien este estatuto fue fruto de un acuerdo con las Farc, hecho innegable, su fin último no es el de favorecer a tal o cual partido o fuerza política, sino, insistimos hacer más robusta la democracia.

Esto implica necesariamente entender que en el futuro seguramente habrá cambios de roles y que quienes hoy están en una orilla pasarán a la contraria, donde seguramente querrán contar con las mismas garantías.

editorial@eltiempo.com

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