Editorial

Más allá del salario mínimo

No solo es la remuneración mensual, también hay que ver el mercado del trabajo.

09 de diciembre 2017 , 11:03 p.m.

Así como diciembre es la época en la que abundan los buenos deseos de paz y amor, usualmente en el marco de celebraciones familiares, también es el mes en el cual se reúne la comisión tripartita que integran Gobierno, empresarios y trabajadores, con el propósito de llegar a un consenso sobre el nuevo nivel del salario mínimo. Debido a ello, de unos días para acá los representantes de cada sector han estado presentes en jornadas destinadas a examinar los elementos que influyen en una remuneración mensual de la que dependen millones de colombianos y cuyo valor actual es de 737.717 pesos, sin incluir el subsidio de transporte.

En tres encuentros realizados hasta ahora se ha examinado el comportamiento de diferentes agregados, comenzando por la inflación. Este es un acápite fundamental, pues existe jurisprudencia en el sentido de que cualquier incremento que se defina debe mantener el poder adquisitivo real de quienes devengan el mínimo. Tal como están las cosas, y a pesar de que en noviembre sucedió una sorpresiva aceleración de la carestía, el índice de precios al consumidor debería ubicarse en cercanías del 4 por ciento anual al cierre de diciembre, con lo cual hay una especie de piso definido.

Para los ortodoxos, un incremento adicional debería incluir el aumento en la productividad laboral durante 2017, un cálculo que realiza el Departamento Nacional de Planeación. Según la entidad, en la presente oportunidad no hubo una mejora sino un retroceso, pues el mencionado indicador disminuyó en 0,24 por ciento, lo que refleja la situación de la economía.

Aun así, todo lleva a pensar que el reajuste del mínimo estará por encima de lo que daría la aplicación de una fórmula que contenga los elementos citados. El motivo es que las posturas del sector privado y las organizaciones sindicales superan ese nivel. En lo tocante a los gremios de la producción, los planteamientos iniciales hablan de un incremento que estaría entre 4,5 y 4,7 por ciento, mientras que la CGT y la CTC hablaron del 10 por ciento y la CUT, del 12 por ciento. En plata blanca, la diferencia entre los planteamientos más extremos es cercana a los 54.000 pesos mensuales.

Colombia muestra una de las mayores tasas de informalidad laboral en América Latina, hecho en el cual pesa no solo el comportamiento de la economía, sino un conjunto de normas que ameritan un debate

Dadas las distancias observadas, aumenta la probabilidad de que el Ejecutivo se vea obligado a tomar una decisión y expida un decreto al final del año. Aunque la idea es que quienes se sientan a la mesa se pongan de acuerdo, lo cierto es que en lo que va del siglo el humo blanco ha surgido apenas en un puñado de ocasiones.

Muchos ciudadanos consideran que llegar a ese punto es algo incomprensible. A fin de cuentas, la brecha entre lo que dicen unos y otros apenas supera la denominación del billete de 50.000 pesos que muestra a Gabriel García Márquez con sus mariposas amarillas.

No obstante, los especialistas insisten en que en este terreno hay que andar con cautela. La advertencia es que un alza desproporcionada en el salario mínimo haría más daño que bien, pues dispararía los costos laborales en momentos en que la economía se ve afectada por una notoria desaceleración. Si ello pasa, la respuesta de un buen número de empresas sería recortar personal, con lo cual subiría el desempleo, para no hablar del peligro de brotes inflacionarios.

El debate tiene tanto de largo como de ancho. Un documento académico escrito por dos investigadores del Banco de la República sostuvo recientemente que Colombia debería considerar la adopción de un salario mínimo diferencial por regiones. El argumento es que en muchas zonas del país, el nivel de esa remuneración es muy elevado para la realidad del mercado laboral respectivo, lo que conduce a una mayor informalidad o una elevada tasa de desocupación, como lo ratifican las estadísticas.

Más allá de entrar a analizar en detalle una propuesta que amerita un debate profundo, con cabeza fría, el mensaje de fondo es que las condiciones imperantes no necesariamente garantizarán que haya vacantes suficientes para todos, o que será difícil que las contrataciones que se hagan cumplan con los requisitos exigidos por la ley. En definitiva, apenas un 40 por ciento de los trabajadores colombianos han sido enganchados de manera formal, una de las tasas más bajas de América Latina. Mientras que en Bogotá o Medellín las proporciones son aceptables, en otras capitales la informalidad se acerca al 70 por ciento, para no hablar de las zonas rurales.

En resumen, es claro que alrededor del debate del salario mínimo hay elementos adicionales que vale la pena tener en cuenta. Más allá de cuánto van a ganar miles de personas a partir del primero de enero, el dilema es cómo hacer para que la gran mayoría de los colombianos cuenten con empleos dignos y adecuadamente remunerados. Y ese asunto todavía está pendiente.

editorial@eltiempo.com

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