Editorial

Números vergonzosos

El estudio anual Forensis, de Medicina Legal, muestra un panorama dramático para los más vulnerables

09 de junio 2018 , 12:00 a.m.

El país debe empezar a tomar en serio los reportes oficiales que reiteradamente demuestran que la violencia sexual y los suicidios en menores de edad aumentan ante los ojos de una sociedad que parece anestesiada.

El estudio Forensis –que cada año realiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses– volvió esta semana a llover sobre mojado con el consolidado de las cifras nacionales de violencia correspondientes al año pasado y que refrendan lo que ya se sabe: la desprotección en la que se encuentran la niñez y parte de la población más vulnerable.

Para la muestra está que, no obstante las campañas y la rasgadura de vestiduras que las autoridades realizan ante los casos más escandalosos, la violencia sexual se incrementó 11,21 por ciento en comparación con el 2016, con el agravante de que las niñas entre los 10 y los 13 años fueron las más afectadas, al punto de registrarse 20 víctimas al día, algo simplemente aterrador en una sociedad que se tilda de civilizada.

Si un Estado flaquea en su deber de contrarrestar lo que atenta contra el bienestar, pierde su legitimidad y su razón de ser.

Y por el mismo tobogán ignominioso se deslizan los números que dan cuenta de los suicidios, que pasaron de 2.310 a 2.571, y se llega a 27.538 lesionados en hechos de violencia intrafamiliar, una cifra histórica que, al incluir menores de 12 años ya afectados por conflictos de pareja, deja al descubierto otro aspecto de la crisis dentro de las familias que pocos quieren aceptar.

Aunque hay que reconocer, con base en el mismo informe, una reducción mínima de las muertes violentas, esto alcanza a esconder que la principal causa de ellas continúa siendo el homicidio, seguida de las que dejan los accidentes de transito –también a la baja–, pero que al refrendar el protagonismo de las motocicletas reclama la mirada de los responsables de la seguridad vial.

Tampoco se puede ocultar el escabroso dato de que casi el 40 por ciento de las mujeres que son agredidas están en riesgo de morir en manos de sus atacantes, que en la mayoría de los casos son sus parejas o exparejas, en razón a que estos niveles de alarma social son argumentos de sobra para que las autoridades desplieguen medidas específicas.

Con todo, hay que aceptar que el calificativo de violento no es un mero estigma para este terruño y no basta reducir el fenómeno a motivos culturales, condiciones regionales o a rasgos específicos de ciertos grupos de personas, sino que tiende a generalizarse y en algunos casos, como en la violencia de género, alcanza a normalizarse.

Tampoco conviene considerar que el aumento de estos tipos de violencia son el resultado de desequilibrios individuales y de las acciones de grupos delictivos, sin vincularlos con la desigualdad social, la descomposición familiar, la impunidad y la ineficacia de un Estado para atenuar brechas y hacer valer el derecho y la ley.

Es hora de entender que si un Estado flaquea en su indeclinable deber de contrarrestar los factores que atentan contra el bienestar de la población, pierde su legitimidad y hasta su razón de ser.

Y eso empieza por dejar de convertir víctimas en estadísticas anuales y fijar metas para que cada vez sean más escasas. Una tarea de todos.

editorial@eltiempo.com

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