Editorial

Los ‘parapolíticos’ y la JEP

Este sistema de justicia tiene ahora el reto de establecer qué tan ancha será su puerta de ingreso.

10 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Con enormes líos, incluso antes de empezar a funcionar formalmente y a pesar de todas las reservas sobre el juzgamiento de civiles que llegaron a poner en jaque su aprobación en el Congreso, la nueva justicia especial para la paz se ha convertido en un poderoso imán para cada vez más condenados y procesados por el escándalo de la ‘parapolítica’.

Esta semana, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas comenzó a resolver los primeros casos y les negó a dos de los aspirantes —el senador Álvaro Ashton y el exsenador David Char— el cupo en la JEP.

Su decisión, que puede ser apelada ante otra sala, señala que el solo hecho de beneficiarse políticamente del poder armado de los paramilitares no puede ser considerado una “grave conducta relacionada con el conflicto”, que es la definición gruesa de los casos que serán asumidos por el segundo experimento de justicia transicional en Colombia.

Y agrega, en un argumento que sin duda generará debate, que “la mayoría de los congresistas investigados y condenados por concierto para delinquir (el delito base de la ‘parapolítica’) se asociaron con la estructura paramilitar no para sostenerla ni para ganar la guerra, sino como una contraprestación por intereses políticos y con fines particulares”.

Los argumentos de los políticos protagonistas de este escándalo que han querido acogerse a la JEP merecen una discusión profunda.

Esas razones, de entrada, parecen anticipar que más de una veintena de solicitudes similares que ya están en la JEP correrán la misma suerte. Y aunque es saludable para el país y para la seriedad del proceso de paz que los filtros se apliquen a rajatabla y se eviten los episodios de colados que fueron tan frecuentes en la negociación de paz con las Auc en la década pasada, también es cierto que los argumentos expuestos por algunos ‘parapolíticos’ que han levantado la mano para la JEP merecen una discusión profunda y, tras ella, decisiones fundamentadas tanto en los principios básicos del acuerdo de paz como en su intención de cerrar el capítulo de la guerra en Colombia y lograr el máximo de verdad y reparación para las víctimas.

En ese arsenal hay argumentos como los derechos a la igualdad y el de acogerse a las normas penales más favorables que serán objeto del debate. Pero también subyacen otros como la posibilidad de que la verdad sobre el conflicto sea más completa. Esto gracias a los testimonios de aquellos que por décadas se habían negado a hablar, y uno que se contó entre los talones de Aquiles del proceso con los ‘paras’: que los actores directos del conflicto, los que perpetraron los crímenes, terminen pagando penas alternativas o, incluso, reciban sanciones no privativas de la libertad, mientras que los civiles que tuvieron participación también en esos hechos y están dispuestos esta vez a cumplir con los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición tengan frente a ellos penas de 40 años o más.

La JEP y también la Corte Suprema y la Constitucional tienen el reto de definir qué tan ancha termina siendo la puerta de la nueva justicia alternativa, que además, en un acto de simple lógica, el Gobierno amplió, vía decreto, a los desmovilizados de las Farc antes del proceso, que se habían acogido a la Ley de Justicia y Paz y, en teoría, tampoco tenían derecho a acogerse a las reglas de juego pactadas en La Habana.

editorial@eltiempo.com

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