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No más exterminio

Hay que detener las muertes de líderes sociales: 205 asesinatos es una cifra monstruosa y vergonzosa

Editorial .
Aunque necesaria para tener una idea de la magnitud de lo que viene ocurriendo, el país no puede cometer el error de minimizar una cifra en aumento: la tragedia que significa el que en todo el país estén matando a quienes se la juegan por su gente.
Con las muertes registradas la semana pasada en Guapi, donde fueron asesinados Jesús Orlando Grueso y Jonathan Cundumí; y en el Catatumbo, donde cayó Elkin Fabián Toro, ya son 205 los líderes sociales víctimas de balas asesinas desde que comenzó la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.
Ellos, como los otros 202, tenían en común el coraje que se requiere para plantárseles fuerte a los matones, que, movidos por los más viles y egoístas intereses, tienen, por lo general, como primera tarea hacer añicos el tejido social de los lugares que son blanco de su insaciable codicia. No es gratuito que según el informe de Indepaz, publicado ayer por este diario, los tres departamentos en los que más asesinatos de líderes se han registrado –Cauca, Nariño y Antioquia– sean escenario de sangrientas disputas por el control de rentas fruto, entre otros, del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Arroparlos y protegerlos es un imperativo ético y moral con ellos, su gente, pero también, y sobre todo, con las futuras generaciones.

Hay que reiterar lo dicho en estos mismos renglones tras la muerte de Temístocles Machado en enero: “que cada caso nuevo de un líder social asesinado sea, como suele afirmarse, un hecho aislado y no parte de un actuar sistemático de algún agresor es justamente lo que hace de este asunto algo tan crítico”. Y es que a esta altura –aunque válida si ayuda a esclarecer cada una de estas muertes– la discusión sobre si hay elementos comunes en estos crímenes pierde importancia ante la dolorosa certeza de que la sistematicidad aquí es cultural. Como lo afirmamos también en aquella ocasión: “la tendencia a recurrir al homicidio para resolver conflictos, enviar un mensaje o simplemente abrirse paso para hacerse con rentas sigue siendo una triste realidad en Colombia”.
Cuán necesario resulta hoy un consenso claro no solo entre los candidatos a la presidencia, sino también entre todos los sectores políticos, sociales y económicos del país respecto a que este exterminio es absolutamente inaceptable, macabro y vergonzoso y a que hay que hacer lo que sea para detenerlo y castigar a los responsables. Por más esfuerzos bien intencionados que se anuncien, los hechos dejan claro que la Unidad Nacional de Protección ha sido inferior al reto de defender a los líderes en peligro.
Para muchos en las ciudades estos hechos, aunque dolorosos, pueden parecer lejanos y sin mayor impacto sobre sus vidas. Se equivocan. Estas personas están desbordando valentía, solas y sin más escudo que la dignidad en la primera línea de una guerra que desde hace décadas se libra, pero que en estos años se ha intensificado: la de la sociedad organizada para que prevalezca el bien común, contra los promotores de la informalidad como norma de vida; una organización social anárquica y casi siempre criminal cuya única regla es la ley que le otorga eterna prevalencia al más fuerte, al más brutal. Arropar a los líderes sociales es un imperativo ético y moral con ellos, su gente, pero también con las futuras generaciones.
editorial@eltiempo.com
En el municipio de Suárez fueron asesinados tres líderes sociales en lo corrido del año: Jairo Andrés Mósquera y Angel Yunda (15 de enero) y Leonardo Cano (6 de febrero).

En el municipio de Suárez fueron asesinados tres líderes sociales en lo corrido del año: Jairo Andrés Mósquera y Angel Yunda (15 de enero) y Leonardo Cano (6 de febrero).

Foto:Archivo EL TIEMPO |

Editorial .
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